Artículo 902.- El recambio se regula en
el país uniformemente como sigue: un cuarto de uno por ciento sobre los
municipios de la misma provincia; medio por ciento sobre todo otro lugar.
En ningún caso ha lugar a recambio en
el mismo municipio.
Artículo 903.- Los recambios no pueden
ser acumulados; cada endosante soporta solamente uno, así como el girador.
SECCIÓN 11
Artículo 904.–
El girador, un endosante o un avalista pueden indicar una persona para aceptar
o pagar en caso de necesidad.
La letra de cambio puede ser aceptada o
pagada por una persona interviniente en lugar de
cualquier deudor expuesto a recursos bajo las condiciones que se determinan a
continuación:
El interviniente
puede ser un tercero, el girado o una persona ya obligada en virtud de la letra
de cambio, salvo el aceptante. El interviniente está
obligado en un plazo de ocho días laborables, a dar aviso de su intervención a
aquél por quien interviene. En caso de inobservancia de este plazo, es
responsable, si ha lugar, del perjuicio causado por su negligencia, sin que la
indemnización pueda exceder del monto de la letra de cambio.
SECCIÓN 12
Artículo
905.- La aceptación por intervención otorgada al portador de una letra de
cambio aceptable, puede tener lugar en todos los casos en que los recursos
estén abiertos, antes del vencimiento.
Cuando ha
sido indicada sobre la letra de cambio una persona para aceptarla o pagarla en
caso de necesidad en el lugar del pago, el portador no puede ejercer antes del
vencimiento sus derechos de recursos contra aquél que ha realizado la
indicación, ni contra los signatarios subsiguientes, a menos que presente la
letra de cambio a la persona designada y que ésta rehuse
aceptarla, y así se compruebe por un protesto.
En los
casos de intervención, el portador puede rehusar la aceptación por
intervención.
Sin
embargo, si el portador la admite, pierde los recursos que le pertenecen antes
del vencimiento contra aquél por quien la aceptación es dada y contra los signatarios
siguientes.
La
aceptación por intervención debe ser mencionado sobre
la letra de cambio y firmada por el interviniente.
Además indica por cuenta de quién se hace. A falta de esta indicación la
aceptación se reputa dada por el girador.
El aceptante
por intervención está obligado frente al portador y frente a los endosantes
posteriores, respecto de aquél por cuenta de quien ha intervenido, de la misma
manera que este último.
No
obstante la aceptación por intervención, aquél por quien ha sido hecha y sus
garantes pueden exigir al portador, contra reembolso de las sumas indicadas en
el artículo 891, la entrega de la letra de cambio, del protesto y del descargo
correspondiente si ha lugar.
SECCIÓN 13
EL PAGO POR INTERVENCIÓN
Artículo
906.- El pago por intervención puede efectuarse en todos los casos en que, al
vencimiento, o antes del vencimiento, los recursos estén abiertos a favor del
portador.
El pago
debe comprender la suma que tenga que pagar aquél por el cual se efectúe.
Debe ser
hecho a más tardar el día siguiente del último día admitido para el
levantamiento del protesto por falta de pago.
Artículo
907.- Si la letra de cambio ha sido aceptada por intervinientes
que tengan su domicilio en el lugar del pago o si personas que tengan su
domicilio en este mismo lugar han sido indicadas para pagar en caso de
necesidad, el portador debe presentar la letra a todas estas personas y hacer
levantar, si ha lugar, un protesto por falta de pago, a más tardar el día
siguiente del último día admitido para el levantamiento del protesto.
A falta de
protesto levantado en este plazo, aquél que haya indicado la necesidad o por
cuenta de quien la letra haya sido aceptada y los endosantes posteriores, dejan
de estar obligados.
Artículo
908.- El portador que rehusa el pago por intervención
pierde sus recursos contra aquellos que hubieren sido liberados con dicho pago.
Artículo
909.- El pago por intervención debe ser comprobado por un descargo dado sobre
la letra de cambio, con indicación de aquél en lugar de quien se ha hecho. A
falta de esta indicación, el pago se considera hecho por el girador.
La letra
de cambio y el protesto, si este se levanta, deben ser entregados a la persona
que paga por intervención.
Artículo
910.- El que paga por intervención adquiere los derechos que resultan de la
letra de cambio contra aquél por quien ha pagado y contra aquellos que están
obligados frente a este último en virtud de la letra de cambio. Sin embargo, no
puede endosar de nuevo la letra de cambio.
Los endosantes
posteriores al signatario por quien el pago se ha efectuado quedan liberados.
En caso de
concurrencia para el pago por intervención, se prefiere a aquél que produce
descargo mayor. El que interviene con conocimiento de causa en contra de esta
disposición pierde sus recursos contra aquellos que hubieren sido liberados.
SECCIÓN 14
PLURALIDAD DE EJEMPLARES Y COPIAS
Artículo
911.- La letra de cambio puede ser girada en varios ejemplares idénticos. Éstos
deben ser numerados en el texto mismo del título, a falta de lo cual cada uno
de ellos se considera como una letra de cambio distinta.
Artículo
912.- Todo portador de una letra que no indique que ha sido girada en un
ejemplar único puede exigir, a sus expensas, la entrega de varios ejemplares. A
este efecto, debe dirigirse a su endosante inmediato, que está obligado a
prestarle su asistencia para actuar contra su propio endosante y así
sucesivamente hasta llegar al girador. Los endosantes están obligados a
reproducir los endosos sobre los nuevos ejemplares.
Artículo
913.- El pago hecho sobre uno de los ejemplares es liberatorio, aunque no se
estipule que este pago anula el efecto de los otros ejemplares. Sin embargo, el
girado queda obligado en razón de cada ejemplar aceptado del cual no ha
obtenido la restitución.
El
endosante que ha transferido los ejemplares a diferentes personas, así como los
endosantes subsiguientes, están obligados en razón de todos los ejemplares que
lleven su firma y que no sean restituidos.
Artículo
914.- Aquél que envíe uno de los ejemplares para su aceptación, debe indicar
sobre los demás el nombre de la persona en cuyas manos se encuentre ese
ejemplar. Esta persona está obligada a entregarlo al portador legítimo de otro
ejemplar.
Si dicha
persona rehusa hacerlo, el portador no puede ejercer
los recursos sino después de comprobar por un protesto lo siguiente:
a) Que el ejemplar enviado para aceptación
no le ha sido entregado a su requerimiento.
b) Que la aceptación o el pago no ha
podido ser obtenido sobre otro ejemplar.
Artículo 915.- Todo portador de una
letra de cambio tiene el derecho de hacer copias de la misma. La copia debe
reproducir exactamente el original, con los endosos y las demás menciones que
figuren en el mismo. Debe indicar donde se encuentra el original.
La copia puede ser endosada y avalada
de la misma manera y con los mismos efectos que el original.
Artículo 916.- La copia debe designar
al detentador del título original. El detentador está obligado a entregar dicho
título al portador legítimo de la copia. Si se niega a hacerlo, el portador no
puede ejercer los recursos contra las personas que han endosado o avalado la
copia, sino después de comprobar por un protesto que el original no le ha sido
entregado a su requerimiento.
Si el título original, después del
último endoso sobrevenido antes de que la copia sea hecha, lleva la cláusula “a
partir de este momento”, el endoso no vale sino sobre la copia o cualquiera
otra fórmula equivalente, es nulo el endoso firmado ulteriormente sobre el
original.
SECCIÓN 15
LAS ALTERACIONES
Artículo 917.- En caso de alteración
del texto de una letra de cambio, los firmantes posteriores a esta alteración
están obligados en los términos del texto alterado. Los firmantes anteriores lo
están según los términos del texto original.
SECCIÓN 16
Artículo 918.- Todas las acciones que
resulten de la letra de cambio contra el aceptante prescriben por tres años a
partir de la fecha del vencimiento.
Las acciones del portador contra los
endosantes y contra el girador prescriben por un año a partir de la fecha del
protesto levantado oportunamente o de la fecha de vencimiento, en caso de
cláusula de retorno sin gastos.
Las acciones de los endosantes, de unos
contra otros y contra el girador, prescriben por seis meses a partir del día en
que el endosante reembolse la letra o del día en que se ejerza contra él mismo
alguna acción de tal calidad.
Las prescripciones, en caso de acción
ejercida en justicia, no corren sino desde el día de la última persecución
judicial. No se aplican si hay condenación, o si la deuda se reconoce por acto
separado.
La interrupción de la prescripción no
tiene efecto sino contra aquél respecto del cual el acto interruptivo
ha sido hecho. Sin embargo, los pretendidos deudores están obligados, si son
requeridos, a afirmar, bajo juramento, que ellos no deben nada; y sus viudas,
herederos o causahabientes, que ellos creen de buena fe que ya no se debe nada.
SECCIÓN 17
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo
919.- El pago de una letra de cambio cuyo vencimiento ocurre en día feridado sólo puede ser exigido el primer día laborable que
siga. Asímismo cualquier otro acto relativo a la
letra cambio, especialmente la presentación para la aceptación y para el
protesto, no puede ser hecho sino en día laborable.
Cuando uno
de estos actos debe ser cumplido en cierto plazo del cual el último día es
feriado, el plazo se prorroga hasta el primer día laborable que siga a la
expiración del mismo. Los días feriados intermedios están comprendidos en la
computación del plazo.
Artículo
920.- Los plazos legales o convencionales no comprenden el día que les sirve de
punto de partida.
No se
admite plazo de gracia judicial salvo en los casos previstos por los artículos
886 y 905.
CAPÍTULO VIII
EL
CHEQUE
SECCIÓN 1
CREACIÓN
Y FORMA DEL CHEQUE
Artículo 921.- El cheque es el
título-valor por el cual se efectúa un pago, girado contra una cuenta de
depósito a la vista abierta en una institución de banca autorizada.
Artículo 922.- El cheque debe contener:
a) La denominación de que es un cheque en
el idioma empleado en su redacción.
b) La orden pura y simple de pagar
indicada en letras, o en letras y cifras o en cifras solamente. En este último
caso se debe marcar con máquinas perforadoras.
c) El nombre y ubicación del banco librado
que debe efectuar el pago.
d) La fecha y el lugar donde fue librado.
e) La firma del librador del cheque, o de
su apoderado.
f) La indicación del beneficiario.
Si hay
discrepancia entre letras y cifras, prima lo escrito en letras sobre lo
expresado en cifras; si hay discrepancia entre cantidades puestas en la misma
forma, en letras o en cifras, el cheque se paga por la suma menor.
Previa convención con el banco librado,
el librador puede estampar un facsímil de su firma en
lugar de ésta, mediante el uso de
cualquier equipo acordado.
Artículo 923.- El título en que falte
alguna de estas menciones precedentemente expresadas, no vale como cheque,
salvo en los casos determinados en los siguientes párrafos:
a) A falta de esas menciones o de otra
indicación del lugar de pago, el cheque es pagadero donde tenga su
establecimiento principal el librado.
b) El cheque que no exprese el lugar donde
se ha librado, se considera suscrito en el lugar designado junto al nombre del
librador, y en su defecto en el domicilio de éste.
Artículo 924.- El cheque sólo se expide
a cargo de una institución de banca en la cual tenga fondos a su disposición el
librador, y conforme a un contrato en el cual se establezcan las condiciones
para que se pueda disponer de esos fondos.
Artículo 925.- Sólo el librador está
obligado a probar, en caso de negativa al pago del cheque, que el banco contra
quien está librado tenía provisión de fondos. De no probarlo, el librador queda
obligado a garantizar el pago aunque el protesto se haya hecho después de los
plazos legales.
Los títulos librados y pagaderos en
El cheque por sí no transmite la
propiedad de la provisión a favor del tenedor.
Artículo 926.- Se prohibe
la aceptación del cheque, y el tenedor no puede hacerlo certificar. Sin
embargo, pagando el costo del servicio al banco girado, cuando éste sea
nominativo o a la orden, puede hacerlo sustituir por uno de administración, con
lo cual se produce el descargo del librador, los endosantes y los avalistas del
cheque sustituido.
Artículo 927.- La certificación del
cheque transmite la propiedad de su provisión a la orden del tenedor y produce
el descargo del librador, quedando su pago bajo la responsabilidad del librado,
por lo cual los fondos deben ser desplazados de la cuenta del librador y
colocados en una cuenta especial del pasivo del banco con el título de
"cheques certificados".
Las causas de rehusamiento
del pago de los cheques son también causas de impedimento para su certificación
o para su sustitución en la forma que se expresa anteriormente.
La certificación se hace escribiendo o
estampando la palabra "certificado", la fecha de certificación, y la
firma del librado en el anverso del cheque.
Artículo 928.- El cheque puede librarse
y ser pagadero:
a) A favor de una persona denominada,
con la cláusula expresa "a la orden" o sin ella.
b) A persona denominada bajo la
cláusula "no endosable".
c) al portador.
d) a la orden del librador.
El cheque a favor de persona denominada
y con la mención "al portador" vale como título al portador, y cuando
no tenga la indicación de beneficiario alguno es pagadero al portador.
La especificación de que el cheque es
"no endosable" se indica en el anverso del documento, el cual sólo lo
puede cobrar el beneficiario.
El cheque sólo puede ser girado a cargo
del librador en el caso de un cheque bancario, y éste no puede ser al portador.
Artículo 929.- Toda estipulación de
intereses en el cheque se reputa no escrita.
Si el cheque lleva firmas de incapaces
de obligarse por cheques, firmas falsas o firmas de personas imaginarias, o
firmas que por cualquiera otra razón no podrían obligar al titular de la cuenta
en nombre del cual se ha firmado, las obligaciones de los otros obligados no
por esto dejan de ser válidas.
Artículo 930.- Todo el que sin haber
recibido poder suscribe un cheque por otro, queda personalmente responsable de
su importe.
El librador es garante del pago del
cheque y toda cláusula exoneratoria se reputa no
escrita.
SECCIÓN 2
TRANSMISIÓN DEL CHEQUE
Artículo 931.- El cheque en que esté
expresado el nombre de la persona a cuyo favor ha sido librado, con cláusula
expresa "a la orden" o sin ella, es transmisible por medio de endoso.
El cheque a favor de persona denominada
con cláusula "no endosable" sólo es transmisible por cesión de
crédito de derecho común.
Artículo 932.- El endoso del cheque
puede hacerse a favor del librador o de toda otra persona obligada en el
instrumento. Estas personas pueden endosar el cheque de nuevo.
El endoso debe ser puro y simple, toda
condición a la cual éste se sujete, se reputa no escrita.
El endoso parcial es nulo.
Es igualmente nulo el endoso del
librado.
El endoso al portador vale como endoso
en blanco.
El endoso al librado sólo vale como
descargo, salvo el caso en que éste tenga varios establecimientos y el endoso
haya sido hecho a favor de uno de éstos, distinto a aquél sobre el cual ha sido
librado el cheque.
Artículo 933.- El endoso debe ser
firmado por el endosante y figurar en el cheque, o en una hoja que se le
agregue que contenga los datos fundamentales del cheque.
No es necesario que el endoso tenga el
nombre del endosatario, sino que puede consistir simplemente en la firma del
endosante, lo cual constituye un endoso en blanco.
Para que el endoso sea válido debe
estar escrito en el reverso del cheque o en la hoja que se le agregue para dar
cabida al mismo, y nunca en el anverso del cheque.
Artículo 934.- El endoso transmite
todos los derechos que resultan del cheque. Si éste es en blanco, el tenedor
puede:
a) Llenar el espacio en blanco con su
propio nombre o con el de otra persona.
b) Endosar nuevamente el cheque en
blanco o en forma nominativa a favor de otra persona.
c) Entregar el cheque a un tercero sin
llenar la parte en blanco del endoso ni agregar su propio endoso.
Artículo 935.- El endosante es garante
del pago del cheque, salvo cláusula en contrario contenida en el mismo endoso.
El endosante puede prohibir un nuevo endoso, caso
en que no está obligado a garantizar el pago del instrumento en favor a los
ulteriores endosantes.
Artículo 936.- El tenedor de un cheque
se considera propietario legítimo si justifica sus derechos por una serie no interrumplida de endosos, aun cuando el último endoso sea
en blanco. Para estos efectos, los endosos tachados se reputan no escritos si
el siguiente endoso o el descargo está hecho por el suscriptor del endoso
tachado.
Cuando un endoso en blanco esté seguido
de otro endoso, se reputa que el firmante de este último, ha adquirido la
propiedad del cheque por el endoso en blanco.
Artículo 937.- El endoso que figura en
un cheque "al portador" hace responsable al endosante, según los
términos de las disposiciones que rigen los recursos; pero no convierte el
título en cheque a la orden.
Artículo 938.- En el caso en que una
persona haya sido desposeída de un cheque a la orden, por cualquier medio, el
que justifique su derecho de la manera indicada en las disposiciones que
anteceden, no estará obligado a hacer entrega del cheque, excepto si lo ha
adquirido de mala fe, o si al adquirirlo ha cometido una falta grave.
Artículo 939.- Las personas contra
quienes se ejerza alguna acción en virtud del cheque, no podrán oponer al
tenedor las excepciones fundadas en sus relaciones con el librador o con los
tenedores anteriores, a menos que el tenedor, al adquirir el cheque, haya
obrado, a sabiendas, en detrimento del deudor.
Artículo 940.- Cuando el endoso
contenga la mención (valor al cobro) o cualquiera otra mención que implique un
mandato, el tenedor puede ejercer todos los derechos que se derivan del cheque;
pero no podrá endosarlo sino para fines de procuración. En este caso, los
obligados en virtud del cheque sólo podrán invocar contra el tenedor las excepciones
que son oponibles al endosante. El mandato que contiene un endoso de
procuración no termina por la muerte del mandante ni porque sobrevenga su
incapacidad.
Artículo 941.- El endoso hecho después
del protesto o después de la expiración del plazo de presentación sólo produce
los efectos de una cesión de crédito ordinaria. Salvo prueba en contrario, el
endoso sin fecha se presume que ha sido hecho antes del protesto, o antes de la
expiración del plazo de presentación. Se prohibe
antedatar los endosos bajo pena de falsedad.
SECCIÓN 3
EL AVAL
Artículo 942.- El pago del cheque puede
garantizarse total o parcialmente por el aval. Este puede darlo cualquiera otra
persona, aun cuando su firma figure en el cheque, con excepción del librado.
Artículo 943.- El aval se otorga en el
cheque mismo, o en hoja adjunta, o por acto separado en que se indique el lugar
donde ha sido otorgado, expresándolo por la cláusula "bueno por aval"
o cualquiera otra fórmula equivalente. Debe estar firmado por el avalista. El aval
debe indicar el nombre de la persona garantizada. A falta de esta indicación se
reputa que ha sido dado en garantía del librador del cheque.
Con excepción de la firma del librador,
toda otra firma puesta en el anverso del cheque constituye al firmante en
avalista.
Artículo 944.- El avalista queda
obligado en la misma forma que la persona por la cual se ha constituído
garante, su garantía permanece aunque la obligación garantizada se anule por
cualquiera causa que no sea un vicio de forma.
Artículo 945.- Cuando el avalista paga
el cheque adquiere los derechos del título-valor contra la persona garantizada
y contra los que están obligados frente a esta última.
SECCIÓN 4
PRESENTACIÓN Y PAGO
Artículo 946.- El cheque es pagadero a
la vista, toda mención contraria se reputa no escrita.
Artículo 947.- El cheque presentado al
pago antes de la fecha indicada como de su creación ,
es pagadero al momento de ser presentado.
Artículo 948.- El cheque que se emita
en
El cheque emitido en el extranjero,
pero pagadero en el país, debe ser presentado en un plazo de cuatro meses.
Los plazos establecidos precedentemente
se cuentan desde la fecha de creación consignada en el cheque.
El tenedor que no efectúe la
presentación del cheque en el plazo correspondiente, pierde la posibilidad de
actuar penalmente,sin
perjuicio de las acciones civiles que se derivan del cheque.
La presentación del cheque a través de
una Cámara de Compensación para las Liquidaciones Interbancarias equivale a la
presentación para fines de pago del mismo.
Artículo 949.- El librado no puede
rehusar el pago por el solo hecho de que no se ha presentado el cheque en los
plazos citados; ni puede el librador impugnar tal pago después de realizado.
Todo cheque presentado fuera de los
plazos indicados, y después del plazo de su prescripción, sólo puede ser pagado
con una autorización escrita del librador.
Artículo 950.- Cuando un cheque
pagadero en el país, ha sido creado bajo un calendario distinto al Gregoriano,
su fecha de creación es establecida según el Calendario Gregoriano.
Artículo 951.- Presentar el cheque para
efectuar su compensación entre bancos, en la forma establecida por los
reglamentos equivale a su presentación para el pago.
Artículo 952.- Todo librado que tenga
provisión de fondos, y sin que exista oposición se niegue a pagar un cheque
girado regularmente contra una cuenta a su cargo, es responsable del perjuicio
irrogado contra el librador por la falta de pago del cheque y por el daño que
sufra su crédito.
Artículo 953.- El rehusamiento
del pago de un cheque, por error imputable al librado, sólo genera daños y
perjuicios cuando el interesado advirtiere al banco su error y le requiera
nuevamente el pago por escrito.
Artículo 954.- El librado debe rehusar
el pago del cheque en los casos siguientes:
a) Cuando a su juicio el cheque tenga
indicios ostensibles de alteración o falsificación o cuando haya fundadas
sospechas de que el cheque ha sido alterado o falsificado, debiendo comunicar
la situación al librador que figura en el cheque, a más tardar el próximo día
hábil, informándole quién lo ha presentado al cobro.
b) Cuando el librador de un cheque de
cualquiera clase haya dado orden por escrito al banco librado de no efectuar el
pago, señalando los datos esenciales del cheque, siempre que esa orden de
suspensión haya sido recibida por el librado antes de haber realizado el pago,
la certificación del cheque o la expedición de un cheque de administración a
favor del tenedor en sustitución del cheque cuya suspensión se solicita;
después de estas operaciones cualquiera suspensión u oposición es inadmisible.
c) Cuando parte interesada le haya
notificado la existencia de una demanda en declaratoria de quiebra,
reordenamiento o liquidación judicial contra el librador o el tenedor, estando
en este caso el pago sujeto a lo que ordene la sentencia irrevocable que
resuelva la situación.
d) Si existe conocimiento de la muerte,
ausencia o incapacidad del librador, legalmente declaradas.
e) Cuando hayan notificado un embargo
retentivo contra el librador y los fondos disponibles de éste, no sobrepasen
una cantidad igual al duplo de la suma principal por
la cual se trabó dicho embargo. En caso de quedar un remanente a disposición
del librador, el librado lo aplicará al pago de los cheques que fueren
presentados al cobro.
f)
En caso de pérdida o robo, siempre que se hubiere dado aviso por escrito
informando los datos esenciales y se hubieren cumplido los demás requisitos de
publicidad.
Artículo 955.- El librado puede exigir, al efectuarse el pago del
cheque, que este le sea entregado con el descargo firmado por el tenedor.
Si la
provisión es menor que el importe del cheque, el tenedor tiene derecho a exigir
el pago por el valor de dicha provisión. En este caso el tenedor debe poner una
nota en el anverso del cheque en que exprese, escrito en letras, el importe del
pago parcial, la fecha y su firma. El librado retendrá el cheque y dará un
recibo por el mismo al tenedor, en el cual se indicarán los datos fundamentales
del cheque y la suma pagada.
Los pagos
parciales a cuenta del cheque son en descargo del librador y los endosantes.
El tenedor
puede hacer protestar el cheque por la diferencia y dar los avisos a que se
refiere el artículo 42. El librado debe mostrar al alguacil o notario actuante
el cheque pagado parcialmente, para los fines del protesto.
Artículo
956.- El librado que paga un cheque sin oposición se presume válidamente
liberado.
El librado
que paga un cheque endosable no tiene la obligación de verificar la firma de
los endosantes, pero sí debe verificar que no hay interrupción en la serie de
los endosos.
El pago de
un cheque cuyo importe no exceda de cinco mil pesos a un tenedor que no sepa
firmar, es liberatorio para el librado si este obtiene el descargo del tenedor
mediante la impresión de sus huellas digitales en presencia de dos testigos que
firmen el cheque en esa calidad, con la mención de las respectivas cédulas de
identidad y electoral. Cuando el importe del cheque exceda de cinco mil pesos y
el tenedor no sepa firmar, el pago por el librado será liberatorio si las
huellas digitales y las firmas de dos testigos son puestas ante un notario
público que dé constancia de ello en el cheque.
En los dos
casos anteriores, si no hubiere espacio en blanco suficiente en el mismo
cheque, debe efectuarse la actuación en una separada que se anexa al cheque y
en la cula consten los datos fundamentales del mismo.
Dicha actuación está exenta de todo impuesto o derecho fiscal.
En los
casos en que el tenedor del cheque haya fallecido sin cobrarlo o de cheques
expedidos a favor de una sucesión o de sucesores, los herederos o sucesores
pueden requerir el pago, si presentan con el cheque un acta de notoriedad
levantada por juez de paz o notario, que contenga una declaración jurada de los
herederos o sucesores y el testimonio de tres testigos idóneos mediante la cual
se de constancia de que aquellas personas son los únicos herederos o sucesores
del causante. Cuando el cheque exceda la suma de cinco
mil pesos los herederos o sucesores deben presentar además del acta, la prueba
de su calidad establecida por los medios legales ordinarios. El juez de paz o
el notario, al levantar el acta puede ordenar a los peticionarios que produzcan
cualquier prueba adicional capaz de aclarar los hechos invocados y puede dar al
pedimento la publicidad que estime conveniente para la protección de los
intereses de los terceros. Los sucesores en la misma acta designarán a uno de
ellos para recibir el importe del cheque y otorgar el descargo correspondiente.
Si no
hubiere acuerdo en esta designación la hará el juez de primera instancia a
breve término.
En todos
los casos en que un juez de paz o el notario levante un acta de esa naturaleza,
debe dar constancia en la misma de que ha requerido de los
peticionarios copia de la declaración jurada presentada para los fines
del pago del impuesto sobre sucesiones y donaciones y que la ha tenido a la
vista. Cuando haya más de un interesado, el juez de paz o el notario designa en
el acta que levante si hay acuerdo entre todos, una persona señalada por los
interesados, con capacidad para recibir el importe del cheque y firmar el
descargo correspondiente, a favor del librado, a nombre de los herederos y
sucesores para los fines de este acápite, los plazos establecidos en este
código para presentar cheques al cobro quedan sobreseídos mientras el juez
resuelva el pedimento. Cuando se trate de cheques expedidos en las condiciones
previstas en este acápite cuya cuantía no exceda de cinco mil pesos, el
procedimiento establecido se realiza sin derecho, costos ni honorarios de
ningún género. Es entendido que nada de lo previsto en este acápite sustituye
ni modifica en sentido alguno las disposiciones establecidas en
Para el
cobro de cheques en favor de una persona moral, será necesario presentar al
librado la prueba de las personas que tienen derecho a firmar por ella. Los
pagos que realice el librado sin la presentación de estas pruebas son a su
propio riesgo.
Artículo
957.- Sin perjuicio de lo dispuesto en
Si el
importe del cheque está expresado en una moneda que tiene la misma
denominación, pero valor diferente en el país de emisión y en el país de
emisión y en el país de pago, se presume que el cheque expresa la moneda del
lugar en que debe efectuarse el pago.
Artículo
958.- En caso de pérdida o robo del cheque, el propietario para proteger su
derecho debe dar aviso por escrito al librado comunicándole datos fundamentales
del cheque perdido o robado, y debe hacer publicar un aviso en un diario de
circulación nacional, por lo menos una vez, relativo al hecho, en que consten
las mismas menciones. En virtud del aviso al librado, éste se abstendrán de
pagar el cheque por treinta días. El propietario tiene derecho al pago del
cheque:
a) Si recupera el cheque y lo presenta
al cobro aun dentro del
indicado plazo de treinta días.
b) Si obtiene del librador un cheque
que sustituya al cheque perdido o robado e indique la anulación de éste y lo
presenta dentro del mismo plazo con la evidencia de la publicación antes
descrita. En este caso, el pago no se hace sino después de diez días a contar
de la última publicación.
El propietario del cheque perdido debe
dirigirse a su endosante inmediato para obtener un cheque sustitutivo y dicho
endosante está obligado a hacer la misma diligencia frente a su propio
endosante, y así de endosante a endosante hasta el librador del cheque. El
propietario del cheque perdido debe pagar los gastos. Si el propietario del
cheque del librador puede solicitar al juez de primera instancia una ordenanza
de pago, dentro del plazo, dentro del plazo indicado si justifica su propiedad
y da fianza. La ordenanza no es dictada antes de transcurrir diez días a contar
del aviso publicado en la prensa, o del último de ellos. La notificación de la
instancia al librado suspende el pago del cheque hasta que el juez dicte su
ordenanza. Si se presta una fianza para cubrir el pago del cheque, ésta se
devuelve si dentro de un plazo de seis meses a contar del pago al propietario
no ha habido demanda ni procedimiento judicial. En caso de negativa al
requerimiento del pago hecho en virtud de lo precedente, el propietario del
cheque perdido o robado, conserva todos sus derechos por medio de un acta de
protesto. Esta acta debe instrumentarse a más tardar al primer día laborable
que siga a la expiración del plazo de presentación, los avisos prescritos por
el artículo 858 de este código, deben darse al librador y a los endosantes
dentro de los plazos fijados por dicho artículo.
SECCIÓN 5
EL CHEQUE CRUZADO
Artículo
959.- El librador o el tenedor de un cheque puede
cruzar el mismo con el objeto de limitar su circulación, según se expresa más
adelante, para lo cual debe trazar con tinta dos líneas paralelas transversales
en el anverso del cheque.
Artículo
960.- El cruce de un cheque puede ser general o especial.
El cruce
es general cuando no hay designación de persona entre las dos líneas
mencionadas, o si teniéndola no es un banco. El cruce es especial cuando se
indica el nombre de un banco entre dichas líneas.
El cruce
general puede ser transformado en cruce especial, pero éste no se puede
transformar en cruce general.
El cruce
especial o el nombre del banco designado en el mismo, no pierde su validez por
haber sido tachado.
Artículo
961.- El cheque con cruce general sólo es pagado por el librado a sus clientes
o a otro banco.
Un cheque
con cruce especial sólo puede ser pagado por el librado al banco designado, y
si éste es el mismo librado, sólo puede pagarlo a sus clientes. En todos los
casos el banco designado en el cruce puede utilizar a otro banco para fines de
cobro del cheque.
Los bancos
sólo pueden adquirir el cheque cruzado, de un cliente o de otro banco y no
pueden gestionar su cobro sino por cuenta de los mismos. El cheque en que
figuren varios cruces especiales sólo es pagado por el librado cuando hayan dos cruces y uno de estos sea para obtener su
compensación. El librado que viola estas disposiciones es responsable del
perjuicio que resulte, pero la indemnización no puede exceder del importe del
cheque.
Es cliente
del banco toda persona que tenga algún depósito en la entidad o mantenga relaciones
de negocios anteriores y habituales con la misma.
SECCIÓN 6
EL CHEQUE PARA DEPOSITAR EN CUENTA
Artículo
962.- El librador o el tenedor pueden impedir que el cheque sea pagado en
dinero efectivo, y para este fin deben escribir o estampar con tinta al dorso
del cheque la mención “para depositar en cuenta de” o cualquiera otra mención
equivalente, seguida del nombre del tenedor del cheque. En estos casos el
cheque sólo es un instrumento para asientos contables que no impliquen pagos en
efectivo y se cobra a través de la cuenta en que es depositado.
Artículo
963.- El librado o cualquiera otra persona que no obstante la mención “para
depositar en cuenta de” o cualquiera otra mención equivalente, seguida del
nombre del tenedor del cheque titular de la cuenta, pague o negocie en dinero
en efectivo, es responsable del perjuicio que con tal hecho se cause sin que
dicha responsabilidad sobrepase el importe del cheque.
La mención
“para depositar en cuenta de” o cualquiera otra equivalente no se invalida por
haber sido tachada.
SECCIÓN 7
LOS RECURSOS POR FALTA DE PAGO
Artículo
964.- El tenedor puede ejercer sus recursos contra los endosantes, el librador
y los otros obligados si el cheque presentado al cobro en el plazo legal, no ha
sido pagado, o lo ha sido sólo parcialmente, y si la falta de pago se hecho
constar por acta auténtica de protesto.
Artículo 965.- El protesto debe ser
hecho antes de la expiración del plazo de presentación. Si el último día del
término de presentación es feriado, el protesto debe hacerse el primer día
laborable que siga.
Artículo 966.- El tenedor debe dar
aviso de la falta de pago a su endosante y al librador, si constaren en el
cheque sus nombres y domicilios, dentro de los cuatro días hábiles siguientes
al día del protesto. En caso de que el cheque contenga la cláusula “sin gastos”
o “sin protesto” o cualquiera otra cláusula equivalente, estos avisos se dan a
más tardar dentro de los cuatro días laborables que sigan a la presentación del
cheque.
Cuando el cheque indica el nombre y
domicilio del librador, los notarios y alguaciles están obligados, bajo pena de
daños y perjuicios, a informar al librador por carta con acuse de recibo o por
notificación, dentro de los dos días que sigan al registro del protesto, el rehusamiento de pago del cheque y sus motivos.
Dentro de los dos días hábiles
siguientes al día en que cada endosante reciba aviso de la falta de pago del
cheque, debe comunicarlo a su endosante inmediato, con los nombres y
direcciones de los que han dado los avisos precedentes, hasta llegar al
librador. Los plazos del presente artículo corren desde la recepción del aviso
por cada endosante. En caso de que algún endosante no haya indicado su
domicilio, o escribe en forma ilegible, es suficiente dar aviso al endosante
que le precede.
Las personas obligadas a dar el aviso,
deben probar que lo han efectuado dentro de sus respectivos plazos. Cuando la
persona obligada a dar el aviso no lo dé en el plazo que se fija anteriormente,
no incurre en caducidad; pero es responsable del perjuicio que cause su
negligencia, sin que la indemnización pueda exceder el importe del cheque.
Artículo 967.- El librador, los
endosantes y los avalistas pueden dispensar al tenedor del cheque de hacer el
protesto por medio de las cláusulas “sin protesto”, “sin gastos”, u otra
equivalente escrita en el cheque y firmada especialmente. En este caso el
tenedor puede ejercer sus recursos sin el protesto.
Esta cláusula no dispensa al tenedor de
hacer la presentación del cheque dentro del plazo establecido, ni de dar los
avisos a que está obligado. La prueba de la inobservancia del plazo de
presentación incumbe a aquél que la invoca contra el tenedor.
Si una cláusula de este tipo ha sido
puesta por el librador, la misma produce sus efectos respecto de todos los
firmantes. Si la ha puesto un endosante o avalista, produce sus efectos sólo
respecto de quien la ha insertado.
Si no obstante la cláusula inscrita por
el librador el cheque es protestado, éste asume los gastos. Cuando la cláusula
emana de un endosante o un avalista, si ha hecho el protesto, los gastos pueden
ser cobrados a todos los firmantes.
Artículo 968.- Todas las personas obigadas en virtud del cheque son solidariamente
responsables frente al tenedor.
El tenedor puede ejercer su acción
contra todas esas personas individual o colectivamente, sin tener que observar
el orden en que ellas se han obligado. El mismo derecho tiene todo firmante de
un cheque que lo ha reembolsado.
La acción intentada contra uno de los
obligados no impide actuar contra los demás, aun contra los que se han obligado
posteriormente.
Artículo 969.- El tenedor puede
reclamar a aquél contra quien ejerce su recurso:
a) El importe del cheque no pagado;
b) Los intereses desde el día de la
presentación, al tipo legal;
c) Los gastos de protestos, de avisos
dados y demás gastos.
Artículo 970.- El que reembolsa un
cheque puede reclamar a sus garantes:
a) La suma íntegra que ha pagado;
b) Los intereses de dicha suma desde el
día en que la ha reembolsado, calculados al tipo legal;
c) Los gastos que haya hecho.
Artículo 971.- Todo obligado contra
quien se ha ejercido un recurso, o que esté expuesto a un recurso, puede
exigir, contra reembolso de los valores indicados en el artículo 969, la
entrega del cheque con el acto de protesto correspondiente y un recibo que
justifique dicho pago.
Todo endosante que ha reembolsado puede
tachar su endoso y el de los endosantes siguientes.
Artículo 972.- Cuando la presentación
del cheque o la instrumentación del protesto dentro de los plazos prescritos ha
sido impedida por un obstáculo insuperable, se trate de una disposición legal u
otro caso de fuerza mayor estos plazos se prolongan. El tenedor está obligado a
dar aviso sin retardo, del caso de fuerza mayor a su endosante y a hacer una
anotación con su firma y fecha en el cheque o en la hoja que se le anexa, en
que haga constar dicho aviso. Para todo lo demás se aplican las disposiciones
del artículo 966.
Después que cese la fuerza mayor, el
tenedor debe presentar el cheque para el pago sin retardo, y si ha lugar, hacer
intrumentar el protesto. Si la fuerza mayor perdura
más de quince días contados desde la fecha en la cual el tenedor da aviso de
tal impedimento a su endosante, se pueden ejercer los recursos sin que sea
necesario ni la presentación del cheque, ni el protesto, a menos que esos
recursos hayan sido suspendidos por un plazo mayor en virtud de otras leyes.
No se consideran casos de fuerza mayor
los hechos puramente personales que atañen al tenedor o a quién éste ha
encargado de la presentación del cheque o de hacer el protesto.
SECCIÓN 8
EL NÚMERO DE EJEMPLARES
Artículo 973.- Los cheques emitidos por
bancos establecidos en
Artículo 974.- El pago hecho en virtud
de uno de esos ejemplares es liberatorio, aun cuando no se estipule que dicho
pago anula los efectos de los otros ejemplares del cheque.
El endosante que transmite los
ejemplares del cheque a diferentes personas, así como los endosantes siguientes
están obligados según todos los ejemplares que
contengan su firma y que no hayan sido restituidos.
SECCIÓN 9
Artículo 975.- En caso de alteración
del texto del cheque, los que han firmado con posterioridad a la alteración
están obligados según los términos del texto alterado. Los que firmen antes de
la alteración están obligados según los términos del texto original.
SECCIÓN 10
Artículo 976.- Las acciones del tenedor
en recurso contra los endosantes, el librador y los otros obligados, prescriben
en el término de seis meses contados desde la expiración del plazo de
presentación del cheque.
Las acciones en recurso de cada
obligado contra los demás obligados al pago del cheque, prescriben en el
término de seis meses contados desde el día en que el obligado ha reembolsado
el cheque o desde el día en que se ha iniciado acción judicial contra dicho
obligado.
Sin embargo, en caso de caducidad o
prescripción de las acciones previstas anteriormente, subsisten las acciones
ordinarias contra el librador y contra los otros obligados que se han
enriquecido injustamente.
Artículo 977.- El plazo de la
prescripción en caso de acción en justicia, sólo corre desde el día de la
última diligencia judicial válida.
Esta prescripción no se aplica si hay
condenación o si la deuda ha sido reconocida en acto separado.
La interrupción de la prescripción sólo
tiene efecto contra aquél respecto de quien el acto interruptor ha sido
realizado. Sin embargo, los presuntos deudores están obligados a afirmar bajo
juramento, en caso de ser requeridos, que ellos no son ya deudores; y sus
viudas, herederos o causahabientes, que creen de buena fe que ya no se debe
nada.
SECCIÓN 11
LOS PROTESTOS
Artículo 978.- El protesto debe hacerlo
un notario o un alguacil, en el domicilio del librado, en el cual el cheque es
pagadero, o en su último domicilio conocido. En caso de falsa indicación de
domicilio debe preceder al protesto una investigación por el oficial público.
Artículo 979.- Independientemente de
las formalidades requeridas por
Los notarios y alguaciles están
obligados están obligados bajo pena de daños y perjuicios a hacer mención del
protesto en el mismo cheque, y esta mención debe ser fechada y firmada por el
notario o alguacil.
Artículo 980.- Ningún acto de parte del
tenedor del cheque puede suplir el acto de protesto, salvo los casos previstos
en el artículo 7.89, relativos a la pérdida del cheque.
Artículo 981.- Los notarios y
alguaciles están obligados, bajo pena de destitución ,
y resarcimiento de costas, daños y perjuicios a las partes, a entregar copia
fiel de los protestos y a dar cumplimiento a las reglas de su ministerio.
SECCIÓN 12
LOS CHEQUES ESPECIALES
Artículo 982.- El cheque
certificado, los cheques denominados en los usos bancarios “cheques de
gerencia” o de “administración”, y los “cheques de viajeros” tienen el carácter
de certificados de depósito a la vista, son transmisibles por endoso, no están
sujetos a plazo alguno de presentación y son imprescriptibles.
Queda absolutamente prohibido emitir al
portador los cheques a que se refiere este artículo.
SECCIÓN 13
DISPOSICIONES GENERALES Y PENALES
Artículo 983.- La palabra “banco” tal
como se usa en el presente capítulo sólo comprende los que como tales estén
legalmente autorizados para abrir cuentas de cheques.
Artículo 984.- La presentación y el
protesto del cheque sólo pueden hacerse en día laborable y en las horas en que
el banco mantenga sus oficinas abiertas al público conforme a las regulaciones
del Superintedente de Bancos.
Cuando el último día del plazo acordado
por este código para realizar los actos relativos al cheque y
especialmente para la presentación al pago y para hacer el protesto sea día
feriado legal, el plazo se prorroga hasta el primer día laborable que siga a la
expiración de dicho plazo. Los días feriados intermedios se incluyen en el
cómputo del plazo.
Artículo 985.- Los plazos establecidos
en el presente capítulo no comprenden el día desde el cual comienzan.
Artículo 986.- No se puede conceder
plazo de gracia para el pago del cheque.
Artículo 987.- La entrega de un cheque
en pago, aun aceptada por el acreedor, no produce novación. En consecuencia, el
crédito original subsiste con todas las garantías hasta que el cheque recibido
por el acreedor es pagado, certificado o cambiado por un cheque de
administración por el librado.
Artículo 988.- Independientemente de
las formalidades prescritas para ejercicio de la acción en garantía, el tenedor
de un cheque protestado puede, con permiso del juez embargar conservatoriamente los bienes muebles del librador y
endosantes.
Artículo 989.- Por las libretas talonarios de cheques en blanco que entreguen los bancos,
éstos deben exigir un recibo firmado por el cliente o por su apoderado.
Los clientes pueden hacer imprimir
talonarios de cheques con su nombrey para su propio
uso en sus relaciones con el banco previa autorización de este último.
Artículo 990.- Se sanciona con las
penas de la estafa, establecidas en el Código Penal, sin que la multa pueda ser
inferior al monto del cheque o de la insuficiencia de la provisión:
a) El emitir un cheque de mala fe sin
provisión previa y disponible, o con provisión inferior al importe del cheque,
o cuando después de emitido se haya retirado toda la provisión o parte de ella,
o se haya ordenado al librado, sin causa justificada, no efectuar el pago.
Se reputa siempre mala fe el hecho del
librador que, después de notificado por el interesado de la no existencia o de
la insuficiencia de la provisión o de su retiro, no la haya puesto, completado
o repuesto a más tardar dentro de los dos días hábiles que sigan a dicha
notificación.
b) El aceptar, a sabiendas, un cheque
emitido en las condiciones que expresa el apartado precedente.
c) Las personas que fraudulentamente, en
el caso del artículo 956 penúltimo acápite, se hacen figurar como herederos o sucesores del
propietario fallecido del cheque sin tener calidad para sucederle, o que
afirmen ser los únicos herederos o sucesores a pesar de tener conocimiento de
alguno que no figure en el acta, o que toleren a sabiendas que figuren como
herederos o sucesores personas que no
tienen esa calidad.
En caso de reincidencia debe pronunciarse
la suspensión total o parcial de los
derechos civiles mencionados en el artículo 42 del Código Penal.
Se sanciona con la pena de reclusión
menor:
d) La alteración fraudulenta o
falsificación de un cheque.
e) El recibir con conocimiento de ello un
cheque así alterado o falsificado.
Todas las infracciones de que trata el
presente artículo, se consideran como igual delito para determinar si ha habido
reincidencia.
En caso de procedimientos penales
contra el librador, el acreedor que se haya constituido en parte civil puede
demandar ante los jueces de la acción pública, una suma igual al importe del
cheque más los daños y perjuicios, si ha lugar, pero si lo prefiere puede optar
a demandar en pago de su reclamación ante la jurisdicción correspondiente.
En todos los casos de este artículo se
aplican las circunstancias atenuantes puestas previstas en el Código Penal.
Artículo 991.- El librado que de mala
fe indique una provisión inferior a la existente se sanciona con una multa que
no exceda del duplo del importe del cheque.
Artículo 992.- En todos los casos en
que por los motivos indicados en este código, el librado rehuse
el pago de un cheque, debe estampar en el mismo con un sello la indicación
“rehusado el pago” con la especificación de la razón del rehusamiento.
Artículo 993.- La persona física que suscribe un cheque a nombre de una
persona moral sin provisión de fondos o con una provisión insuficiente es
responsable penalmente de esta infracción sin perjuicio de las sanciones
civiles a que pueda ser condenada conjuntamente con la persona moral.
CAPÍTULO IX
EL VALE
Artículo 994.- El vale es un
título-valor por el cual una persona se reconoce deudora de cierta cantidad de
dinero o de efectos tomados a crédito para ser pagados a requerimiento, a fecha
cierta o en un plazo determinado.
Artículo 995.- Se considera válido este
título-valor cuando expresa la palabra vale u otra equivalente, la cantidad de
dinero o de efectos a la cual asciende el crédito y la firma del deudor.
Artículo 996.- Los vales que contengan
las menciones del pagaré a la orden se consideran como tales con todas sus
consecuencias legales. Los que omitan alguna de esas menciones se consideran
como reconocimiento de deuda.
CAPÍTULO X
LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Artículo 997.- La tarjeta de crédito es
el título-valor que representa el contrato por el cual un banco o un
establecimiento comercial autoriza a una persona llamada tarjetahabiente
o titular principal a hacer uso de una línea de crédito previamente aprobada,
para adquirir bienes o servicios en los establecimientos convenidos, mediante
facturas debidamente firmadas por el titular de la tarjeta. Las obligaciones contraidas son reportadas periódicamente al titular de la
tarjeta, quien debe pagarlas conforme su convenio con la entidad emisora.
Artículo 998.- Cuando a través de la
tarjeta se puedan realizar retiros de fondos de cuentas bancarias, ya sea por
medio de firma o de otro medio convenido, la tarjeta de crédito sirve entonces
como tarjeta de débito.
Artículo 999.- Toda tarjeta de crédito
o de débito debe contener su número, el nombre y la firma del titular, la fecha
de vencimiento, la entidad emisora.
Artículo 1000.- Las tarjetas son
títulos-valores no transferibles, pueden dar derecho a que se emitan una o varias
tarjetas adicionales con las mismas prerrogativas del titular principal, quien
es responsable de los consumos efectuados por los titulares adicionales.
Artículo 1001.- El establecimiento
emisor de la tarjeta debe suscribir con el titular principal de la misma un
contrato que regule las operaciones que se realizan al amparo de ésta. También
debe suscribir un contrato la entidad emisora de la tarjeta con el
establecimiento convenido o afiliado, donde se debe verificar la firma del
titular de la tarjeta antes de aceptar el uso de la misma.
LIBRO QUINTO Textos
resultantes de las deliberaciones de que,
con los textos previos sometidos a la misma, han estado a cargo de LI
LIBRO QUINTO
LAS OPERACIONES DE CREDITO Y BANCARIAS
TITULO I
LOS PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES DE CREDITO
CAPITULO I
EL PRESTAMO COMERCIAL
Art.
1002.- El contrato de préstamo se reputa comercial cuando es otorgado por
comerciantes dedicados a este negocio o por instituciones bancarias o
financieras que realicen operaciones de crédito aunque sea otorgado a favor de
personas no comerciantes, para las cuales no tienen ese carácter.
La
disposición que antecede no excluye el carácter comercial de los préstamos
hechos por comerciantes en ocasión de su comercio.
Art.
1003. - En la suma que se paga por concepto de tasa o tipo de interés, cualquiera que sea su
denominación, está comprendida toda comisión u otra retribución que no
represente de una manera inequívoca la remuneración de un servicio distinto del
préstamo, del anticipo, del descuento o de la apertura de crédito.
CAPITULO II
Art.
1004.- En virtud de la apertura de crédito, el acreditante
se obliga a poner una suma de dinero en efectivo o bienes o servicios, a
disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de este último una
obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y
modalidades convenidas, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante la suma de que disponga o el importe de los
bienes o servicios de la obligación que contrajo, y en todo caso pagarle los
intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen.
El
crédito abierto puede ser disponible por una sola vez, o reconductivo
o en cuenta corriente, para ser utilizado varias veces dentro del término
acordado.
Art.
1005. - La apertura de crédito puede ser de dinero o de firma. Existe apertura de crédito de dinero cuando
la utilización se hace mediante desembolsos de numerario a favor del propio
acreditado o de un tercero.
En la
apertura de crédito en dinero se pone el dinero a disposición del acreditado,
pero puede disponerse del crédito mediante giro o letras de cambio, pagarés o
cheques, sí así se pacta.
Hay
apertura de crédito de firma, cuando se utiliza la capacidad de crédito del acreditante, que surge de su intervención como suscriptor de un documento y posibilita
al acreditado o a un tercero para procurarse recursos.
Art.
1006.- El contrato por el cual se opera la apertura de crédito fija el monto
del crédito abierto e indica el modo de utilizarla, así como las condiciones,
tipo de interés y demás estipulaciones de la misma.
Art.
1007.- El acreditante debe poner a disposición del
acreditado la cantidad acordada, en la forma y tiempo convenidos, o asume la
obligación convenida en las condiciones estipuladas.
Art.
1008.- La apertura de crédito puede ser simple o rotatoria. Además , puede ser
con o sin garantía.
Art.
1009.- La apertura de crédito es simple cuando la utilización de los fondos
puestos a disposición por el acreditante agota el
derecho del acreditado y satisface, en consecuencia, la obligación de dicho acreditante.
Art.
1010.- La apertura de crédito rotatoria o también llamada en cuenta corriente, confiere al acreditado
el derecho de hacer reembolsos durante la vigencia del contrato, reponiendo con
los mismos las sumas disponibles a su
favor.
Art.
1011.- La garantía real o personal de una línea de crédito no se extingue por el hecho de que el
acreditado deje de ser deudor del acreditante, si
subsiste la relación garantizada.
Si los
bienes dados en garantía disminuyen de valor en más de un treinta por ciento,
el acreditante puede exigir que la garantía sea
completada; y si el acreditado no
accede, el acreditante puede reducir el crédito
proporcionalmente. Si el acreditado ha
dispuesto totalmente de dicho crédito, el acreditante
puede exigir la inmediata devolución de la parte correspondiente.
Art.
1012.- El derecho de hacer uso del
crédito se extingue:
a)
Por las causas que han convenido las partes;
b)
Por haber dispuesto el acreditado la totalidad de su
importe, a menos que sea rotatorio en la medida que lo reembolse;
c)
Por la expiración del término convenido;
d)
Por no completarse la garantía en el caso del
artículo que antecede, si resulta que ya
se ha dispuesto el máximo a que debe quedar reducido;
e)
Por la apertura de los procedimientos de
reordenamiento o liquidación judiciales o de quiebra, de cualquiera de las
partes;
f)
Por la inhabilitación del acreditado para el
ejercicio del comercio, si el crédito se concede para actividades comerciales;
g)
Por la muerte, interdicción o ausencia del
acreditado; y
h)
Por la disolución, fusión, escisión o transformación
de la sociedad acreditada.
Art.
1013.- Cuando no se estipule término
para la utilización del crédito, se considera que cualquiera de las partes
puede dar por concluido el contrato en cualquier tiempo, mediante denuncia
escrita notificada a la otra parte.
CAPITULO III
SECCION I
EL
DESCUENTO
Art.
1014.- Por el descuento, el acreditante pone a
disposición del acreditado, el importe de un crédito representado por un título
valor, con vencimiento posterior, a cargo de un tercero, deduciendo de dicho
importe una cantidad por el pago anticipado, a cambio de la transmisión del
título.
El
monto de la entrega realizada por el acreditante es
determinado por el valor del crédito transferido menos el interés equivalente
al plazo a transcurrir entre la fecha del descuento y la del vencimiento del
título que representa dicho crédito.
Art.
1015.- Son títulos descontables: la letra de cambio, el pagaré, las
obligaciones y demás títulos valores análogos, siempre que sean a la orden.
El descuento se ejecuta mediante el endoso
de los títulos.
SECCION 2
LOS
CREDITOS DOCUMENTARIOS
Art.
1016.- En virtud del contrato de
apertura de crédito documentario, el acreditante se
obliga frente el acreditado a pagar o aceptar títulos valores cambiarios a un
tercero o beneficiario, dentro de cierto tiempo, hasta determinado monto y
contra la entrega de ciertos documentos, que constituyen para el acreditante la justificación del pago del reembolso de sus
costos, gastos y remuneración pactadas.
Art.
1017.- El crédito documentario constituye por su naturaleza una operación
independiente del contrato en que se basa y al cual el acreditante
queda enteramente extraño.
Art.
1018.- La apertura de un crédito documentario no implica por sí sola,
modificación alguna en las relaciones existentes entre el acreditado y el
beneficiario. El acreditante
puede oponer al beneficiario sólo las excepciones personales que tuviera contra
el mismo y las que procedan según el contrato de apertura de crédito.
Art.
1019.- La apertura de un crédito documentario puede ser revocable o
irrevocable. Todo crédito no declarado
expresamente revocable y para el cual se ha pactado un plazo de vigencia, es
considerado irrevocable.
Art.
1020.- El crédito revocable puede ser modificado o cancelado sin que el acreditante tenga la obligación de avisar al acreditado.
Art.
1021.- El crédito irrevocable obliga al acreditante
frente al beneficiario y no puede ser modificado o cancelado en ningún caso sin
la conformidad de todos los interesados.
Art.
1022.- El crédito irrevocable puede ser notificado al beneficiario por conducto
de un tercero, quien responde de su cumplimiento si lo confirma.
Art.
1023.- La apertura de crédito documentario es notificada al beneficiario
mediante carta de crédito, en la que se hacen constar las condiciones,
requisitos y naturaleza del crédito concedido.
Art.
1024.- El acreditante debe exigir al beneficiario los
documentos relativos a mercancías adquiridas por el acreditado, especialmente
los que comprueban la remisión de las mercancías, sea por transporte marítimo,
aéreo o terrestre, así como el seguro, los documentos oficiales y los
convenidos, según el caso.
Art.
1025.- Los acreditantes son responsables de la regularidad
formal y de la conformidad de los documentos con los términos de la apertura de
crédito estipulados con el acreditado.
Art.
1026.- Los acreditantes no contraen ninguna
responsabilidad:
a)
Respecto de la veracidad y autenticidad de los
documentos que se les remitan;
b)
Respecto a la naturaleza, calidad, cantidad o precio
de las mercancías a que se refieren los documentos indicados;
c)
Respecto a la exactitud de la traducción de los
términos de los documentos;
d)
En caso de incumplimiento de las instrucciones por
los bancos cuyos servicios requiera, salvo si ellos mismos han tomado la
iniciativa en la elección del corresponsal.
SECCION 3
LOS
ANTICIPOS
Art.
1027.- El anticipo es un contrato de apertura de crédito en virtud del cual el acreditante pone una parte del valor de la garantía prendaria a disposición del acreditado.
Art.
1028.- Las mercancías pueden permanecer en poder del deudor, de un tercero o en
manos de un almacén general de depósito.
Si las
mercancías están depositadas en almacenes generales de depósito, el anticipo
sobre ellas se hace mediante negociación
del resguardo o sobre el recibo de depósito, en caso de que éste se haya
emitido solo.
Cuando
las mercancías no estén depositadas en un almacén general, la constitución en
prenda como base del anticipo se realiza mediante su depósito en manos de un
tercero, por cuenta del acreedor prendario; y cuando permanecen en poder del
deudor, mediante la formalidades propias de la prenda sin desapoderamiento.
Art.
1029.- El acreditante
tiene el derecho a reclamar la entrega de la prenda, pedir su aumento en caso
de que disminuya el valor de los bienes pignorados y cobrar los gastos de
custodia de la mercancía. Sin embargo,
si se pacta expresamente, el acreditado puede restituir al acreedor prendario igual
cantidad de títulos o mercancías de la especie y calidad de los que ha recibido
en prenda, en sustitución de estos últimos.
SECCION 4
EL REPORTO
Art.
1030.- El reporto es un contrato por el cual el reportador adquiere del
reportado títulos valores, mediante el pago de un precio, con la obligación de
transferirle los mismos u otros de idéntica especie al término establecido,
contra un precio convenido que comprenda una prima, comisión o interés, según
el caso.
El
contrato de reporto recae sobre títulos fungibles.
Art. 1031.- Son obligaciones del
reportador:
a) Entregar
el precio de los títulos recibidos.
b) Devolver
los títulos al término previsto en el contrato, con los intereses y dividendos
devengados, salvo pacto en contrario.
c) Ejercer
los derechos derivados de los referidos títulos que señalen en el contrato; y
d) Retransmitir
estos títulos al reportado.
Art. 1032.- Son obligaciones del
reportado:
a)
Transmitir al reportador los títulos;
b)
Readquirir dichos títulos pagando su precio;
c)
Tomar las medidas necesarias que le corresponden, a
fin de que el reportador ejercite los derechos derivados de los títulos, y reembolsar los gastos.
Art.
1033.- Las partes deben pactar en el contrato de manera expresa la duración del
mismo. A su vencimiento o dentro de la
prórroga que sea convenida, el reportado debe readquirir los títulos; y si no
lo hace, el reportador queda como propietario de los mismos y de sus
accesorios.
SECCION 5
EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Art.
1034.- En el contrato de arrendamiento financiero, el arrendador adquiere, a
petición del arrendatario, determinados bienes, que le entrega a título de
alquiler, mediante el pago de una renta y con la opción para el arrendatario,
al vencimiento del plazo estipulado, de adquirir los bienes en su poder, según
sea convenido en el contrato.
Art.
1035.- El arrendamiento financiero puede recaer sobre bienes mobiliarios o
inmobiliarios como los siguientes casos:
a)
Las operaciones de arrendamiento de equipos o de
herramientas compradas para estos fines por el arrendador, cuando estas
operaciones dan al arrendatario la opción de adquirir todo o parte de los
bienes arrendados, por un precio convenido teniendo en cuenta, por lo menos en
parte, los pagos efectuados a título de renta.
b)
Las operaciones de arrendamiento de inmuebles para
uso profesional, adquiridos por el arrendador cuando estas operaciones permiten
a los arrendatarios convertirse en propietarios de todo o parte de los bienes
arrendados, a más tardar a la expiración del arrendamiento, por ejecución de
una promesa unilateral de venta hecha por el arrendador, o por transferencia de
pleno derecho de la propiedad, según sea convenido.
Art. 1036.- Son obligaciones del arrendatario:
a)
Escoger los bienes objeto del arrendamiento;
b)
Pagar al arrendador la renta por la utilización de
los bienes durante la vigencia del contrato;
c)
Mantener los bienes en condiciones que sirvan para
la finalidad para la cual fueron contratados y efectuar las reparaciones
necesarias;
d)
Otorgar y mantener las garantías convenidas.
e)
Contratar los seguros a fin de proteger los bienes
contra toda clase de riesgos;
f)
Devolver dichos bienes, si no adquiere la propiedad
de los mismos.
g)
Asumir la pérdida total o parcial, robo, destrucción
o daño, así como los vicios ocultos de los bienes que impidan su uso para la
finalidad prevista, considerándose el arrendatario como cesionario de pleno
derecho de las acciones del arrendador por esas causas.
Art.
1037.- Son obligaciones del arrendador:
a)
Adquirir la propiedad de los bienes escogidos por el
arrendatario;
b)
Entregar
dichos bienes al arrendatario; y
c)
Garantizar la adecuación de los bienes a los
requerimientos del arrendatario, así como el disfrute de los mismos.
Art.
1038.- No pueden ser mayor de cinco años el término
para el ejercicio de la opción o la adquisición de la propiedad de los bienes.
Art.
1039.- En caso de que el arrendatario ceda sus derechos sobre los bienes objeto
del arrendamiento financiero, el cesionario tiene las mismas obligaciones que
el arrendatario original, el cual permanece como garante solidario.
Art.
1040.- Los contratos de arrendamiento financiero inmobiliario deben prever, a
pena de nulidad, las condiciones en las cuales su resiliación
puede intervenir a demanda del arrendatario.
Art.
1041.- Las operaciones señaladas en el artículo 1035 están sometidas a una
publicidad organizada cuyas modalidades son fijadas por una ley especial, la
cual determina también las condiciones en las cuales la falta de publicidad
entraña la inoponibilidad a los terceros.
Art.
1042.- Los contratos de arrendamiento financiero se rigen por las disposiciones
de la presente sección y no le son aplicables las disposiciones concernientes a
otra clase de arrendamiento.
CAPITULO IV
Art.
1043.- La cuenta corriente es un contrato por el cual dos personas que van a
entrar en negocios comerciales, expresamente se conceden crédito recíproco
durante cierto tiempo, obligándose a transformar durante el mismo sus remesas
mutuas en simples partidas de abono y cargo, y a no exigirse otro pago que el
del saldo resultante al hacer el cierre
de cuenta en la fecha convenida.
Las
remesas pueden consistir en dinero o cualquiera otra cosa valuable en dinero.
Art.
1044.- La cuenta corriente puede ser simple o recíproca.
Es
simple cuando las remesas de valores son unilaterales en el sentido de que sólo
las hace una parte a la otra, sin que en ningún caso quien las hace, puede retirar valores en exceso de los que haya remitido.
En la
recíproca, por el contrario, ambas partes se hacen remesas, lo que da lugar a
cargos y abonos mutuos, cuyo balance a la fecha de cierre de cuenta determina
quién es el deudor del saldo.
Art.
1045.- Los efectos de la cuenta corriente durante el curso de su ejecución son
los siguientes:
a)
Novación de los créditos que entran en la cuenta;
b)
Indivisibilidad de la cuenta misma; y
c)
Productividad de intereses de las remesas, si se
estipula.
Art.
1046.- Salvo pacto en contrario, las comisiones y gastos de las operaciones a
que se contrae la cuenta corriente son incluídos en
la misma.
Art.
1047.- La inclusión de un crédito en la cuenta corriente no excluye las
acciones y excepciones relativas a la validez del acto jurídico de donde
procede la remesa.
La
anulación del acto debe ser seguida de la cancelación de la partida
correspondiente en la cuenta.
Art.
1048- La parte que incluya en la cuenta un crédito garantizado con una
seguridad real tiene derecho a hacerla efectiva por el importe del crédito
garantizado, en cuanto resulte acreedora del saldo.
Si por
un crédito comprendido en la cuenta hay fiadores o coobligados,
éstos responden en los términos de sus contratos por el monto de ese crédito en
favor de la parte frente a la cual se han comprometido y en cuanto dicha parte
resulte acreedora del saldo.
Art.
1049.- La inclusión de un crédito contra un tercero o la remesa de títulos
valores se hace a riesgo de quien realiza la remesa, salvo pacto en contrario
para el caso de insolvencia del deudor.
Art.
1050.- Los acreedores de una de las partes pueden embargar el saldo eventual de
la cuenta corriente. Trabado el embargo,
no pueden oponerse al embargante las partidas de cargos correspondientes a
operaciones ulteriores.
Art.
1051.- Los cierres de la cuenta para la liquidación de saldos se hacen cada
seis meses, a falta de acuerdo en otro sentido.
El
saldo es un crédito líquido, exigible a la vista o en el término convenido, y a
partir de su exigibilidad devenga intereses a la tasa legal, salvo pacto en
contrario.
Art.
1052.- Las acciones para la rectificación de errores de cálculo, omisiones o
duplicaciones, prescriben a los seis meses a partir del cierre de la cuenta.
Art.
1053.- El contrato de cuenta corriente concluye al vencimiento del término
convenido. A falta de término,
cualquiera de las partes puede en cada época de cierre, denunciar el contrato,
dando aviso a la otra parte, por lo menos diez días antes de la fecha de dicho
cierre.
La
muerte y la incapacidad de una de las partes no implican la terminación del
contrato, sino cuando sus herederos o representantes o la otra parte opten por
su terminación.
TITULO II
LAS OPERACIONES BANCARIAS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art.
1054.- Sólo los bancos debidamente autorizados por las leyes especiales que les
conciernen, pueden realizar, además de las otras operaciones previstas en las
mismas, las siguientes:
a)
Depósitos bancarios de dinero y de títulos;
b)
Depósitos de ahorros;
c)
Apertura de cartas de créditos;
d)
Emisión de obligaciones bancarias;
e)
Los pagos y cobros;
f)
El servicio de caja;
g)
Servicio de custodia y caja fuerte; y
h)
Fideicomiso.
Art.
1055.- Los bancos sólo pueden dar informes de las operaciones a las personas participantes en
las mismas, a sus representantes legales o a quien tenga facultades para
intervenir en las operaciones, salvo cuando dicha información se solicite por
disposición legal o judicial, o por autoridades para fines penales o fiscales.
CAPITULO II
LOS
DEPOSITOS BANCARIOS EN GENERAL
Art.
1056.- Existe depósito de fondos en los bancos, cuando una suma de dinero se
entrega al banco depositario de modo que éste adquiere la propiedad de la
misma, quedando obligado a restituirla, en la misma especie monetaria, al
vencimiento del término convenido o a requerimiento del depositante, bajo
reserva de la observancia del plazo previsto por las partes.
Art.
1057.- Salvo convención contraria, las remesas y los retiros se efectúan en el
local de la oficina del banco en la cual se ha concertado la relación jurídica
del depósito.
Art.
1058.- Los depósitos bancarios pueden
ser retirados a la vista, a plazo o previo aviso. Cuando al constituir el depósito previo aviso
no se señale el plazo, se considera que puede ser retirado desde el día hábil
siguiente a aquél en que se dé el aviso.
Si el depósito se constituye sin mención especial de plazo, se considera
retirable a la vista.
Art.
1059.- Los depósitos recibidos a nombre de dos o más personas pueden ser
devueltos a cualquiera de ellas, salvo pacto en contrario.
SECCION I
Art.
1060.- El contrato de cuenta de cheques es aquél por el cual, como consecuencia
de un depósito de dinero a la vista hecho por un cliente, o una apertura de
crédito, a favor del mismo, éste tiene la facultad de disponer del saldo a su
favor mediante el giro de cheques o en otras formas previstas por la ley o
convenidas con el banco.
Art.
1061.- Al proceder a la suscripción del contrato de cuenta de cheques, el banco está obligado a
comprobar la identidad del depositante y además se requiere el registro de la
firma del titular de la cuenta, para poder cotejarla posteriormente con la
utilizada en las órdenes de pago y demás documentos, y en especial, los cheques
que libre a cargo del establecimiento bancario.
El
titular de la cuenta puede autorizar por escrito a un tercero a girar cheques
contra la misma. A este efecto, el
titular de dicha cuenta debe depositar la mencionada autorización en el banco,
el cual procede a registrar la firma de este apoderado.
Art.
1062.- Los depósitos de dinero constituídos a la
vista se entienden entregados en cuenta de cheques.
Art.
1063.- Los depósitos en cuenta de cheques pueden probarse por los recibos
expedidos por el banco, por los estados de la cuenta y por las anotaciones
contables del banco.
Art.
1064. Los bancos pueden dar por terminado el contrato de cuenta de cheques
cuando lo crean conveniente, dando aviso oportuno al depositante y un plazo de
tres meses para que puedan presentarse los cheques emitidos con anterioridad a
dicho aviso.
Salvo
pacto en contrario, la disposición total de los fondos de la cuenta no implica
la terminación del contrato, sino después que transcurran seis meses sin
efectuarse nuevos dépositos.
SECCION 2
LOS
DEPOSITOS A PLAZO
Art.
1065. Los depósitos de dinero a plazo establecidos en certificados de depósito o de otro modo se
rigen por las reglas aplicadas a los depósitos a la vista, no sujetos a
cheques, en todo lo que no es contrario a la existencia del término.
SECCION 3
LOS
DEPOSITOS DE AHORROS
Art.
1066. Los depósitos de ahorros son a la vista.
Todos devengan intereses, y se comprueban con las anotaciones en una
libreta o por otro medio convenido y aprobado por la autoridad reguladora.
Art.
1067. La cantidades que tengan por lo menos dos años de depósito en una o más
cuentas de ahorros son inembargables hasta la suma de treinta mil pesos oro, a
menos que se trate de hacer efectiva la obligación de suministrar alimento o
que el titular de la cuenta haya dado expresamente los fondos en garantía.
CAPITULO III
LAS
CARTAS DE CREDITO
Art.
1068. La carta de crédito es el instrumento expedido por un banco por cuenta de
una persona que solicite su apertura, denominada el ordenante, mediante la cual
autoriza a otra llamada el beneficiario, a girar en determinadas condiciones
señaladas en el crédito, contra el banco emisor o contra uno de sus
corresponsales.
Art.
1069. Las cartas de crédito incluyen:
a)
Nombre del banco emisor y de sus corresponsales con
la indicación de sus facultades para efectuar el pago, aceptar las letras o
negociar;
b)
Nombre y demás generales del ordenante;
c)
Nombre y demás generales del beneficiario;
d)
Objeto del crédito, es decir, la entrega de
determinados bienes o la prestación de determinados servicios cuya mención es
preciso hacer para constatar, frente a las facturas u otros documentos
pertinentes, el cumplimiento de la obligacion a cargo
del beneficiario;
e)
Suma que debe entregar el banco pagador al
beneficiario; y
f)
Fecha de emisión de la carta de crédito y plazo para
la utilizacion del crédito, durante el cual deben
presentarse los documentos.
Art.
1070. La carta de crédito puede contener también:
a)
Número de crédito;
b)
Previsiones sobre irrevocabilidad, trasbordo,
embarques parciales, transferencias de todos los derechos derivados de la carta
de crédito;
c)
La forma de reembolso a los bancos participantes en
la operación;
d)
Avisos a las partes o a los terceros;
e)
Constitución de garantía por el ordenante;
f)
Puertos de embarque y de destino; y
g)
Sujeción a un cuerpo de reglas y usos
internacionales.
Art.
1071. El ordenante de la carta de crédito no tiene derecho alguno contra el
banco emisor, sino cuando ha dejado en su poder el importe de la carta de
crédito o cuando es su acreedor por esa
cantidad, en cuyo caso el emisor de la carta de crédito está obligado a
restituir el valor de la misma, si ésta no es pagada.
Art.
1072. El banco emisor de una carta de crédito puede anularla en cualquier
tiempo, poniéndolo en conocimiento del ordenante y del beneficiario, salvo en
el caso de que el ordenante ha dejado el importe de la carta de crédito en
poder del banco emisor, o es su acreedor por dicho importe o ha afianzado o
asegurado el mismo.
Art.
1073. Las cartas de crédito están sujetas a las disposiciones de este Código
relativas a los créditos documentarios.
CAPITULO IV
Art.
1074. Los bancos pueden emitir
obligaciones en forma de bonos, cédulas hipotecarias y otros instrumentos. Dichos títulos deben siempre ser autorizados
por el órgano competente del banco emisor y por
CAPITULO V
LOS
PAGOS Y COBROS
Art.
1075.- Los bancos pueden efectuar los pagos en la plaza de su domicilio o en
otra distinta, mediante la entrega de giros o de cheques por cuenta de un
cliente que previamente les abone su importe o autorice que se le carguen en
cuenta.
Art.
1076.- El cobro de letras de cambio, cheques, cupones y documentos por cuenta
de clientes puede practicarse por los bancos en las condiciones que previamente
se determinen. El banco debe protestar
los documentos que necesitan este requisito, si no se ha pactado lo contrario.
CAPITULO VI
EL
SERVICIO DE CAJA
Art.
1077.- Los bancos pueden dar servicios de caja a sus clientes mediante la
realización de pagos por cuenta de éstos,
relacionados con las actividades de los mismos y conforme a lo acordado
con ellos.
CAPITULO VII
LOS
SERVICIOS DE CUSTODIA Y DE CAJA FUERTE
Art.
1078.- Los depósitos en efectivo o de títulos, con especificación de las
monedas o de los documentos, y los constituidos en caja, sobres o sacos
cerrados, no transfieren la propiedad al banco depositario y obligan a éste a
la conservación material de las cosas depositadas.
Art.
1079.- Salvo convención contraria, el banco depositario está obligado, en caso
de valores en custodia, a efectuar el
cobro de los títulos y a practicar todos los actos necesarios para la
conservación de los derechos que confieren al depositante.
Art.
1080.- En virtud del contrato de caja fuerte el banco pone a la disposición
exclusiva de una persona una caja de seguridad, en el local que ocupe dicho
banco, mediante el pago de un alquiler.
Art.
1081.- Cuando el banco alquila al cliente el uso de una caja de seguridad
individual para el depósito de objetos, se obliga a ponerla a disposición del
cliente, entregando a éste una llave o combinación mientras el banco retiene
otra llave o combinación de acceso diferentes, las cuales deben utilizarse
complementariamente para la apertura y cierre de la caja. Cuantas veces lo crea necesario, el cliente
puede hacer uso de dicha caja de seguridad, bajo la vigilancia de un
funcionario del banco en los días y horas laborables.
Art.
1082.- El banco está obligado a preservar la integridad de las cajas. Responde de los daños que sufran los clientes
a causa de violencia o deterioro sufridos por las cajas, o por la apertura
indebida de las mismas.
CAPITULO VIII
EL
FIDEICOMISO
Art.
1083.- El fideicomiso es el negocio mediante el cual una persona llamada
fideicomitente traspasa por acto entre vivos o por testamento uno o varios
bienes o derechos, en manos de otra llamada fiduciario, para que los utilice
según las indicaciones del primero, con la obligación de restituirlos al mismo
fideicomitente u otra persona que éste designe, llamada fideicomisario, o a los
herederos del fideicomitente.
El
fideicomiso debe siempre tener un fin lícito y no contrario a las buenas
costumbres ni al orden público. El
fideicomiso es válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario, siempre
que su fin sea determinado.
El
fideicomiso constituido en fraude de cualquier persona puede ser impugnado por
los interesados.
Las
disposiciones de esta sección no derogan ni modifican las normas concernientes
al régimen matrimonial y al régimen sucesoral
establecidas por el Código Civil, y su aplicación no puede afectar dichos
regímenes, especialmente en lo que respecta a la reserva hereditaria y a los
derechos de los esposos.
Art.
1084.- Sólo los bancos pueden realizar como fiduciarios el negocio de
fideicomiso en el país.
Art.
1085.- La constitución del fideicomiso, sea por acto entre vivos o por
testamento, debe constar siempre en acto auténtico y ajustarse a las
disposiciones legales sobre la transmisión de los derechos que sean dados en
fideicomiso.
No se
considera como sustitución prohibida por el artículo 896 del Código Civil, y
por tanto, es válida la disposición mediante la cual se instituye un
fideicomiso de acuerdo con el presente Código.
Art.
1086.- El fideicomiso puede constituirse como acto unilateral o como un
contrato entre dos o más personas.
Implica la cesión de los derechos o la traslación de la propiedad de los
bienes en favor del fiduciario, el cual se considera, para estos fines, como
propietario titular de los derechos o bienes objeto del fideicomiso. Para ser
oponible esta mutación a los terceros, cuando se trate de inmuebles, debe ser
registrado o transcrito en el registro de títulos o en la conservaduría de
hipotecas, según el caso; y cuando se trate de muebles, deben cumplirse las
formalidades exigidas por la ley para su trasmisión y
publicidad.
Art.
1087.- La constitución de todo fideicomiso debe ser objeto de publicidad
mediante:
a) Los
depósitos de un extracto en las secretarías de las cámaras civiles y
comerciales de los juzgados de primera instancia en cuyas jurisdicciones tenga
su asiento el fideicomiso y ha sido otorgado su acto de constitución; y
b) Su
publicación en un diario de circulación nacional, por lo menos tres veces
consecutivas, en la cual consten los depósitos efectuados.
Art.
1088.- Si una disposición del acto constitutivo del fideicomiso no es válida por cualquiera razón, las demás disposiciones del
mismo son anuladas solamente si aquélla no puede ser separada de las otras sin desvirtuar
los propósitos de la creación del fideicomiso.
Art.
1089.- El fiduciario ejerce sus facultades y prerrogativas de títular de esos bienes y derechos de conformidad con las
siguientes condiciones:
a)
El beneficio económico del fideicomiso es en provecho
del fideicomisario o del fideicomitente;
b)
Las facultades del fiduciario se ejercen en función
de los objetivos y propósitos del fideicomiso y no en interés del fiduciario;
c)
El fideicomisario puede impugnar los actos del
fiduciario que excedan los objetivos y propósitos de la constitución del
fideicomiso; y
d)
Los bienes y derechos deben ser restituidos al
fideicomitente en un plazo máximo de veinte años, o pasar definitivamente en el
mismo plazo al fideicomisario o a los herederos del fideicomitente, con excepción
de los fideicomisos constituidos en favor de personas morales de derecho
público o instituciones con fines no lucrativos.
Art.
1090.- El fideicomitente puede establecer el fideicomiso en su provecho, pero
el fiduciario no puede ser fideicomisario.
Art.
1091.- Para constituir fideicomiso se requiere la capacidad necesaria para
disponer de los bienes y derechos que son el objeto del fideicomiso.
Art.
1092.- El fideicomitente puede designar varios fiduciarios para que conjunta o
sucesivamente ejerzan sus funciones, indicando el orden y las condiciones en
que deben operar conjuntamente o en que han de sustituirse, según el caso. A falta de disposición expresa en el acto
constitutivo que establece un sustituto, si el fiduciario no acepta, renuncia o
cesa en el desempeño de su cargo por cualquiera otra causa, el fideicomitente
debe nombrar otro fiduciario para que lo sustituya.
Si el
fiduciario o uno de los fiduciarios cesa por
cualquiera razón, y si el acto constitutivo no prevé la manera de llenar la
vacante y el fideicomitente no lo hace conforme al párrafo anterior, puede ser
designado un fiduciario por el tribunal de primera instancia, a requerimiento y
propuesta del fideicomisario.
Sólo
cuando ésto no sea posible cesa el fideicomiso.
Art.
1093.- Pueden ser fideicomisarios las personas físicas o morales que tengan la
capacidad necesaria para recibir el provecho que resulta del fideicomiso. El fideicomitente puede designar varios
fideicomisarios para que reciban simultánea o sucesivamente el provecho del
fideicomiso, con la limitación temporal ya señalada.
Art.
1094.- Cuando sean dos o más fideicomisarios y deban consultar su voluntad, las
decisiones se toman por mayoría de votos.
En caso de empate, decide el juez de primera instancia. Todo sin perjuicio de lo que al efecto
determine el acto mismo de constitución del fideicomiso.
Art.
1095.- La constitución del fideicomiso en favor de persona no existente o no
concebida es nula y sin valor, a menos que sea en provecho de hijos futuros del
fideicomitente.
Art.
1096.- El fideicomiso empieza a surtir sus efectos desde que el fiduciario lo
acepte de manera expresa en un acto auténtico.
Se presume remunerado.
Art.
1097. El fiduciario designado por el fideicomitente o por el juez, y que ha
aceptado el cargo, sólo puede renunciar a él por causa grave. Se consideran causas graves:
a)
Que el fideicomisario no pueda recibir o se niegue a
recibir las prestaciones o bienes de acuerdo con el acta constitutiva del
fideicomiso;
b)
Que el fideicomitente, sus causahabientes o el
fideicomisario, en su caso, se nieguen a pagar la remuneración del fiduciario;
y
c)
Que no se cubra la remuneración del fiduciario.
Art.
1098.- Pueden ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes y derechos
patrimoniales.
Los
bienes que se dan en fideicomiso quedan afectados al fin que se destinan y, en
consecuencia, sólo pueden ejercerse respecto de ellos los derechos y acciones
que se refieran a dicho fin, salvo los que expresamente se reserven el
fideicomitente, los que para éste se deriven del fideicomiso mismo, o los
adquiridos legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad a la
constitución del fideicomiso, por el fideicomisario o por un tercero.
Art.
1099.- El fideicomiso puede constituirse para servir cualquier propósito o finalidad
lícitos.
Art.
1100.- Quedan prohibidos:
a)
Los fideicomisos secretos;
b)
Aquellos en los cuales el beneficio se concede a
diversas personas sucesivamente, que deban sustituirse por muerte del anterior,
salvo el caso de que la sustitución se realice de un modo permitido por la ley;
c)
Aquellos en que se designe fideicomisario a una
persona moral que no sea de derecho público o institución con fines no
lucrativos.
Art.
1101.- El fiduciario tiene los derechos y acciones que se requieren para el
cumplimiento del fideicomiso, salvo las limitaciones dispuestas por la ley o
que se establezcan en la constitución del mismo. El fiduciario está obligado a cumplir el
fideicomiso conforme el acto constitutivo.
Art.
1102.- Los bienes que constituyen el objeto del fideicomiso no pueden ser
embargados por los acreedores del fiduciario ni del fideicomisario.
Los
bienes constituídos en fideicomiso sólo pueden ser
embargados:
a)
Por los acreedores del fideicomitente respecto a las
deudas contraídas por este último con anterioridad al cumplimiento de las
formalidades de publicidad requeridas en los artículos 1086 y 1087 de este
Código.
b)
En virtud de las obligaciones contraídas por el
fiduciario a su gestión de dichos bienes.
Art.
1103.- Los bienes constituídos
en fideicomiso son inalienables salvo cuando su enajenación es indispensable
para cumplir la finalidad del fideicomiso, según la voluntad del fideicomitente
expresada en el acto de constitución, o por decisión del juez, a requerimiento
del fiduciario previa citación del fideicomisario.
Los
bienes constituídos en fideicomiso no entran en la
masa de la liquidación judicial o de la quiebra del fiduciario. En esos casos y en el del reordenamiento
judicial del mismo, dichos bienes son devueltos al fideicomitente, al fideicomisario
o a sus herederos respectivos, según les corresponda cuando no haya posibilidad
de designar otro fiduciario, caso en el cual pasa a este último.
Art.
1104.- La naturaleza y extensión de los deberes y facultades del fiduciario son
determinadas por el acto constitutivo del fideicomiso, y supletoriamente por
las disposiciones de este Código.
Una vez
aceptado el fideicomiso por el fiduciario, este contrae frente al
fideicomisario las siguientes obligaciones:
a)
Registrar o transcribir la mutación de las
propiedades inmobiliarias. En caso de
bienes muebles debe cumplir las formalidades indicadas por la ley para su
transmisión y publicidad;
b)
Administrar el fideicomiso únicamente en interés del
fideicomisario;
c)
Manejar con la mayor idoneidad las cuentas propias
del fideicomiso y comunicarle al fideicomisario todos los hechos que , en
relación con el mismo, deba conocer el fiduciario;
d)
No delegar en otra persona la realización de actos
que el fiduciario pueda razonablemente realizar;
e)
Suministrar al fideicomisario, a su requerimiento,
información completa y exacta acerca de la naturaleza y cantidad de las
propiedades en fideicomiso y permitirle por sí mismo o por persona que éste
autorice, inspeccione los bienes, negocios, cuentas, comprobantes y otros documentos
relativos al fideicomiso.
f)
Ejecutar las diligencias razonables para tomar y
conservar el control de las propiedades en fideicomiso, intentar las
reclamaciones relativas al mismo y contestar las acciones contra él;
g)
Conservar las propiedades en fideicomiso separadas
de sus propios bienes y destinarlas al fin indicado en el fideicomiso, así como
ponerlas a producir cuando ésto no contravenga dicha
finalidad;
h)
Pagar al fideicomisario, en intervalos razonables,
la renta neta de las propiedades en fideicomiso, cuando éste es creado para
pagar renta por período determinado;
i)
Llevar cuentas claras y exactas sobre la
administración del fideicomiso y rendir cuentas al fideicomisario no menos de
una vez al año;
j)
No puede prestar los fondos del fideicomiso a sí
mismo o a sus dependientes o asociados, ni puede directa o indirectamente
comprar o vender bienes del fideicomiso para sí mismo o para un dependiente o
asociado, o vender a dicho fideicomiso bienes de las personas ya nombradas.
Art.
1105. El Superintendente de Bancos puede vetar en todo tiempo la designación de
los funcionarios que escojan los fiduciarios para desempeñar su cometido o
ejercer sus facultades. Asimismo puede
acordar en su caso que se proceda a la remoción de dichos funcionarios.
Art.
1106.- El fiduciario debe ajustarse estrictamente a las instrucciones del
fideicomitente. Cuando se han dejado a
su determinación y discreción las operaciones e inversiones, el fiduciario las
realiza en la forma más adecuada y que, a su juicio, ofrezca la mayor seguridad,
sin demoras innecesarias.
Art.
1107.- Tanto de la percepción de rentas, frutos o productos, como de cualquier
operación de adquisición, liquidación, sustitución o inversión de bienes, el
fiduciario informa al fideicomisario con los detalles necesarios, en el término
de treinta días laborables.
Art.
1108.- Además de exigir el cumplimiento del fideicomiso al fiduciario, el
fideicomisario puede atacar la validez de los actos que el fiduciario cometa en
su perjuicio, de mala fe o en exceso de las
facultades del fiduciario.
Asimismo, el fideicomisario puede, cuando sea procedente, reivindicar
los bienes que a consecuencia de estos actos hayan sido del patrimonio objeto
del fideicomiso.
Art.
1109.- Cuando el fideicomisario sea incapaz, los derechos a que se refiere el
artículo anterior corresponden al que ejerza la autoridad parental,
al representante legal o en su defecto, al ministerio público, según el caso.
Art.
1110.- Al fideicomitente le corresponde:
a)
Ejercer los derechos que se le conceden en virtud
del acto constitutivo del fideicomiso;
b)
Exigir la rendición de cuentas al fiduciario;
c)
Revocar el fideicomiso de acuerdo con lo dispuesto
en el presente Código y pedir la remoción del fiduciario. Procede a la remoción de este último cuando
al ser requerido, no rinde la cuenta de su gestión dentro de un plazo de
treinta días, o cuando por sentencia con la autoridad de la cosa juzgada, sea
declarado responsable de las pérdidas o menoscabo que sufran los bienes dados
en fidecomiso;
d)
Nombrar nuevo fiduciario en el caso del inciso que
antecede;
e)
Obtener la devolución de los bienes al concluirse el
fideicomiso, sin perjuicio de lo que a este respecto se ha pactado en forma
distinta;
f)
Ejercer la acción en responsabilidad contra el
fiduciario; y
g)
Cualquier otro derecho que se determine
expresamente, y que no sea imcompatible con los
derechos mínimos del fiduciario o del fideicomisario o con la naturaleza y
estructura del fideicomiso.
Art. 1111.- El fideicomiso se extingue:
a)
Por el cumplimiento de la finalidad para la cual fue
constituido;
b)
Por la imposibilidad de su cumplimiento;
c)
Por hacerse imposible el cumplimiento de la
condición suspensiva de que dependa o por no haberse verificado dentro del
término señalado en su constitución, o a falta de este término, dentro de los
veinte años siguientes a la fecha de su constitución;
d)
Por haberse cumplido la condición resolutoria a que
ha estado sujeto;
e)
Por convenio expreso entre el fideicomitente y el
fideicomisario;
f)
Por revocación hecha por el fideicomitente cuando
éste se ha reservado expresamente ese derecho al constituirse el fideicomiso;
g)
En el caso del artículo 1092;
h)
Por renuncia del fideicomisario, siempre que no
tenga sustituto, o por su muerte, cuando no se constituye el fideicomiso para
que sus fines se cumplan no obstante la muerte del fideicomisario; y
i)
Por la destrucción de la cosa objeto del
fideicomiso.
Art.
1112.- Extinguido el fideicomiso, los bienes afectados al mismo que queden en
poder del fiduciario son devueltos por éste al fideicomitente o a sus
herederos.
Para que la devolución surta efecto respecto
de los terceros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1102
especialmente en su inciso b, tratándose de inmuebles y derechos reales
inmobiliarios, basta que se cumplan las formalidades indicadas en el artículo
1086.
Al
extinguirse el fideicomiso, quien reciba los bienes del mismo, debe cumplir las
formalidades de publicidad similares a las exigidas para la constitución de
acuerdo con el artículo 1087.
Art.
1113.- El tribunal competente para conocer de cualquier asunto relacionado con
un fideicomiso es el juzgado de primera instancia, en sus atribuciones
comerciales, de la jurisdicción en que tenga su domicilio el fideicomitente al
crearse el fideicomiso, si éste es entre vivos, o donde se abra la sucesión, si
es testamentario.
Art.
1114.- Cuando los bienes se retornen al fideicomitente, por ser éste el
beneficiario del fideicomiso, no hay lugar al pago de impuestos, derechos, tasa
o contribución alguna.
a cargo del Lic. Angel Ramos Brusiloff
LIBRO SEXTO
Textos
resultantes de las deliberaciones de
que, con los textos previos sometidos a la misma, han estado
LIBRO SEXTO
EL COMERCIO MARITIMO
Art.
1115 .- Las
disposiciones de este libro se aplican a
todos los hechos y los actos relativos a la navegación y el comercio
marítimo cualesquiera que sean las características, dimensiones o finalidades
de las naves, objetos y personas que intervengan o sean afectados por tales
acontecimientos, salvo cuando se trate de naves de guerra u otras, cuyas
operaciones no persigan fines
lucrativos.
TITULO I
CAPITULO I
LAS NAVES Y OTROS ARTEFACTOS NAVALES
SECCION 1
DISPOSICIONES GENERALES
Art.
1116 .- Nave es
toda construcción destinada
a desplazarse por agua cualesquiera que sean su clase y dimensiones.
Art.
1117.- La nave constituye una universalidad de derechos que es un bien mueble y comprende el casco, sus
maquinarias y otras pertenencias fijas o
móviles que la complementan, para su
servicio, maniobra y navegación. Se exceptúan los fletes
y vituallas.
Art.
1118 .- Artefacto naval es toda construcción que,
aunque no está destinada a
navegar, complementa, apoya o auxilia en
el agua, las actividades de navegación marítima, fluvial, lacustre, o de explotación de recursos, tales como: diques, grúas, plataformas
fijas o flotantes u otros similares. No
se incluyen las obras portuarias.
SECCION 2
Art. 1119.- Las naves se individualizan e identifican por su
nombre, nacionalidad, número de registro y
tonelaje de arqueo indicados en su matrícula, así como el puerto donde
ésta se haya expedido. Las naves conservan su individualidad aún cuando los materiales que la formen o su
nombre sean sucesivamente cambiados.
Art. 1120.-
Toda nave debe ser matriculada antes
de que se dedique a la navegación y puede
serlo mientras esté en proceso de construcción.
Art. 1121.-
Los derechos sobre las naves deben ser inscritos en el registro del puerto
de su matriculación.
Art. 1122.- Desde que una nave es matriculada,
cualquier acto voluntario o forzoso que se relacione con un derecho sobre la misma, sólo surte
efectos frente a terceros a partir del momento en que sea inscrito en el
registro.
SECCION 3
Art.
1123.- Deben hacerse por escrito los contratos de construcción o de
reparaciones mayores de una nave y de sus pertenencias, así como la
constitución de derechos sobre la misma y sus partes de propiedad.
Art.
1124.- Los actos a los cuales se refiere el artículo anterior deben contener:
a) la identificación de las partes; b) la individualización de la nave; y c) la
naturaleza del negocio y los valores concernientes al mismo, así como otras
estipulaciones que convengan las partes.
Art. 1125.- Cualquiera persona
que asuma el compromiso de construir o efectuar
reparaciones mayores a una nave o a sus pertenencias, es garante de los
defectos y vicios ocultos que resulten
en dicho trabajo, no obstante la recepción sin reservas por el cliente,
siempre y cuando dicha reclamación se efectúe dentro de los plazos que más
adelante se indican.
Art. 1126.- La acción en responsabilidad contra el
constructor o el realizador de reparaciones mayores por defectos o vicios
ocultos de la nave o de sus pertenencias resultantes en sus trabajos, prescribe
a los dos años a partir de la fecha en la cual se reciba la nave o su
reparación.
CAPITULO II
PROPIEDAD Y COPROPIEDAD DE LAS NAVES
SECCION
1
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1127.- Salvo convención en
contrario debidamente registrada, se
reputa al constructor de la nave como su propietario hasta que aquel la
transfiera. Si la construcción se hace por encargo de otra persona,
ésta última puede, en caso de resolución
del contrato por incumplimiento o de
quiebra del constructor, reivindicar los muebles corporales que haya
suministrado, siempre que conserven su individualidad.
Art.
1128.- Los derechos de los terceros sobre las pertenencias de una nave no son
oponibles a quienes tengan privilegios sobre la misma, salvo el caso del
vendedor condicional que haya registrado
sus derechos en la forma acordada por la ley.
Art.
1129.- En todos los casos en que las pertenencias sean indispensables para la
navegación, el tercero que tenga derechos de propiedad sobre
las mismas no
puede separarlas de
la nave, pero
previa citación a las otras personas con
derechos similares, puede pedir al juez de
los asuntos comerciales que constituya la nave en copropiedad y determine la proporción que en la misma le corresponde.
Art.
1130.- La enajenación de la nave conlleva la de sus pertenencias, salvo
estipulación en contrario del
acto de venta y sin perjuicio de cualquier disposición especial de la ley.
Art. 1131.-
La enajenación de naves y la constitución de derechos reales sobre
éstas, se efectúan por acto auténtico o bajo firma privada legalizado por
notario.
Los
actos otorgados en el extranjero se rigen por la ley del
lugar de su celebración, pero la
transferencia del dominio y la constitución de derechos reales para
que puedan producir efectos
en
Art.
1132.- Si la nave es vendida mientras
está en viaje, pertenecen al comprador los fletes que aquella devengue
en el viaje.
Pero, si
al tiempo de la venta ha llegado la nave
a su destino, los fletes pertenecen al
vendedor.
Las
partes, sin embargo, pueden estipular modalidades diversas.
Art.
1133.- La enajenación voluntaria de la nave, incluye todas las
responsabilidades que la afecten.
Art. 1134.- La venta judicial de una nave se hace en la forma y con los procedimientos
que se establecen más adelante.
Para
subastar la nave se requiere de tasación
previa, la que se hace por perito
designado conforme a las normas establecidas.
Art. 1135.- Las disposiciones de esta sección se aplican
también a los artefactos navales,
en lo que les sean pertinentes.
SECCION
2
Art. 1136.- Las naves pueden ser sometidas al
régimen de copropiedad bajo las condiciones y con los efectos que este código
dispone.
Art. 1137.- Para facilitar su pertenencia en
común a
varias personas, toda la nave se
considera dividida en cien partes de propiedad, cada una de las cuales
confiere a su titular iguales derechos y
obligaciones.
Todo
copropietario dispone de un voto por cada una de sus partes de propiedad.
Art. 1138.- Los copropietarios participan en las
contribuciones, en los beneficios y en las pérdidas de la explotación en proporción a las partes de propiedad que
tienen en la nave.
Art. 1139.- Las decisiones de los copropietarios
relativas a la gestión y a la
explotación de la nave, así como las concernientes a la delegación de
poderes para los fines indicados son
tomadas por mayoría de votos de todos
los copropietarios. A falta de
acuerdo en cuanto a la delegación de
poderes para la gestión y explotación de la nave se puede
solicitar al tribunal la designación de un administrador provisional.
Para la enajenación, hipoteca o gravamen de la nave
se requiere las tres cuartas partes de los votos de todos los copropietarios.
Art. 1140.-
Cuando uno de los copropietarios
quiere vender su parte de propiedad, debe ofrecerla a los otros copropietarios, notificándoles las
condiciones de la venta. Estos últimos en el plazo máximo de diez días
francos, deben aceptar o rechazar la oferta. Con la aceptación deben cumplirse las condiciones de la venta.
En caso contrario, el vendedor puede
disponer de su parte bajo las condiciones notificadas.
Art.
1141.- A falta de publicidad de la
existencia de uno o más administradores, todos los copropietarios de la nave son reputados administradores
frente a los terceros.
Art. 1142.-
Los
administradores tienen todos
los poderes para
actuar en el ejercicio
de su misión de gestión en nombre de los
copropietarios.
Art. 1143.- El capitán debe ceñirse a las
instrucciones de los administradores en cuanto a la explotación de la nave,
pero conserva su independencia respecto
a la conducción técnica de la misma.
Art. 1144.- El régimen de copropiedad de la nave
termina por el acuerdo unánime de los copropietarios, por licitación sobre
decisión judicial perseguida
por una parte de los
copropietarios o por venta en pública subasta.
Art. 1145.- El tribunal que ordene la licitación
de la nave debe establecer las
condiciones de la misma.
Art.
1146.- Las acciones relativas a los
casos a los cuales se refiere la presente sección prescriben a los dos años.
TITULO II
CAPITULO I
Art. 1147.- Empresa marítima o de armamento es
aquella que tiene por objeto explotar una o más naves, en uno o más
viajes. El titular de la
empresa marítima es
el armador.
Art. 1148.- El
armador o naviero es la persona que explota
en su nombre una nave, sea o no
propietario de la misma.
Se
presume que el propietario o los copropietarios de la nave son sus
armadores. En caso de fletamento
se considera que
el fletador es el armador si el contrato de fletamento lo prevé y ha
sido regularmente inscrito en el registro correspondiente.
Art. 1149.-
El adquiriente de una empresa marítima queda subrogado en los derechos y
obligaciones de la misma.
Art. 1150.- El
armador puede ser una sola
persona o varias actuando en copropiedad o en una sociedad,
todas las cuales se reputan
comerciantes.
Art. 1151.- El armador responde de las
obligaciones contraídas por el
capitán en lo que concierne a la
nave y a la expedición; y de las indemnizaciones a terceros por los hechos del capitán, de los
oficiales y de la tripulación.
CAPITULO II
EL PERSONAL DE
Art. 1152.- El armador debe registrar ante la autoridad competente la designación
que haga de cualquier agente o
representante, así como el establecimiento de sucursales, tanto en
CAPITULO III
EL CAPITAN Y LOS OTROS MIEMBROS DE
SECCION 1
EL
CAPITAN
Art. 1153.- El capitán es la persona que tiene a su cargo
exclusivo la dirección y el gobierno de
una nave, así como el orden y la seguridad de la misma, y que debe adoptar las medidas y realizar
las actuaciones técnicas, profesionales y comerciales necesarias
para el logro de dichos objetivos, entre las cuales se encuentran:
1) disponer la organización de las tareas y servicios a
bordo del buque, y velar
por su cumplimiento por la
tripulación y otorgar las licencias
y permisos que considere pertinentes;
2)
3) contratar la tripulación de acuerdo con el armador;
4)
5) adoptar medidas y disponer los trabajos
que estime convenientes para la
navegación;
6)
7) disponer la cancelación o suspensión
del viaje por razones de seguridad;
8)
9) declarar avería gruesa;
10)
11)
disponer el abandono de la nave cuando sea necesario para la salvación
de las personas y preservación de
la carga;
12)
13)
pactar y suscribir los contratos para las
reparaciones de la nave y obtención
de suministros necesarios para la
travesía;
14)
15)
celebrar convenios de salvamento en nombre y representación de los
titulares de los bienes que se encuentren a bordo;
Art. 1154.-
El armador de la
nave designa al capitán, salvo
disposición contraria en el contrato de fletamento, si existe.
Art. 1155.-
El capitán ejerce
sus funciones mientras no sea
relevado. Para el caso de muerte, ausencia o impedimento, es reemplazado por el
primer oficial de cubierta y así
sucesivamente, por los que le sigan en
su rango, hasta tanto el armador disponga su sustitución.
Art. 1156.-
Los actos que realice en el desempeño
normal de sus funciones crean derechos y
obligaciones en favor o en perjuicio para quien lo nombró.
El
capitán responde de todas las faltas que cometa en el ejercicio de sus funciones.
Art. 1157.- El capitán es el representante legal del armador, y como tal puede actuar en juicio activa y
pasivamente, sin perjuicio de la representación que corresponda al agente
de la
nave.
Art. 1158.-
El capitán realiza en nombre del
armador todos los actos necesarios o
útiles para la seguridad y conservación de la nave, de los pasajeros, de la
tripulación y del cargamento.
Art. 1159.- Queda prohibido al capitán embarcar
en la nave personas o cosas sin el permiso escrito del armador, o de sus agentes o representantes,
según sea el caso, salvo disposición legal en contrario. En caso de violación a
esta prohibición, el capitán debe responder al armador con una indemnización
igual al doble del flete o pasaje que
hubiere percibido.
Art. 1160.- El capitán está obligado a velar por
la realización de las visitas impuestas por la ley o los reglamentos.
Art. 1161.- El
capitán debe mantener a bordo el diario de navegación o bitácora y los
demás libros y documentos exigidos por las leyes, reglamentos y usos del
comercio marítimo, debiendo asentarse en ellos los datos y hechos que las
mismas normas prescriben. Están bajo su
custodia, los instrumentos que registren datos relacionados con la navegación y
los documentos relativos a la
explotación de la nave.
Art. 1162.-
En el diario de navegación o bitácora las anotaciones deben llevar la
firma del oficial de guardia y estar
visados por el capitán de la nave. No deben tener espacios en
blanco ni tachaduras o alteraciones.
Dicho diario de navegación o
bitácora hace fe, hasta prueba en contrario y deben ser puestos a disposición de los
tribunales en caso de requerimiento judicial.
Las
anotaciones también pueden estamparse por medios mecánicos o electrónicos, siempre que
éstos garanticen la fidelidad y permanencia de los datos consignados.
Art.
1163.- Son obligaciones del capitán, sea que las cumpla personalmente o por
miembros de la dotación o del
personal en tierra bajo su mando, las siguientes:
1) verificar, antes de la partida y
durante toda la travesía, la idoneidad y
estado de navegabilidad de la nave y la adecuación de los servicios
de seguridad, de sanidad y de limpieza
correspondientes;
2) velar por la
apropiada manipulación del cargamento en las operaciones de acuerdo con las
estipulaciones convenidas: de carga y descarga, de su arrimo y estiba, así como por su custodia
y conservación, y su adecuada
entrega en el puerto de destino.
3) estar al servicio permanente de la nave;
4) adoptar las medidas conducentes para
recuperar las personas desaparecidas o la carga perdida;
5) acudir en auxilio de vidas humanas
en el mar, aún después de haber participado en un abordaje, excepto cuando ello implique peligro grave para su
nave;
6) evitar los
daños ambientales que pueda
causar la navegación y las actividades de la nave bajo su mando;
7) cumplir con todas las leyes y reglamentos marítimos,
sanitarios, aduaneros, de policía, laborales y demás, que sean aplicables;
8) utilizar los servicios de un práctico cuando la ley,
los reglamentos o el buen sentido lo
indiquen;
9)asentar las anotaciones correspondientes en
los recibos y conocimientos de embarque, de averías, mermas o daños que observe
en la carga y su embalaje o que se
produzcan por su estiba;
10) dar
aviso de inmediato al armador y mientras dure de todo embargo o retención que afecte la nave y tomar las medidas necesarias para el mantenimiento de ésta y de la carga
así como para la debida atención
a los pasajeros;
11) celebrar con la previa autorización
del armador o de su agente, contratos de fletamento o de transporte de
mercancías. Los demás actos o contratos
relativos a la gestión ordinaria de la
nave y al normal desarrollo del viaje,
puede realizarlos por sí sólo;
12) protestar por los accidentes o
daños que sufran la nave o la carga, o de cualquier hecho que pueda comprometer
su responsabilidad, la de sus armadores y propietarios o de la
expedición en su conjunto;
SECCION 2
LOS OTROS MIEMBROS DE
Art. 1164.- Todas las personas contratadas para laborar en el
manejo, maniobras y servicios de una nave y embarcados en ella, integran la
tripulación de la misma.
Art. 1165.- Los derechos y obligaciones de los
miembros de la tripulación se rigen por las
leyes y disposiciones especiales.
Art. 1166.-
Solo pueden ser designados como
tripulantes de una nave quienes cuenten
con la
habilitación de la autoridad competente.
CAPITULO IV
LOS AGENTES Y LOS CONSIGNATARIOS DE NAVE
Art. 1167.-
Agente naviero es la persona
que actúa en nombre de un
armador con el carácter de mandatario a
los fines de la explotación de la nave.
Art. 1168.- El
consignatario de la
nave es la
persona, que actúa, en
representación del armador, o del capitán
para todos los actos o gestiones
concernientes a la admisión, permanencia, salida y atención de la nave en el
puerto de destino y aquellos que sean
necesarios a la tripulación, pasajeros y a las cosas transportadas.
Art. 1169.- Agente de estiba y desestiba es
la persona, que efectúa
en forma total o parcial la
movilización de la carga entre la nave y
el recinto portuario u otros medios de transporte y viceversa.
CAPITULO V
LOS
AUXILIARES DE
SECCION I
EL
PRACTICO
DEL PUERTO
Art. 1170.- El
práctico de puerto es un auxiliar técnico del capitán. Sus
derechos y obligaciones se rigen por leyes especiales.
Art. 1171.- Aún cuando la actuación de un práctico
es obligatoria, el capitán es solidariamente
responsable de los hechos de aquél.
Las acciones originadas en dicha actuación prescribe a los dos años del cumplimiento de las
operaciones.
SECCION 2
LOS
REMOLCADORES
Art.
1172.- Los remolcadores
portuarios actúan bajo la dirección del capitán de la nave remolcada y se rigen
por leyes especiales.
Art.
1173.- Los daños de cualquier índole causados en el
curso del remolque están a cargo de la nave remolcada, a menos que se
establezca la falta del remolcador.
Art.
1174.- Mediante convención expresa y escrita, las partes pueden confiar
al capitán del remolcador la dirección de las operaciones, caso en el cual los
daños quedan a cargo del remolcador, a menos que se compruebe la falta de la
nave remolcada.
Art.
1175.- Las operaciones de
remolque en alta mar se efectúan bajo la dirección del capitán del remolcador. Los daños de cualquier naturaleza sobrevenidos en
el curso de las operaciones están a cargo del remolcador, a menos que se
establezca la falta en la nave remolcada.
Art.
1176.- Las acciones nacidas a causa de las operaciones de remolque
prescriben a los dos años de ocurridas
las mismas.
TITULO III
LAS SEGURIDADES REALES SOBRE LAS
NAVES
CAPITULO I
PRIVILEGIOS MARITIMOS
Art. 1177.- Los siguientes créditos están
garantizados con un privilegio sobre la nave y
gozan de preferencia sobre cualquier otro, aún hipotecario, en este orden de prelación:
1) Por los sueldos y otros valores debidos
al capitán, oficiales y demás miembros de la tripulación en virtud de su enrolamiento a bordo de la
nave, incluidos los gastos de repatriación y las cuotas de la seguridad
social pagaderas a su nombre;
2) Por
indemnizaciones originadas en
muerte o lesiones corporales
sufridas en tierra o en el agua,
en relación directa con la explotación de la nave;
3) Por
recompensas pagaderas a causa del
salvamento de la nave, de sus
pasajeros y de la carga;
4)
5) Por las indemnizaciones debidas por
daños materiales causados por abordaje;
6)
7) Por derechos de puerto y vías navegables y servicio de práctico;
8)
9) Por
responsabilidad en la pérdida
o el daño material causado por la
explotación de la nave, a la carga,
los contenedores y
los equipajes transportados;
10)
Sin
perjuicio de lo indicado más adelante, los privilegios marítimos siguen a la nave
no obstante cualquier cambio voluntario de propiedad, matrícula o
pabellón;
Art.
1178.- Los privilegios marítimos enumerados precedentemente se extinguen por el
transcurso de un
año a menos
que, antes del
vencimiento de ese plazo, la nave
haya sido objeto de embargo conservatorio o ejecutivo.
Dicho plazo de un año
empieza a correr:
a) Con respecto
de los créditos del
inciso 1 del artículo 1177 desde el momento en que haya cesado el enrolamiento del acreedor a bordo de la nave y aquellos
previstos;
b)
en los incisos 2, 3, 4, 5 y 6
desde la fecha del nacimiento de los
créditos;
Ese plazo no
puede ser objeto de ninguna suspensión o interrupción. No obstante, no corre durante el tiempo
que, por disposición de la ley,
no se pueda proceder al embargo conservatorio o ejecutivo.
Art. 1179.- Los privilegios
mencionados precedentemente otorgan
derecho al acreedor para perseguir la nave en poder de quien se
encuentre y hacerse pagar con su
producto preferentemente a los demás acreedores, según el orden establecido en
el artículo 1177. En caso de insuficiencia de las
garantías los acreedores concurren a prorrata.
Estos
privilegios permiten el embargo de la nave en cualquier lugar donde ella se
encuentre, de conformidad a lo
establecido en este título.
No obstante, aquellos privilegios que garanticen créditos por la
recompensa del salvamento de la nave tienen preferencia sobre todos los
demás a
que se afecte la nave antes de
efectuarse las operaciones de salvamento que dieron origen a aquellos
privilegios. Tienen prelación entre sí en el orden inverso del de la fecha de
su origen. Se tienen como originados en la fecha en que se concluyó cada
operación de salvamento.
En
materia de contaminación o para el caso de perjuicios
por derrames de substancias dañinas se rigen por las leyes especiales y las Convenciones Internacionales vigentes.
Art.
1180.- La cesión de un crédito garantizado con un privilegio marítimo o la
subrogación en los derechos del titular del crédito conlleva el traspaso del privilegio y sus derechos.
En caso
de que la garantía sea insuficiente para los acreedores de un mismo
rango estos concurren a prorrata sobre el balance disponible para ello.
Art.
1181.- No pueden constituirse prendas, gravámenes, prohibiciones y embargos
independientemente sobre partes o pertenencias ya incorporadas a las naves.
Art.
1182.- Los acreedores pueden, además,
invocar los privilegios del derecho común, los
cuales solo toman rango después
de las hipotecas, cual que sea el rango de inscripción de éstas.
Art.
1183.- Los créditos derivados de un
mismo acontecimiento se consideran nacidos al mismo tiempo. Los originados por contribución a la avería gruesa ,nacen
en la fecha del acto que las cause; y
por auxilios en el mar,
resultantes en las fechas en que esas operaciones terminaron.
Art.
1184.- Las obligaciones
que garanticen los privilegios marítimos se extinguen por la
confiscación de la
nave pronunciada por
infracción de las
leyes de aduana, de policía o de seguridad y por
la venta de la nave en justicia;
CAPITULO II
LAS HIPOTECAS
Art. 1185.- Las naves pueden
aún en proceso de construcción,
ser objeto de hipoteca,
consentida por su propietario o por
un mandatario de éste provisto de
poder especial legalizado por un notario público.
Art. 1186.- La hipoteca
se constituye por
acta auténtica instrumentada
por notario público. Su registro se opera mediante el depósito de una copia certificada
de dicha acta en el
registro establecido por la ley de lo cual se hace mención en la primera
copia ejecutoria.
Art. 1187.- El acta
de constitución de hipoteca
debe contener:
a) respecto del acreedor y del deudor:
si son personas físicas: el
nombre, las demás generales y los
documentos legales de identidad; si son
personas morales: la denominación
social, su domicilio y las generales de
sus representantes y en todo caso, el domicilio de elección en el lugar del registro en que se inscribe la hipoteca.
b)
c) el importe del crédito garantizado y el
título que lo justifique.
d)
e) las fechas de vencimiento de las
obligaciones en principal y accesorios.
f)
g) los datos de individualización de la
nave contenidas en la matrícula y si está en construcción, los datos necesarios
para su identificación;
h)
i) elección de domicilio de las partes en
el lugar en donde esté establecido el indicado registro.
j)
Art. 1188.- Las hipotecas sólo son oponibles a los terceros a partir de
su registro. Toman rango
de acuerdo con la fecha del mismo.
Las registradas el mismo día
tienen igual rango y concurren entre sí
a prorrata, cual que sea la hora de su registro.
Art. 1189.-
La inscripción conserva el rango
de las hipotecas durante diez años a
partir de su fecha. Su efecto
cesa si no es renovada antes del
vencimiento y garantiza los intereses de dos años y
del año corriente en el mismo rango.
Art.
1190.- La inscripción
es radiada con el consentimiento
del acreedor hipotecario otorgado en la forma de constitución de la hipoteca o
por sentencia judicial con la autoridad
de la cosa juzgada.
Art. 1191.- Los acreedores que tienen
hipotecas sobre una nave siguen a
ésta en cualesquiera manos en que se encuentre para ser colocados y pagados
siguiendo el orden de sus inscripciones.
Art. 1192.- Si
el deudor no cumple con las
obligaciones a su cargo conforme al
acta constitutiva de la hipoteca, el acreedor puede embargar la nave y
venderla en pública subasta conforme
al procedimiento del embargo ejecutivo previsto más adelante.
Art. 1193.- El adquiriente de una nave
que quiera evitar ser perseguido de
acuerdo a las disposiciones de los artículos
1191 y 1192, está obligado, antes de que se inicien los embargos en su contra
o en un plazo de quince días, a partir de su adquisición, a notificar a todos los acreedores inscritos
en el domicilio elegido por ellos en
sus respectivos actos de hipoteca:
a)un
extracto de su título que indique la fecha y la naturaleza del acto de
adquisición; el nombre del vendedor; el nombre,
la especie y el tonelaje de la
nave y las cargas que forman parte del
precio;
b) una certificación del encargado del registro contentivo de la fecha de las inscripciones, los
nombres de los acreedores y los
montos de los créditos inscritos.
El
adquiriente debe declarar en esta notificación
que está dispuesto a pagar inmediatamente las deudas hipotecarias hasta
la concurrencia del precio de su
adquisición, sin distinguir las deudas exigibles de las que no lo
sean. La notificación debe
contener constitución de abogado.
Art. 1194.- Todo acreedor puede
requerir la venta en pública subasta de la
nave, ofreciendo elevar el precio
en un décimo del mismo y dar fianza para garantizar el pago de dicho precio.
El
requerimiento debe ser firmado por el
acreedor, notificado al adquiriente en
los diez días de la notificación hecha por
éste y contener emplazamiento ante el
tribunal de primer grado con
plenitud de atribuciones comerciales del
lugar donde se encuentre la nave, o de su puerto de matriculación, para
oír ordenar que se proceda a la venta en
pública subasta requerida.
Art. 1195.- La
venta en pública subasta
tiene lugar a diligencias del
acreedor que la requiera o del adquiriente en las formas establecidas
para las ventas por embargo ejecutivo.
CAPITULO III
CREDITOS MARITIMOS
Art. 1196.- Crédito
marítimo es toda obligación
derivada de la propiedad, la construcción, la posesión,
la administración o la explotación de una nave
por una cualquiera de las causas
siguientes:
a) Muerte o lesiones corporales causados por
una nave o por la explotación o
administración de ésta;
b) Daños materiales causados por una nave,
ya sea de abordaje o de
cualquier otro modo;
c)
d) Operaciones de asistencia y salvamento;
e)
f) La
remuneración o la indemnización
debida por un acto tendente a
prevenir o a eliminar un posible daño;
g)
h) Pagos por los servicios a la puesta a flote, remoción,
recuperación o destrucción de los
restos de la nave o de su cargamento;
i)
j) La
utilización o el arrendamiento de
una nave según fletamento u otro contrato;
k)
l) Transporte de cargamento
o de pasajeros de la nave;
m)
n) Pérdidas o daños causados a las
mercancías y equipajes transportados en la nave;
o)
p) Servicios por remolque y del práctico
del puerto ;
q)
r) Costos del avituallamiento;
s)
t) Combustibles o servicios suministrados a la nave;
u)
v) Gastos de construcción, reparación y transformación o equipamiento de la nave;
w)
x) Derechos de puerto, y otras vías navegables;
y)
z) Salarios y otros valores adeudados al capitán, los oficiales y demás miembros de
la tripulación de la nave, en virtud de su enrolamiento;
aa)
bb)
Desembolsos hechos por el capitán, el armador, el arrendatario a casco
desnudo, en relación con la nave;
cc)
dd)
Comisiones, corretajes u honorarios de agencia pagaderos por el armador o
el arrendatario a casco desnudo, en
relación con la nave;
ee)
ff) Reclamos litigiosos
relativos a la utilización de la nave, a la propiedad, o el producto de
su explotación;
gg)
Art.
1197.- Las disposiciones de este capítulo no excluyen el ejercicio de
otras medidas cautelares del derecho común que puedan corresponder a un
acreedor para asegurar el resultado de
su acción, o para los casos en que no se trate de un crédito que goce de
privilegio sobre una nave.
CAPITULO IV
LAS SEGURIDADES REALES CONVENCIONALES
CONSTITUIDAS ANTES DE
DE
Art.
1198.- Las seguridades reales convencionales constituidas sobre una
nave, antes de la dominicanización de esta, son
válidas y producen todos sus
efectos en
a) inscritas, registradas o publicadas de acuerdo con la ley de la bandera de la nave y, en
su defecto, del lugar de construcción de la nave.
b)
c) hechos del conocimiento del adquiriente
antes del acto de transferencia de la nave.
d)
e) publicadas de acuerdo con las leyes
dominicanas al momento de la dominicanización.
f)
TITULO IV
EL
EMBARGO CONSERVATORIO DE NAVES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art.
1199.- Tan pronto es notificado
la existencia de una decisión que autorice un embargo, la autoridad del puerto
debe prohibir la partida de la nave.
Art.
1200.- No obstante todo embargo, y en cualquier estado del procedimiento, el
Juez de Primera Instancia puede, estatuyendo en referimiento
autorizar la salida de la nave para uno
o varios viajes determinados.
Para obtener esta autorización, el
requeriente debe depositar una garantía suficiente.
Art. 1201.- El juez de primera instancia fija el
plazo en el cual la nave debe regresar al puerto del embargo. Puede ulteriormente modificar ese plazo según
las circunstancias y si lo considera conveniente, autorizar a la nave a hacer
otros viajes.
Si a la
expiración del plazo fijado, la nave no regresa al puerto, el monto de la
garantía depositada pasa a los acreedores, salvo incidencia que puede tener la
existencia del seguro en el caso de siniestro cubierto por la póliza.
CAPITULO II
EMBARGO CONSERVATORIO
Art. 1202.- En caso de urgencia, y si el cobro del
crédito parece estar en peligro, el juez de primera instancia del puerto donde
se encuentre la nave puede autorizar a
cualquier acreedor sustituir o no cuyo
crédito parezca justificado, en principio, a embargar conservatoriamente
la nave de su deudor.
Art. 1203.- El embargo conservatorio impide la
salida de la nave, aunque no restringe los derechos del propietario.
Art. 1204.- Para todo lo no previsto rigen las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativos al embargo
conservatorio.
TITULO V
EL EMBARGO EJECUTIVO DE NAVES
Art. 1205.- Sólo puede procederse al
embargo ejecutivo de una nave en
virtud de título ejecutorio y veinticuatro
horas después de un mandamiento de pago al propietario notificado a su persona
o en su domicilio, o en
la persona del capitán o de
cualquier oficial de la nave de su agente
naviero o del consignatario
de la nave. Dicho mandamiento
caduca de pleno derecho si durante los 30 días después de su notificación no ha sido seguido de
actuación judicial.
Art. 1206.- El mandamiento de pago debe ser efectuado por un acto de
alguacil que indique el título ejecutivo en virtud del cual se procede e
identifique el intimante, el
crédito, la nave y el deudor.
Art. 1207.- Esta
acta de embargo
es notificada a la autoridades
del puerto, al cónsul del Estado bajo cuya
bandera se encuentre
la nave si lo hubiere y a su capitán.
Art.
1208.- Durante los tres días que sigan al embargo, el embargante debe
notificar al propietario de la nave en las formas indicadas en el artículo 1206
el acta de embargo y citarlo a fecha fija ante el tribunal de primera instancia
para oír ordenar la venta en pública subasta.
El plazo de la comparecencia es de ocho días francos más el aumento en
razón de la distancia, según las reglas del Código de Procedimiento Civil.
Art.
1209.- El alguacil con dos
testigos se traslada a la nave e instrumenta el acta de embargo de la misma; y requiere al capitán o al oficial a cargo el
original de la matrícula de la nave de la
cual debe transcribir el contrato en dicha acta. Además el alguacil establece un guardián que
puede ser el capitán.
Art.
1210.- El acta de embargo debe ser inscrita dentro de los siete días de
su fecha en el registro de la
comandancia del puerto en que se efectuó el embargo. Dicho
departamento debe emitir un estado de las inscripciones
hipotecarias registradas dentro de los siete días siguientes a dicha
inscripción y debe notificarlo en los
casos que correspondan al registro de matrícula de la nave embargada, a expensas del embargante. Por
disposición transitoria mientras
no se establezca por ley especial, el acta de embargo es
inscrita en la comandancia del puerto
correspondiente.
La inscripción del embargo prohibe
al propietario vender la nave e impide nuevas inscripciones, las cuales son inoponibles al embargante.
Art.
1211.- Una vez cumplidas estas
formalidades en un plazo no mayor de ocho (8) días francos a partir de la fecha de emisión de la
certificación indicada en el artículo anterior, el persiguiente debe depositar por ante el tribunal apoderado el pliego de
condiciones que rige la venta en pública subasta junto a
la documentación que justifica la persecución. El tribunal fija en un plazo no
mayor de quince días de la
recepción de dicho pliego el
precio de la primera puja, las condiciones de la venta, la
fecha, hora y lugar de la misma la cual debe celebrarse en un plazo no mayor de treinta ( 30 ) días.
Art. 1212.- La venta
se realiza en audiencia de
pregones por ante el tribunal apoderado, previa fijación por parte del
embargante de un edicto fijado en : a) la puerta principal de la oficina del
registro de la comandancia y de la
autoridad del puerto; b) en un
lugar visible de la nave si es posible; y c) en la puerta principal del
tribunal. Además dicho edicto debe ser
publicado durante tres días consecutivos
en un periódico de circulación
nacional. La última publicación debe efectuarse en un plazo
no menos de quince (15) días antes de la venta.
Art. 1213.- El edicto debe contener las menciones
esenciales del pliego de condiciones que comprende: a) el título y la suma adeudada que son causa del embargo;
b) los datos que individualiza la nave embargada; c) el nombre
y domicilio del deudor; d) el precio
de primera puja y las condiciones de la
venta; y, e) el tribunal, el lugar y la hora de la audiencia de la venta;
Art. 1214.- Las demandas en distracción
son notificadas al embargante, al
embargado y a los acreedores inscritos;
así como al secretario del tribunal
antes de la subasta. Aquellas que
sean interpuestas después de ésta, se consideran como oposiciones a la entrega
del producto del precio de la venta, siempre y cuando se
incoaren en los tres días
siguientes a la
adjudicación. Transcurridos ese plazo no
son admisibles.
Art. 1215.-
El tribunal puede ser apoderado de cualquiera otra contestación
de manera incidental por acta de abogado a abogado con citación a
fecha fija, con por lo
menos tres días antes de la
venta. Todo a pena de nulidad. En tal caso, estatuye sumariamente y en última instancia, antes de
la subasta, sin que pueda resultar ningún retardo de la adjudicación.
Art.
1216.- La audiencia de adjudicación no es objeto de aplazamiento. No puede
acordarse ningún reenvío de la
adjudicación excepto a petición de parte interesada y con la
anuencia del persiguiente. El tribunal debe fijar la nueva audiencia sin exceder de los quince días siguientes
en la forma señalada precedentemente, con diez días a lo menos de
antelación, a la nueva fecha de la venta,
previa una publicación, por una sola vez.
Art. 1217.- Durante los tres días después de la
adjudicación son admisibles las oposiciones en la entrega del precio. Transcurrido ese plazo no son admitidas.
Art. 1218.-
Previa a la subasta, todo subastador debe depositar en dinero en
efectivo o en cheque certificado o de administración expedido por una
institución bancaria establecida en el país, una suma igual al diez por ciento
del precio de la primera puja. Esta suma es imputada al precio de la
adjudicación, en favor del subastador que resulte adjudicatario. Las demás sumas depositadas se devuelven
a los licitadores no favorecidos
en la subasta. La puja ulterior no es admitida en caso de venta judicial de la
nave.
Art. 1219.- El adjudicatario debe depositar el resto de su precio dentro de las veinticuatro
horas de la adjudicación en la secretaría del tribunal a favor del persiguiente bajo
pena de falsa subasta.
Art. 1220.- Al
declarar la falsa subasta a falta de pago o de consignación, el tribunal
fija fecha para que la nave sea
subastada nuevamente después de realizar
la fijación de otro edicto y publicaciones
con tres días de anticipación por cuenta del falso subastador. Este procedimiento se hace a expensas del
falso subastador y además está
obligado a pagar la diferencia del precio, los daños y perjuicios y los gastos.
Art.
1221.- La sentencia que declara la
adjudicación solo es susceptible de ser anulada por demanda principal por ante
el mismo juez que la dictó en caso de
violación esencial a las cláusulas establecidas en el pliego de condiciones y a
las formalidades de la venta en pública subasta.
Art. 1222.-
El ejecutante o el
adjudicatario debe citar
ante el tribunal en los cinco días francos siguientes a la adjudicación,
a los
acreedores en sus domicilios elegidos, a fin de llegar a un acuerdo en
cuanto a la distribución del precio. Si la notificación no fue hecha dentro del plazo indicado puede ser
efectuada por cualquier interesado.
La
convocatoria es fijada en la puerta principal del tribunal y publicada
en un diario de circulación
nacional durante tres días consecutivos. El plazo de la convocatoria es de
quince días.
Art.
1223.- Dentro de los tres días siguientes a la citación indicada en el artículo
anterior los acreedores oponentes deben
presentar sus títulos a la
secretaria del tribunal, a falta de la cual
se procede a la distribución del precio de la venta sin tenerlos en
cuenta. El juez-comisario realiza un
proceso verbal de la distribución amigable del precio y ordena al secretario
realizar el orden de las colocaciones, prevaleciendo el orden de éstas. Si los acreedores están en desacuerdo el juez levanta acta de las pretensiones y contradicciones de los
acreedores quienes en la octava, deben
depositar por ante el secretario del tribunal una demanda de colocación con los
títulos que lo justifican a
requerimiento del más diligente, todos son llamados por ante el tribunal el cual estatuye respeto a todos los
acreedores.
Art. 1224.-
El plazo de la apelación es de
diez días a partir de la
notificación de la sentencia,
aumentado en razón de la
distancia. El acto de apelación debe
contener emplazamiento e indicación sumaria de los medios, a pena de nulidad.
Art. 1225.- En los ochos días siguientes al
vencimiento del plazo de la apelación si este recurso no es interpuesto y si
hay apelación no es interpuesto en los ocho días de la sentencia, el tribunal
que la dicta levanta un estado de los acreedores colocados en principal,
intereses y gastos, los intereses de los créditos útilmente colocados cesan de correr en
perjuicio del embargado.
Art. 1226.- Las costas de las contestaciones no se
toman del dinero a distribuir, salvo los gastos y honorarios del abogado más
antiguo del procedimiento.
Art.
1227.- El tribunal apoderado dicta un auto que indica el orden de colocación
con los montos correspondientes, el cual establece el orden para su pago por el depositario del dinero proveniente de
la venta. Mediante dicho auto el
tribunal autoriza la radiación de las inscripciones de los acreedores no
colocados, a lo cual se procede a requerimiento de las partes interesadas.
Art. 1228.- Cuando la decisión deviene definitiva,
el juez establece el estado de los
acreedores colocados en principal, intereses y gastos, ordenando al Secretario
expedir el orden de colocación.
TITULO VI
LOS CONTRATOS RELATIVOS A LAS
NAVES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1229.-
Los contratos relativos a las naves son el fletamento, el transporte de cosas
y el transporte de personas.
Las
condiciones y los efectos del fletamento son definidos por las disposiciones del presente
capítulo y aquellas establecidas por las partes.
A falta
de estipulación en contrario, se considera
que el contrato de fletamento se refiere a una nave armada y
equipada.
CAPITULO II
EL FLETAMENTO
Art. 1230.- El fletante tiene para el pago de su flete un
privilegio sobre el precio del transporte de la mercancía.
Art.
1231.- El plazo de prescripción de la acciones nacidas
de los contratos de fletamento corre:
a) para el fletamento por viaje, después del desembarque completo de la cosa o
del acontecimiento que determine el fin del viaje.
b) para el fletamento por tiempo y para el
del casco de la nave, después de la expiración de la duración del contrato o de
la interrupción definitiva de su ejecución. Y,
c) para el subfletamento,
en las condiciones reguladas precedentemente, según sea por viaje o por tiempo.
Art. 1232.- La prescripción de las acciones
originadas del contrato de fletamento es
de dos años.
Art.
1233.- El contrato sólo es oponible a terceros a partir de su registro.
Art.
1234.- Los contratos de
fletamento regulados por este capítulo lo son:
1o.- Por tiempo;
2o.- Por viaje, total o parcial;
3o.- A casco desnudo;
Estos contratos tienen por objeto el
uso y la explotación de la nave en las
formas indicadas, de acuerdo
con la póliza de fletamento, contentiva
de las estipulaciones de las partes.
Las partes pueden establecer otras modalidades de fletamento, que se rigen por lo pactado en tales contratos
y se suplen por lo establecido en éste
título. En caso de contradicción, prevalecen las de este capítulo.
Art.
1235.- El contrato de fletamento
es aquel
contrato por el cual una persona, llamada fletante, se obliga a
poner una nave a disposición de otra
denominada fletador, quien se compromete a pagar un precio.
Art. 1236.- El contrato de fletamento debe probarse por escrito
el cual contiene las obligaciones de las partes o por cualquier medio en
que dicha operación se registre. El documento por el cual se celebre el contrato
se denomina póliza de fletamento.
En caso de inexistencia de escrito, el contrato se prueba
por cualquier medio. Las naves de
menos de diez (10) toneladas se rigen por disposiciones especiales.
Art. 1237.- El fletador
puede utilizar la nave o subfletarla en el
transporte de mercancías por mar, salvo prohibición expresa en el contrato,
subsistiendo su responsabilidad para con el fletante por las obligaciones
resultadas del contrato.
Art. 1238.- Si la nave es enajenada, debe cumplirse el
viaje que estuviere en ejecución, en la forma establecida en la póliza
respectiva, sin perjuicio de los derechos del comprador.
Art. 1239.- Los contratos de fletamento deben contener
las siguientes disposiciones generales:
a) Los elementos necesarios
para la individualización de la nave.
b) Los
nombres y generales del fletante y del fletador.
c) El
monto del flete y sus modalidades concernientes a la forma, condiciones, fecha y lugar del pago.
d) La
duración del contrato.
SECCION 1
EL FLETAMENTO POR TIEMPO
Art. 1240.-
El contrato de fletamento por tiempo es aquel por
el cual el fletante se obliga a poner a disposición del fletador durante un
tiempo definido una nave en buen estado de navegabilidad, armada y equipada mediante el pago de un flete.
Art. 1241.-
La gestión náutica de la nave corresponde al fletante y la comercial al
fletador y dentro de ese límite este último
puede ordenar directamente al capitán el cumplimiento de los viajes que
programe, acorde a las estipulaciones del contrato.
Art.
1242.- Aunque el capitán de la nave está bajo las órdenes y dirección del
fletador, éste puede negarse a cumplir
el viaje ordenado por el fletador en los únicos
casos de que expusiera la nave y a la comunidad navegante a un
peligro grave o cuyo cumplimiento prolongue la navegación más allá del término del contrato.
Art.
1243.- El capitán puede recibir órdenes del fletador para el cumplimiento de todo lo relativo al
uso de las bodegas y espacios de la nave, así como sobre la carga, transporte y
entrega de las mercancías.
El
capitán puede también firmar los conocimientos
de embarque y demás
documentación sobre la carga, en nombre y representación del
fletador, sin perjuicio de su
dependencia del fletante, según los términos del contrato de fletamento.
Art. 1244.- Salvo estipulación en contrario, el
fletador debe tomar a su cargo el pago de los gastos portuarios y del
combustible de la nave, así como los originados por la carga y descarga de las
mercancías o por otra actividad a realizar, la limpieza de las bodegas y el
lastre, si fueran necesarios, y de las
comisiones y gastos consulares derivados
de las mercancías cargadas. Así mismo
debe disponer que la carga y descarga de las mercancías se realice de manera
segura, o si se apartan de lo pactado,
debe avisar al fletante, con la debida anticipación, sobre la fecha y puerto de
finalización del fletamento.
Art. 1245.-
Son obligaciones del fletante:
1) Poner
la nave a disposición del fletador en la fecha y lugar convenidos así como mantenerla durante toda la vigencia
del contrato, en buen estado de navegabilidad, apta para las actividades
previstas, armada, equipada y con la
documentación pertinente.
2)Pagar salvo estipulación en contrario los gastos corrrespondientes a la gestión náutica de la nave, tales como
clasificación, remuneraciones y alimentos de la dotación, seguro de casco y
maquinaria, reparaciones y respuestos.
3)Cumplir con los viajes que ordene el
fletador dentro de los términos del contrato y en las zonas de
navegación convenidas.
Art. 1246.-
Son obligaciones del fletador:
1) Pagar el flete pactado en los términos
convenidos durante el período dentro del cual la nave es comercialmente
utilizable; salvo inmovilización por un período mayor de 24 horas; y
2) Pagar
los gastos relacionados o inherentes a la explotación comercial de la nave;
SECCION 2
EL FLETAMENTO POR VIAJE
Art. 1247.-
El fletamento por viaje puede ser total o parcial. Es total cuando el
fletante se obliga a poner a disposición
del fletador, todos los espacios susceptibles de recibir carga en una nave determinada, para
realizar el o los viajes convenidos. Es
parcial, cuando el fletante pone a disposición del fletador uno o más de esos
espacios previamente determinados.
Art. 1248.- Las obligaciones del fletante son:
1) presentar la nave en la fecha y lugar convenidos; así como
mantener la nave durante el viaje en buen estado de navegación, armada y equipada convenientemente para cumplir con
las obligaciones previstas en el
contrato de fletamento; y,
2)
hacer las diligencias que le
correspondan para ejecutar el o los viajes previstos en dicho contrato.
No puede cargar mercancías de terceros sin el previo consentimiento
expreso del fletador.
Art.
1249.- Las obligaciones del fletador son:
1) Pagar el precio estipulado que no se
incrementa por la mayor duración del viaje originado en causa de fuerza
mayor.
2)
3) Tomar a su cargo la carga y descarga de las mercancías que se
transporten, la limpieza de las bodegas y el lastre, si fueren necesarios,
y las comisiones y gastos de puerto,
salvo convenio en contrario.
4)
Art. 1250.- El fletador debe poner a
bordo de la nave las mercancías
indicadas en el contrato de fletamento. Si no lo hace debe pagar no obstante, el flete convenido
para las mercancías previstas.
Art.
1251.- El fletante conserva la gestión náutica y comercial de la nave.
Art.
1252.- En el fletamento por viaje
rige lo siguiente:
1) El plazo y el
cómputo de los días de
trabajo de la estadía o plazo para realizar
la carga y descarga de las mercancías de la nave, se regula según los usos del puerto donde se realicen estas
operaciones o en su defecto por los usos
marítimos.
2) Vencido ese plazo sin haberse
completado la carga o descarga, según corresponda, se prorroga por otro plazo,
nominado sobreestadía, y el fletador
debe abonar por el mismo el monto fijado contractualmente o, en su defecto, por
los usos del puerto.
3) Si la carga o descarga, según
corresponda, se cumple en un plazo menor
del señalado, el fletante debe reconocer al fletador una reducción del
importe a pagar por estadía
proporcional al menor tiempo empleado.
Art. 1253.- En caso de que la nave deba
detenerse definitivamente en el curso de su ruta por una causa no imputable al
fletante, el fletador debe pagarle el flete en proporción a la distancia
reconocida.
Art. 1254.- El contrato queda resuelto, sin
responsabilidad para las partes, si antes de la partida de la nave sobreviene
una prohibición de comerciar con el país de destino u otro acontecimiento de
fuerza mayor que haga imposible la ejecución del viaje.
Art. 1255.- El fletador puede hacer
descargar la cosa antes de llegar al destino indicado en el contrato. En tal caso, debe pagar al fletante el flete completo, así como los gastos
ocasionados en la operación. Tal
facultad se ejerce únicamente en el caso en que haya un solo fletador.
SECCION 3
EL FLETAMENTO A CASCO DESNUDO
Art. 1256.- El fletamento a casco
desnudo es el contrato por el cual una parte llamada fletante, mediante el pago
de un precio, se obliga a colocar a
disposición de otra, denominada fletador,
por tiempo definido, una nave determinada, desarmada,
sin equipo o con un equipo y un armamento incompleto.
En este contrato el fletador tiene el uso, control y
explotación de la nave y contrata
al capitán y la tripulación.
Art. 1257.- El fletador no puede subfletar
a casco desnudo o ceder el contrato, sin la autorización escrita del fletante
- propietario.
Art. 1258.- El fletante debe presentar y entregar al
fletador la nave en la fecha y lugar convenidos, provista de la documentación
correspondiente y en buen estado de navegabilidad. En ese momento se produce el traspaso del uso, el control y la explotación de la nave.
El fletante tiene además a su
cargo las reparaciones y reemplazos
necesarios que se deban exclusivamente a vicios propios de la nave. Cuando la nave se inmovilice por vicios propios no se debe
pago alguno durante el período
de la inmovilización, si excede de
veinticuatro horas.
Art. 1259.- El fletador
asume la gestión náutica y comercial de la nave. En tal sentido está en la obligación de realizar la “ Declaración del Armador” ante la autoridad marítima.
Art.
1260.- Las obligaciones
del fletador son:
1)
Pagar el precio convenido, el cual
se devenga por adelantado, salvo estipulación en contrario.
2)
Restituir la nave al final del
contrato en el estado que la recibió
salvo su deterioro normal.
3)
Hacer las reparaciones y reemplazos
que no sean producto de los vicios propios
de la nave.
4)
Reclutar y pagar la tripulación,
aprovisionar la nave y
contratar los seguros pertinentes
y en general cubrir todos los gastos de
explotación de la nave, incluyendo la reclamación de terceros relacionados con su
explotación.
5)
Art. 1261.- El fletador usa la nave de
acuerdo con las características técnicas de la misma y en conformidad con las
modalidades convenidas en el
contrato, la violación de esta regla es
causa de la resolución del contrato y
de las correspondientes
indemnizaciones a favor del fletante.
Art. 1262.- El contrato de fletamento a
casco desnudo puede terminar por parte del fletante quince días a más tardar
desde que el fletador debió pagar el flete por la parte de éste que se ha
devengado.
Art. 1263.- Si el fletador no entrega
la nave en el término convenido, el fletante tiene derecho, salvo prueba de un
perjuicio mayor, a ser indemnizado con una suma de dinero calculada, para los
primeros quince (15) días, a base del doble del mismo.
SECCION 4
EL SUB-FLETAMENTO
Art. 1264.- El subfletamento es
el convenio entre el fletador y el subfletador por el
cual aquél cede a éste los derechos que tiene en un fletamento. El fletador
permanece obligado a las cargas que asuma originariamente, pues el subfletamento
no significa la sustitución del fletador por el
subfletador
en el contrato de fletamento. El fletador que subfleta
no se convierte en fletante del nuevo subfletador, ya que no posee la calidad de armador. No
puede subfletarse ni cederse un fletamento, sin
previo consentimiento por escrito del
fletante.
El subfletamento
no establece relaciones directas entre el fletante y el fletador.
Art. 1265.- El fletante puede actuar
directamente en contra del sub-fletado por el momento total del flete o hasta la
concurrencia de la parte del mismo que le sea adeuda.
SECCION 5
SOBREESTADIA
Art. 1266.- La sobreestadía es el pago
determinado por el contrato o por la ley, por el uso por parte del fletador de
un tiempo que excede al que es concebido normalmente como necesario para el
embarque o descarga de una nave o para el cumplimiento de ciertas funciones con
él relacionadas.
Art. 1267.- La sobreestadía corresponde pagarla desde el
momento en que ha terminado el tiempo para la carga y descarga. Cuando el
fletador incurre en una falta en el cumplimiento de sus obligaciones dentro del
contrato y cuando no realiza dichas operaciones en el tiempo convenido.
Art. 1268.- Cuando la nave entra en sobreestadía durante
el período de embarque, ésta cesa de correr durante la navegación y se reanuda
desde el momento que el capitán presenta su carta de aislamiento en éste
último.
El fletador no incurre en
responsabilidad por causa de fuerza mayor, caso fortuito, actos de guerra y
actos de Dios.
Art. 1269.- El fletador le corresponde el pago de la sobreestadía que por su falta devengue. Por
excepción, el embarcador deviene responsable cuando en el conocimiento de embarque
existe una referencia en ese sentido y el consignatario, cuando se presenta
como titular del conocimiento de embarque y se incorpora en el contrato.
Art. 1270.- El fletador puede cobrar por un pronto despacho cuando se consagra
expresamente entre las partes.
CAPITULO III
EL TRANSPORTE DE COSAS
SECCION 1
DISPOSICIONES GENERALES
Art.
1271.- Es contrato de transporte
de cosas, el
que se refiere al
traslado de cosas por mar convenido entre dos o más personas y formalizado
ordinariamente mediante un conocimiento de embarque. En este contrato el transportista se compromete,
contra un precio denominado flete,
pagado previamente en el lugar de embarque
o en el puerto de destino a
transportar una cosa de un puerto a
otro. El
conocimiento de embarque prueba el contrato y que el transportista
ha tomado a su cargo las cosas con la obligación de entregarlas contra la
presentación del documento, tal y
como las recibió.
Este contrato se refiere a cosas que
comprenden toda clase de bienes muebles corporales incluyendo a los animales
vivos.
Art. 1272.- El transporte de cosas
comprende según las estipulaciones del contrato el tiempo transcurrido
desde la carga a bordo de la nave hasta
su descarga o desde el período en que las cosas estén bajo la custodia del transportista.
Art. 1273.- Las disposiciones de este
título se aplican a todo transporte de cosas que tenga como partida o destino un puerto
dominicano, sea cual fuere la
nacionalidad de la nave, salvo lo
previsto en tratados internacionales
ratificados por
SECCION 2
EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE
Art.
1274.- El conocimiento de
embarque es un escrito, emitido por el
armador o la persona que lo emite en su
nombre y aceptado por el capitán de la nave en representación del transportista.
Art.
1275.- El conocimiento de
embarque indica el transportista, la
nave, el embarcador, las cosas embarcadas, los puertos de partida y de destino,
identifica el viaje, las fechas de salida y llegada, el consignatario, y
valor de las cosas y las cláusulas del contrato.
Art. 1276.- Las cosas embarcadas deben
ser indicadas en el conocimiento de embarque con las siguientes
especificaciones:
a) las marcas principales de las cosas, tal como han sido formuladas
por escrito y estampados en las mismas
antes de su carga, suficientes para
permitir su identificación y colocadas de manera legible.
b) la cantidad y/o el peso de los bultos u
objetos, tal y como han sido verificados antes de la
carga;
c) el estado y la condición aparentes de
las cosas;
Art. 1277.- Todo conocimiento es
redactado en tantos originales como se mencione sobre cada ejemplar, fechados y
firmados como se indica precedentemente.
Art. 1278.- El embarcador es garante y responsable de
la exactitud de las menciones relativas a las cosas descritas en el conocimiento de embarque conforme a sus declaraciones.
Art. 1279.- El armador
o el capitán de la nave u otro representante puede rehusar inscribir en
el conocimiento de embarque las
declaraciones del embarcador relativas a las marcas, el número, la cantidad, el peso o el estado de las
cosas, cuando no tenga los medios normales para
su control o tenga serias razones para dudar de la exactitud del contenido de
esas declaraciones. La prueba de los daños incumbe al embarcador o al destinatario.
El armador, el capitán de la nave o su representante pueden
hacer reservas en el conocimiento de embarque cuando tengan serias sospechas
para dudar de la exactitud de las declaraciones relativas a la cantidad, el
peso o el estado de las cosas declaradas, a la naturaleza general, las marcas
principales, el número de los paquetes o de las piezas o el peso o la cantidad
de las cosas o cuando no tenga los medios normales para controlar esas
indicaciones, debiendo en tal caso, precisar en el conocimiento los motivos de
estas observaciones.
Art. 1280.- Son nulas y sin efectos
frente a terceros todas las cartas y convenciones por las cuales el embarcador se comprometiere a
indemnizar al armador cuando éste o su representante haya consentido
en entregarle un conocimiento sin reservas. Los terceros pueden prevalerse de
las cartas o convenciones contra el embarcador.
Si la reserva voluntariamente omitida
se refiere a un defecto de la cosa que el armador
conocía o debía conocer a la firma
del conocimiento, este no puede prevalerse de dicho defecto
para eludir su responsabilidad y no se beneficia de la
limitación de la misma.
Art. 1281.- La remisión de un original
del conocimiento al embarcador supone
la entrega de la cosa al capitán de la nave, salvo prueba en contrario. Una
vez ejecutado el conocimiento en virtud de uno de sus originales, los
demás quedan sin ningún valor.
SECCION 3
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
ARMADOR
Art. 1282.- El armador está obligado
a hacer las diligencias necesarias para:
a) tener la nave en buen estado de
navegación;
b) armar, equipar y aprovisionar
debidamente la nave;
c) proceder de manera apropiada y
cuidadosa respecto al cargamento, a la gestión de la nave, a la estiba, a la
guarda, al transporte y a la descarga de las cosas transportadas.
d) entregar las cosas a la autoridad
competente o al destinatario designado en el contrato, según el caso.
Art.
1283.- Ni el armador ni el
consignatario de la nave pueden retener la cosa por falta de pago del flete.
Art. 1284.- A falta de reclamación de
la cosa o en caso de contestación relativa a su entrega o al pago del flete el armador o el capitán de
la nave pueden con autorización del juez competente.
a) hacer vender la cosa para cobrar el flete con
el producto de la venta, salvo que el destinatario preste fianza.
b) ordenar la consignación del sobrante,
si lo hubiere.
Si lo producido de la venta resulta insuficiente, el armador o el capitán de la nave conserva su recurso contra el embarcador, por
la diferencia.
Art. 1285.- La responsabilidad del
armador por las cosas transportadas
cubre el período durante el cual ellas están bajo su
custodia, en mar o en tierra.
Art. 1286.- Se considera que las cosas
están bajo custodia del armador desde el momento en que éste las recibe hasta
que las entrega a la autoridad competente o al destinatario, según sea el caso.
Art.
1287.- El armador es responsable de los perjuicios resultantes
de la pérdida, del daño y del retardo en la entrega de las cosas bajo su
custodia, a menos que provengan de causas de fuerza mayor o hecho fortuito o
hechos que no les sean imputables tales como:
a) de huelgas, paros, paralizaciones o
impedimentos de trabajo, parciales o completas, cualesquiera fueren sus causas.
b) del
vicio propio de la cosa y de la
merma durante el transporte dentro del límite de tolerancia admitido por
los usos.
c) de las faltas cometidas por el
embarcador, especialmente en el embalaje, en el acondicionamiento o en las
marcas de las cosas.
d) de los vicios ocultos de la nave que
escapen de una inspección razonable.
e) de un acto o tentativa de salvamento de
vida o de bienes en el mar o del desvío de la ruta para tales fines.
Art.
1288.- Hay retardo en la entrega
de las cosas cuando esta no es efectuada
en el puerto de descarga en la fecha
prevista en el contrato de transporte,
o a falta de tal estipulación dentro del plazo razonable para un transportista eficiente.
Art. 1289.- Las cosas se consideran
perdidas cuando no son recibidas en su destino por autoridad o persona
competente dentro de los sesenta días siguientes a la fecha prevista de entrega
o a falta de esto, contados a partir de la fecha en que debió llegar la nave al
puerto de destino.
Art.
1290.- En caso de incendio a bordo
el armador es responsable de los daños, pérdidas y
retardo de las cosas, salvo que pruebe que el mismo se produjo por causa de fuerza mayor, casos
fortuito o hechos de terceros que no les sean imputables al armador.
El armador no es responsable cuando el
embarcador no declara la naturaleza inflamable de la mercancía salvo aquellos
casos en los cuales pruebe que era
evidente la naturaleza inflamable de la misma.
Cuando el armador
se haya visto en la necesidad de
prestar auxilios a terceros, no es responsable,
salvo el caso de avería gruesa, cuando el daño, pérdida o
retardo sean consecuencias de la toma de
medidas adecuadas al salvamento de vidas humanas y cosas en el
mar.
En el caso de animales, el armador no es responsable cuando
pruebe que cumplió con todas las
instrucciones especiales dadas por el
embarcador y que tales pérdidas, daños o retardos
son atribuibles a los riesgos inherentes a este tipo de transporte.
SECCION 4
CARGA
SOBRE CUBIERTA
Art. 1291.- El armador solo puede
transportar cosas sobre cubierta cuando así lo exijan las normas legales
vigentes o en virtud de un acuerdo por escrito con el embarcador o a falta de
tal acuerdo cuando lo permitan los usos del comercio.
Cuando las cosas son conducidas en
contenedores a bordo de una nave apta para el transporte de éstos, se
presume el acuerdo previo a que se refiere
el párrafo anterior, excepto que se pruebe lo contrario.
Art.
1292.- Cuando las cosas han sido transportadas sobre cubierta sin
autorización del embarcador y el armador
no puede probar dicha autorización,
éste es responsable de la pérdida o daño que sufran las cosas, así como
del retardo en su entrega, siempre que sean consecuencia
del transporte sobre cubierta.
SECCION 5
RESPONSABILIDAD DEL ARMADOR Y EL ARMADOR EFECTIVO
Art. 1293.- El
armador es
siempre responsable de la totalidad del transporte convenido, aún cuando la ejecución del
transporte o de una parte del mismo,
haya sido encomendada a un armador efectivo, quien es responsable solidariamente
con aquél de las acciones u omisiones que en el ejercicio de sus funciones
puedan incurrir, incluyendo los de sus
dependientes y agentes.
SECCION 6
TRANSPORTE CON FACULTAD PARA TRANSBORDAR
Art. 1294.- En caso de interrupción del
viaje el armador debe, a pena de daños y perjuicios, hacer las diligencias
necesarias para el trasbordo de las cosas y su transporte hasta el destino previsto. Esta obligación
pesa sobre el armador cual que sea la causa de la interrupción.
Art. 1295.- Cuando en un contrato de transporte se estipule que una parte del mismo va a ser
ejecutado por una persona
distinta del armador, puede convenirse que éste
no es responsable de los daños, pérdidas o retardo de la entrega de las
cosas cuando
son causados por un hecho ocurrido bajo la
custodia de un armador efectivo expresamente nominado. En todo
caso el armador efectivo es el responsable.
Art. 1296.- En los casos de trasbordo, los gastos y fletes adeudados por la
realización del traslado y transporte de las cosas están a cargo del embarcador siempre que la interrupción se deba a
una causa no imputable al armador, en
los demás casos quedan a cargo de este
último. En uno u otro caso, el armador conserva su derecho al pago completo del
flete.
SECCION 7
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMBARCADOR
Art.
1297.- El embarcador
debe hacer una declaración exacta de las cosas y presentarlas
al armador en el tiempo y en el lugar convenidos o
determinados por los usos del puerto de embarque.
El embarcador es responsable de la pérdida sufrida por el armador transportador, o del daño sufrido por
la nave, cuando estos hayan sido causados por culpa o
negligencia del embarcador. Es además
responsable de los daños causados a otras
cosas por su falta o por el vicio
propio de la carga.
Art. 1298.- El embarcador debe pagar el flete al efectuarse la carga, salvo que el
mismo sea pagadero a destino, en cuyo caso, el
destinatario debe pagar el flete al aceptar la entrega.
Art. 1299.- En el caso de cosas peligrosas, el embarcador
debe señalar, de manera adecuada,
mediante marcas o etiquetas, las cosas que tengan esa característica e informar
al armador dicho carácter peligroso
y las precauciones que deben tomarse. En caso de que el embarcador omita estas informaciones es responsable de
los perjuicios resultantes de dicho embarque.
Al percatarse de tal situación el armador puede
descargar las cosas, destruirlas o transformarlas en inofensivas, según
requieran las circunstancias.
SECCION 8
EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES
Art. 1300.- La recepción material de la cosa
transportada, ya sea por parte de la autoridad o del destinatario, extingue toda acción por avería particular o pérdida
parcial, si dentro de los treinta días subsiguientes, el destinatario, el embarcador o cualquier persona que
actúe por cuenta de ellos, no notificare su protesto al
armador por acto
de alguacil o por cualquier medio del cual quede constancia de que fue recibido en
tiempo oportuno.
Art. 1301.- Si
antes de la recepción o dentro de los treinta días siguientes a la misma, una
de las partes solicita la realización de un experticio privado
o judicial, dicha solicitud vale
protesto, sin que haya lugar a proceder conforme se ha dicho precedentemente.
Art. 1302.- Las
acciones contra el armador relativas al transporte de cosas por pérdidas,
averías o retardo en la entrega prescriben a los dos años. Este plazo comienza el día en que el armador haya
entregado las cosas o partes de ellas o, en
caso de que no se hayan entregado, el último día en que debió recibirse.
Las acciones recursorias de la
persona perseguida como responsable pueden ser intentadas después del
vencimiento del plazo anterior, en un plazo de tres meses a partir del día
que la persona que la incoe haya
satisfecho la reclamación o haya sido emplazada con respecto a la acción ejercida contra ella.
Art. 1303.- Las
acciones contra el embarcador y el
destinatario, prescriben a los dos años.
Art.. 1304.- Las acciones nacidas de un contrato de transporte de cosas deben
ser intentadas:
a) ante las
jurisdicciones competentes conforme a las reglas del derecho común;
b) ante el
tribunal del puerto de la carga o descarga, si el uno o el otro se encuentran
en territorio dominicano.
CAPITULO IV
EL TRANSPORTE DE PASAJEROS
SECCION 1
EL CONTRATO
Art. 1305.- Por
el contrato de transporte de pasajeros, el
armador se compromete a transportar por mar, en un trayecto
definido, mediante el pago del precio del pasaje. Las obligaciones de las partes se constatan
en el boleto de viaje.
Art. 1306.- Las disposiciones que siguen no pueden
ser derogadas en perjuicio de los pasajeros, salvo los que se exceptúan
expresamente más adelante.
Las
disposiciones siguientes no se aplican al transporte benévolo, a los
polizontes, a las naves de guerra ni a las naves del Estado exclusivamente
afectadas al servicio público. Sin embargo, son aplicables al transporte
gratuito que realice una empresa de transporte marítimo.
Art. 1307.- El
armador debe entregar al pasajero un boleto
de viaje que contenga las indicaciones necesarias para identificar a las
partes del contrato; el viaje convenido
con los datos que individualizan la
nave; las fechas y los puertos de salida y llegada y, si ha lugar, las escalas
previstas y el precio del transporte; la clase y número del camarote, salvo que
se trate de un transporte gratuito.
Art. 1308.-
Estas disposiciones no se aplican a las naves de menos de diez toneladas de
arqueo bruto ni a las embarcaciones que efectúen servicios
portuarios u otros servicios regulares en zonas delimitadas por la autoridad
marítima. En tales casos el boleto puede ser reemplazado por un
comprobante que indique el nombre del
armador y el servicio a efectuar.
Art. 1309.- El
pasajero no puede, salvo acuerdo con el armador, ceder el beneficio de su
contrato a un tercero.
Art. 1310.- El
pasajero debe presentarse a la partida en las condiciones fijadas en el boleto
de viaje o en el comprobante. En caso
de retardo o renuncia del viaje por el pasajero
este continúa siendo deudor del precio del pasaje.
Art. 1311.- En caso de impedimento por fuerza
mayor o por la muerte del pasajero, el contrato queda resiliado por aviso
dado antes de la partida, por el pasajero o sus causahabientes. En estos casos sólo se debe la cuarta parte
del precio del pasaje.
Las mismas
disposiciones se aplican a los
familiares de pasajeros impedidos o fallecidos, que
debían viajar con estos cuando aquellos
lo soliciten.
Art. 1312.- Los acontecimientos que sobrevengan al
pasajero una vez iniciado el viaje no tienen incidencia sobre sus obligaciones.
Art. 1313.-
Si la nave no puede partir por una causa no imputable al armador, el
cual, sin embargo, debe al pasajero una indemnización igual a la mitad del
precio del pasaje, si no prueba que el acontecimiento no le es imputable.
Art. 1314.- Si el armador no hace las diligencias
necesarias, toda modificación importante
en los horarios, en el itinerario o en las escalas previstas, dan derecho al
pasajero a demandar la resolución del contrato y la reparación de los daños y
perjuicios que sea procedente.
Art. 1315.- A
menos que el armador pruebe que la interrupción prolongada del viaje se debe a
una causa que no le es imputable, el contrato queda resiliado
y el armador está obligado a reparar al pasajero los daños y perjuicios que
éste sufra, salvo que el armador facilite el transporte del pasajero a su
destino en una nave de la misma calidad y con pasaje de la misma clase.
Art. 1316.- En
caso de una interrupción del viaje,
mientras dure la misma el armador debe
proporcionar el pasajero alojamiento adecuado y cubrir los gastos de
alimentación.
Art. 1317.- Los pasajeros están sometidos a la
disciplina de a bordo.
Art.
1318.- Para las acciones derivadas del
contrato de transporte de pasajeros el tribunal competente es el del puerto de
partida o el del puerto de llegada, cuando uno u otro estén situados en
territorio dominicano.
SECCION 2
Art.
1319.- El armador está obligado a mantener la nave en buen
estado de navegación, armada equipada y aprovisionada adecuadamente para el viaje a realizar, y
hacer todo lo necesario para
garantizar la seguridad de los pasajeros.
Art.
1320.- Si se establece que el armador
violó las obligaciones puestas a su cargo en el artículo precedente, o que el o sus dependientes cometieron alguna falta está obligado a reparar los daños y
perjuicios causados al pasajero como consecuencia de los accidentes sufridos ocurridos en el curso del viaje o
durante las operaciones de embarco o desembarco, en los puertos de partida, de destino o de escala.
Art. 1321.- El
armador es responsable de la muerte o de las heridas de los pasajeros por causa
de naufragio, abordaje, encalladura, explosión, incendio o de cualquier otro
siniestro salvo si prueba que el
accidente no se debió a su falta ni a la de sus dependientes.
Art. 1322.- El armador es responsable de los daños causados por el
retardo provocado por la inobservancia de las obligaciones indicadas en el artículo
1282.
Art. 1323.- Son
aplicables al transporte marítimo de pasajeros los artículos 696 y 697 de éste
Código relativos al transporte de personas.
Art. 1324.- La acción en
responsabilidad contra el armador o sus dependientes prescribe a los dos años, contados a partir del día de desembarco
del pasajero o de aquel en que debió tener lugar.
En caso de
muerte del pasajero con posterioridad al desembarco, el plazo corre desde el día de la muerte, sin que pueda exceder
de tres años, contados a partir de la fecha del desembarco o del día en que
éste debió tener lugar.
SECCION 3
EL EQUIPAJE
Art. 1325.- El
armador debe expedir constancia del recibo por el equipaje
registrado y es responsable del equipaje
y de los vehículos de uso personal registrados por el pasajero en los límites establecidos para el transporte de cosas.
No hay lugar a
limitación alguna de responsabilidad en cuanto a los bienes preciosos
depositados por el pasajero en manos del capitán o del comisario de abordo, cuyo valor haya sido declarado
previamente por el pasajero.
El armador es
responsable de los efectos personales y del equipaje llevados por el pasajero, sólo en el caso que se pruebe la existencia de
los mismos y que su pérdida o su avería fue provocada por la falta del
armador o la de
sus dependientes.
Art. 1326.- Los
créditos del armador surgidos en ocasión del contrato de transporte son privilegiados sobre el precio de
la venta del equipaje y de los vehículos registrados de uso personal del
pasajero.
Art. 1327.- Las acciones nacidas en ocasión
del transporte de equipajes prescribe a
los dos años a partir del desembarco de los pasajeros o del día en que debió
tener lugar.
SECCION 4
LOS CRUCEROS
Art. 1328.- Los
organizadores de cruceros deben entregar a cada pasajero o grupo de ellos, a
pena de nulidad del contrato, los
boletos de pasaje y los talonarios de cupones de la gira. Únicamente el pasajero puede hacer valer esa
nulidad.
Art. 1329.- El
boleto del pasaje, debe contener las menciones siguientes: a) el nombre,
domicilio y dirección exacta del organizador de la gira; b) el nombre y la
dirección del pasajero o su representante; c) los datos de individualización de
la nave; d) la clase, el número de camarote y
el precio del viaje, así como de los gastos incluidos en él; e) los
puertos de salida, escala y de entrada; f) las fechas previstas para la
partida, las escalas y la llegada; g) los servicios accesorios prometidos al
pasajero.
Art. 1330.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que figuran en los títulos de la gira compromete la
responsabilidad de su organizador.
Art. 1331.- El organizador de la gira es
personalmente responsable de los daños sufridos por los pasajeros o por sus
equipajes.
Si el daño resulta de la inejecución
del contrato de transporte marítimo, el organizador de la gira es responsable
en las condiciones y en los límites de los artículos 1320 y 1321.
SECCION 5
LAS VENTAS MARITIMAS
Art. 1332.- Las ventas llamadas comúnmente ventas
marítimas se rigen por las disposiciones de
TITULO VII
ACONTECIMIENTOS DEL MAR
CAPITULO I
EL ABORDAJE
Art. 1333.- Abordaje es la colisión de una
nave con otra u otras o con cualquier
cosa, y cuando los efectos de la ola de desplazamiento de una nave
ocasionan daños a otra u otras naves, personas y cosas.
Art. 1334.- En caso de abordaje, las
indemnizaciones debidas en razón de los daños causados a las naves, a las personas o a las cosas, están reguladas
conforme al presente título, sin
tener en cuenta las aguas en las cuales sucedió el hecho.
Art. 1335.- Si el abordaje entre dos o
más naves es causado por fuerza mayor o caso fortuito o si hay
dudas sobre la causa del accidente, los daños son soportados
individualmente por quienes lo han sufrido.
Si el abordaje es consecuencia de una falta del capitán, del piloto o de la tripulación
de una de las naves la reparación de los daños está a cargo del armador de la nave responsable. Si el daño es imputable a dos o más naves, el total de la responsabilidad de los perjuicios es soportado por el armador de cada una de
ellas, en la proporción de la falta que
corresponda a cada nave, y de no poder determinarse, la responsabilidad es dividida en partes iguales.
Art. 1336.- Los responsables por muerte
o lesiones producidas en el abordaje, están obligados solidariamente al pago de
tales indemnizaciones, sin perjuicio del derecho a accionar contra el que lo haya hecho, en exceso de su cuota,
conforme la proporción de la falta de cada nave.
Art. 1337.- Las disposiciones que
anteceden son aplicables a la reparación de los daños que por ejecutar o dejar
de ejecutar una maniobra o por no observar los reglamentos, una nave cause a otra, a las personas o a las cosas que se encuentren a bordo, o a las demás cosas, aún cuando no
haya habido abordaje.
Art. 1338.- Las acciones en reparación
de los daños derivados del abordaje prescriben a los dos años del hecho. Las
acciones recursorias
precriben al año del pago. Este plazo no
corre si
la nave no ha podido ser
aprehendida en aguas de jurisdicción dominicana.
Art. 1339.- La responsabilidad de los
daños causados por las naves que, con cualquier propósito empleen,
transporten o derramen combustibles, sustancias inflamables o
radiactivas, que provoquen contaminación ecológica, se rigen por disposiciones especiales, por los tratados o convenciones de los cuales sea parte
Art. 1340.- Las acciones como
consecuencia del abordaje son sometidas
por ante el tribunal competente conforme el derecho común o ante el tribunal
del puerto donde la nave responsable se encuentre, a elección del
demandante.
CAPITULO II
Art. 1341.-
La arribada forzosa es la entrada necesaria de la nave por causas graves a un
puerto o lugar distinto al de la escala o término previstos para el viaje.
Art. 1342.- Los gastos de una arribada forzosa
constituye avería gruesa si es realizada
en interés común de la nave, de las personas y de la carga. En los demás
casos, están a cargo del interesado, que requiera la arribada, sin perjuicio de las acciones que correspondan contra los responsables, por los hechos que
motiven dicha arribada forzosa.
CAPITULO III
ASISTENCIA A OTRA NAVE O A BIENES EN
PELIGRO
Art. 1343.- La operación de asistencia
es toda actividad emprendida para ayudar
una nave en peligro, sin importar
las aguas donde esto ocurra.
Art. 1344.- El capitán puede celebrar contratos para
obtener asistencia a favor de la nave y de las personas y demás bienes que estén bajo
su custodia y se encuentren en peligro.
El armador de la nave asistida a quien
se presta ayuda responde por todos los
derechos que resultan de su actividad.
Todo lo anterior es sin perjuicio del
derecho del armador de la nave asistida, para reclamar el
reembolso que fuere procedente a los beneficiados u obligados por la
asistencia prestada.
Art. 1345.- Este capítulo
se aplica a toda operación de
asistencia excepto, a los auxilios a buques de guerra u otras naves afectados
en servicio oficial y al rescate de restos náufragos los cuales se rigen por
disposiciones especiales.
Art. 1346.- El capitán de una nave en peligro, está
obligado a adoptar oportunamente
todas las medidas pertinentes para obtener asistencia y cooperar plenamente
con la asistencia durante las operaciones y
hacer todo lo posible para evitar o disminuir el daño a la nave, a las
personas, demás bienes y al medio
ambiente.
Art. 1347.- El capitán de la nave o armador debe
solicitar de inmediato asistencias en los casos en que la nave, por su estado o
el lugar en que se encuentre, ponga en peligro o
pueda constituir un obstáculo para la navegación, la pesca, la preservación del medio ambiente
u otras actividades marítimas o ribereñas.
Así mismo debe pedir o aceptar
otra asistencia cuando razonablemente parezca que el que está
efectuando dicha operación, no puede
completarla sólo o dentro de un tiempo prudencial o sus equipos son
ineficientes.
Art. 1348.- Todo acto de asistencia que haya conducido a un resultado útil da
derecho a una remuneración equitativa. Sin embargo, no se debe remuneración si
la asistencia prestada no tiene
resultado útil. En ningún caso, la suma a pagar puede ser mayor que el valor de
las cosas salvadas.
Art. 1349.- No tienen derecho a
remuneración alguna, las personas que han tomado parte en las operaciones de
asistencia, no obstante prohibición expresa y razonable de la nave asistida.
Art. 1350.- El asistente de la nave en peligro, cuando
las circunstancias lo requieran, debe pedir ayuda de otros asistentes disponibles y aceptar otros intervinientes
cuando así lo pida el capitán de la nave
asistida, sin que esta asistencia afecte su
remuneración, si se demuestra que la misma no era necesaria.
Art 1351.- Todo capitán dentro de sus posibilidades, está obligado a prestar auxilio a cualquiera
naves o personas que se encuentren en
peligro en el mar. El armador de la nave no es responsable por el
incumplimiento de esta obligación del capitán.
Art. 1352.- La remuneración por asistencia es fijada por el acuerdo de las
partes o en su defecto, por el tribunal
competente, según la circunstancia, y tiene como base:
a) en
primer lugar, el éxito obtenido; los esfuerzos y el mérito de quienes
hayan prestado la asistencia; el peligro corrido por la nave asistida, por sus
pasajeros y su tripulación, por su cargamento, por los asistentes y por la nave asistente; el tiempo empleado,
los gastos y daños sufridos y los riesgos de responsabilidad y otros incurridos
por la asistencia; el valor del material expuesto por ellos, teniendo en
cuenta, si es el caso, el uso especial que se da a la nave asistente; y
b) en segundo lugar, el valor de las cosas
salvadas, el flete y el precio del pasaje.
El tribunal competente puede reducir o
suprimir la retribución, si se establece que los asistentes han hecho necesaria la
asistencia por su falta, o sean hechos culpables de de robos, ocultamientos u
otros actos fraudulentos;
Art. 1353.- No se debe remuneración alguna por las personas
salvadas. Los salvamentos de
personas tienen derecho a una parte
equitativa de la remuneración acordada a los asistentes de la nave y al cargamento en ocasión de los mismos
peligros.
Art. 1354.- La acción en pago de la
remuneración a que se refieren los artículos anteriores prescribe a los dos
años, a partir del día en que se terminen las operaciones de asistencia. Sin embargo, dicho plazo no corre, cuando la
nave asistida no haya podido ser aprehendida en aguas sometidas a la
jurisdicción dominicana.
CAPITULO IV
LAS AVERIAS
SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1355.-
Se entiende por avería todo daño que sufra la nave o las cosas transportadas en
ella, desde que son recibidas por el
armador, hasta su entrega.
Art. 1356.- Las
averías se clasifican en simples o particulares y gruesas o comunes.
Art. 1357.- A falta de estipulación
expresa entre las partes,
se rigen por las disposiciones de éste capítulo.
SECCION 2
Art. 1358.- Son averías simples o particulares aquellas que no se clasifican
como comunes.
El propietario de la cosa que hubiere
sufrido el daño o por aquel que ha realizado el gasto soporta la avería
particular, sin perjuicio de su derecho para perseguir las responsabilidades,
reembolsos e indemnizaciones que
correspondan. Se rige por las disposiciones
correspondientes al transporte de cosas.
SECCION 3
A.-
Art. 1359.- Constituye avería gruesa o común, los
sacrificios hechos y los gastos
extraordinarios e imprevistos, efectuados o contraídos intencional y
razonablemente ante un peligro inminente, con el objeto de preservar en un salvamento los intereses
apremiantes en la expedición marítima.
Art. 1360.- La decisión de adoptar
medidas que constituyan avería gruesa o común, corresponde exclusivamente al
capitán de la nave o a quien haga sus veces, el cual, atendidas las
circunstancias del caso, puede recoger las opiniones de los representantes de
la carga, si estuvieren presentes. Dicha decisión es asentada en el libro
bitácora de la nave conteniendo la
fecha, hora y lugar del acontecimiento, las medidas ordenadas por el capitán y
sus fundamentos, debiendo éste presentar
una declaración o extracto por ante la autoridad marítima del primer puerto que
arribe.
Art. 1361.- Todo gasto suplementario, en que se incurra para evitar una
pérdida, o daño así como todo desembolso que sea calificable como avería gruesa, es también admitido como tal,
hasta concurrencia del monto del gasto economizado o de la pérdida evitada, según corresponda.
Art. 1362.- La prueba del daño o del
gasto calificado como avería gruesa le
corresponde a quien lo reclama.
Art. 1363.- Las averías gruesas están a
cargo de la nave, del flete y de las
mercancías que existan en ella al tiempo de producirse aquellas.
Art. 1364.- La nave contribuye en
proporción a su valor en el puerto donde termina el viaje, aumentado si ha
lugar, por el monto de los sacrificios sufridos.
El flete bruto y el precio del pasaje
no cobrado por cualquier causa contribuyen con las dos terceras partes.
Las cosas objeto del transporte
sacrificadas o salvadas contribuyen en proporción a su valor comercial, real o
supuesto, en el puerto de descarga
Art. 1365.- El monto de los daños o perjuicios admitidos en avería gruesa es
determinado, en cuanto a la nave, en el
puerto donde termina el viaje, igual al valor de las reparaciones de los
sacrificios sufridos, calculados en base a su costo real, si han sido efectuados,
o de un costo estimado si no lo han sido.
Art. 1366.- El monto de los daños o
pérdidas a admitir en avería gruesa es determinado, en cuanto a las cosas, en
el puerto de descarga, igual al costo de los sacrificios hechos, calculados en
base a su valor comercial, en buen estado, en el mismo puerto.
Art. 1367.- Las cosas declaradas por un
valor menor a su valor real contribuyen en proporción a su valor real, pero su
pérdida o avería solo da lugar a su consideración en averías comunes en
proporción a su valor declarado.
Art. 1368.- Hay
lugar al ajuste de avería gruesa aún cuando el sacrificio o el gasto resulte de
una falta cometida por una de las partes comprometidas en el viaje, salvo
el recurso contra aquél a quien la falta
sea imputable.
A. EL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR AVERIA
GRUESA Y PARA IMPUGNAR SU LEGITIMIDAD
Art. 1369.- El ajuste de la avería
gruesa debe ser efectuado por peritos
liquidadores con experiencia en el área. De no haberse convenido previamente o
no estar de acuerdo las partes con su designación, cualesquier de los
interesados puede solicitar su nombramiento
por ante el juez de primera instancia del puerto donde termina la
descarga. Si el puerto está situado
fuera de
Art. 1370.- El capitán de
la nave debe declarar la avería
gruesa, y en ausencia de un proceso pericial convenido por las partes,
cualquier interesado en ella, a
más tardar de los seis meses contados de
la llegada de la nave o de la descarga, puede solicitar al juez competente,
para que se pronuncie sobre la existencia de la avería gruesa. Dentro de los sesenta días contados desde la declaración de avería gruesa o desde la
suscripción de su compromiso, puede cualquier interesado impugnar ante el mismo
juez la existencia de la avería gruesa.
Art. 1371.- Todas las partes involucradas deben ser notificadas a fin de comparecer al juicio para declarar
avería gruesa o para impugnar la existencia de la ya declarada. El juez conoce del caso en única instancia.
B.
Art. 1372.- El perito debe informar por escrito a todos los interesados el
resultado de su liquidación conteniendo por lo menos el monto total de los
valores admitidos en avería gruesa, la cantidad de la avería sufrida por cada
contribuyente y la
proporción de la contribución establecida en este capítulo. En caso de
no objetar dentro de los cuarenta y cinco días de la
recepción de la comunicación de la liquidación, el interesado queda obligado al pago
de la cuota de contribución.
Art. 1373.- El procedimiento de
objeción se efectúa conforme el
artículo 1367. Cuando se acojan las objeciones, en la misma
sentencia se designa un nuevo perito indicando los puntos a que debe referir su dictamen. Después de rendido el informe pericial el
juez decide.
Art. 1374.- El armador o el capitán de
la nave no está obligado a entregar las mercancías
mientras no se pague el importe de la contribución o se garantice su pago.
Puede solicitar el depósito de las mercancías en tierra por cuenta de quien
corresponda, hasta que se dé cumplimiento al pago o a la garantía mencionada.
TITULO VIII
El CONTRATO DE TRANSPORTE COMBINADO Y
MULTIMODAL
Art. 1375.- El contrato de transporte
marítimo combinado es el realizado por
varios armadores en dos o más naves, bajo un solo conocimiento de
embarque.
Art. 1376.- El contrato de transporte multimodal es aquel en virtud del cual un operador se compromete, ejecutar o hacer ejecutar el transporte de mercancías convenido contra el
pago del flete.
Art. 1377.- El operador de transporte multimodal es quien celebra el contrato que comprende el
transporte realizado por los diferentes medios previstos y es responsable de su
ejecución como transportista.
Art. 1378.- El documento de transporte multimodal firmado por el
operador de este transporte hace
prueba de este tipo de contrato, acredita que el operador ha tomado las
mercancías bajo su custodia y se compromete a trasladarlas y entregarlas de
conformidad con las cláusulas de dicho contrato.
Art. 1379.- El expedidor es toda persona que celebra
un contrato con el operador para el transporte multimodal de mercancías.
Art. 1380.- El documento de transporte multimodal además de
las especificaciones indicadas en los artículos 1274 y 1275 del capítulo III,
sección 2 de este Código relativos al
conocimiento de embarque, debe contener el lugar y la fecha en que el
operador de transporte multimodal tome las mercancías
bajo su custodia; el itinerario, los
modos de transporte y los puntos de trasbordo previstos si se conocen en el
momento de su emisión o las facultades acordadas al operador para determinar
dichos puntos.
La
omisión en el
documento de transporte multimodal de uno o
varios de los datos indicados en el presente artículo no afecta la naturaleza
jurídica del mismo.
Art. 1381.- Las responsabilidades del
contrato de transporte marítimo de
mercancías son aplicables al transporte multimodal durante el período en que las mercancías están
bajo custodia del operador.
Art. 1382.- La responsabilidad del operador de transporte
multimodal no excluye la responsabilidad de los otros
transportistas que aporten los diversos modos de transportes empleados en
virtud de contrato con el operador. Cada
una de estas personas son solidariamente responsables con el
operador de las pérdidas, daños o
retardo de las mercancías durante el
trayecto a su cargo, pudiendo accionar contra el operador del
transporte multimodal o contra los transportadores
responsables de aquellos hechos que paguen en ocasión de una etapa del trayecto
no efectuado por éste.
TITULO
IX
LOS SEGUROS MARITIMOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1383.- Los contratos del seguro marítimo tienen por
objeto garantizar los riesgos relativos a las operaciones marítimas.
Art. 1384.- El contrato de seguro debe
pactarse por escrito, y se comprueba por
una póliza la cual debe indicar:
a) el lugar y la fecha de suscripción;
b) el nombre, generales y el domicilio de las partes contratantes;
c) las cosas o el interés asegurado;
c) los riesgos asegurados y los excluidos;
d) el tiempo y el lugar de esos riesgos;
e) la suma asegurada;
f) la prima;
g) la cláusula a la orden del portador, si
fuere convenida;
Art. 1385.- Todo interés legítimo incluyendo el beneficio esperado puede ser objeto de seguro. Nadie
puede reclamar el beneficio de un seguro si no
ha experimentado un perjuicio.
Art. 1386.- El presente título no es
aplicable a los contratos de seguro que tengan por objeto garantizar los
riesgos relativos a la navegación de recreo.
CAPITULO II
REGLAS COMUNES A LOS DIVERSOS SEGUROS
MARÍTIMOS
CONCERTACION DEL CONTRATO
Art. 1387.- El seguro no produce efecto
alguno cuando los riesgos no han comenzado dentro de los dos meses del
compromiso de las partes o de la fecha
fijada para cargar la nave.
Esta disposición no es aplicable a las pólizas flotantes, salvo
para el primer riesgo ni a los casos en
que el embarque deba ser hecho en un puerto extranjero.
Art. 1388.- Cualquier omisión o
declaración inexacta del asegurado que pueda disminuir sensiblemente la
opinión del asegurador sobre el riesgo,
haya influido o no sobre el daño o sobre la pérdida de la cosa asegurada, anula
el seguro a demanda del asegurador.
Sin embargo, si el asegurado
prueba su buena fe, el
asegurador es, salvo estipulación
más favorable para el asegurado, responsable del riesgo en proporción a la
prima percibida en relación con la que
debe pagar, salvo el caso en que el asegurador pruebe que
de haber conocido esos riesgos no los
hubiere asegurado.
En caso de fraude del asegurado, la
prima queda en beneficio del asegurador.
Art. 1389.- Cualquier modificación en
el curso del contrato, de lo convenido
al momento de su concertación o del objeto asegurado, que tenga como resultado una
agravación sensible del riesgo, produce la resiliación
del seguro, si no es declarada al asegurador dentro de los tres días laborales subsiguientes a aquel en que el
asegurado ha tenido conocimiento de
ella, a menos que el asegurado
pruebe su buena fe. En este caso se
aplican las disposiciones del segundo párrafo del artículo anterior.
Si la agravación no se debe al hecho
del asegurado, el seguro continúa
vigente mediante un aumento en la prima, proporcional al incremento del riesgo
sobrevenido.
Si la agravación resulta del hecho del
asegurado, el asegurador puede resiliar el contrato
dentro de los tres días subsiguientes al momento en que lo conozca, así como retener la prima percibida o exigir un
aumento de ella, proporcional al
incremento del riesgo ocurrido.
Art. 1390.- Todo seguro concertado
después del siniestro, o después de la llegada de las cosas aseguradas o de la nave transportadora, es nulo, si la
noticia es conocida antes de la concertación
del contrato, en el lugar en que fue firmado o en el lugar en que se
encuentra el asegurado o el asegurador.
Art. 1391.- El seguro sobre buenas o
malas noticias es nulo si se establece
que antes de la concertación del contrato el asegurado conoce personalmente del siniestro o el
asegurador tenía conocimiento de la
llegada de la cosa asegurada.
Art. 1392.- Es nulo el seguro concertado por una suma
superior al valor real de la cosa asegurada, y la prima queda en beneficio del
asegurador si éste prueba que hubo fraude de parte del asegurado.
Esta regla rige aún en el caso en que el valor asegurado
fuere un valor aceptado.
Art. 1393.- En ausencia de fraude, el
contrato es válido hasta
concurrencia del valor real de la cosa
asegurada, y si es convenido,
por la totalidad de la suma asegurada.
Art. 1394.- Los seguros acumulados por
una suma total superior al valor de la cosa asegurada son nulos si han sido contratados con intención
fraudulenta.
Art. 1395.- Los seguros acumulados
contratados sin fraude por una suma total que exceda el valor de la cosa
asegurada sólo son válidos si el asegurado los pone en conocimiento del
asegurador al momento de requerir el pago.
Cada uno de los seguros produce sus
efectos en proporción a la suma a la
cual se aplica, hasta la concurrencia del valor total de la cosa asegurada.
Art. 1396.- Cuando la suma asegurada
es inferior al valor real de las cosas
aseguradas, salvo el caso de valor
aceptado, el asegurado es su
propio asegurador por la diferencia.
CAPITULO III
OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR Y DEL
ASEGURADO
Art. 1397.- El asegurador responde de los daños
materiales causados a las cosas aseguradas, por los riesgos marítimos o por un
acontecimiento de fuerza mayor, igualmente de: 1)
la contribución de las cosas
aseguradas a la avería común, salvo el caso de que ésta provenga de un riesgo
excluido por el seguro; y 2) de los gastos causados a consecuencia de un riesgo
cubierto, con el fin de preservar la cosa asegurada de un daño material o de
limitar el mismo;
Art. 1398.- La cláusula “libre de
avería” exonera al asegurador de todas las averías comunes o particulares, con
excepción de los casos que dan lugar al abandono. En estos casos, el asegurado tiene la opción entre el abandono y la acción por avería.
Art. 1399.- Los riesgos asegurados
quedan cubiertos aún en los casos de falta del asegurado o de sus dependientes terrestres, salvo que el
asegurador pruebe que el daño se ha debido a una ausencia de diligencias
razonables de parte del asegurado,
para poner las cosas aseguradas al abrigo
de los riesgos acaecidos.
El asegurador no responde de las faltas
intencionales o inexcusables del asegurado.
Art. 1400.- Los riesgos quedan
cubiertos en las mismas condiciones en los casos de falta del capitán o
de la tripulación, salvo lo que se dice en el artículo 1422.
Art. 1401.- Los riesgos asegurados
quedan igualmente cubiertos en los casos de cambio forzoso de la ruta , del viaje o de la nave o del cambio decidido por el
capitán sin el conocimiento del armador o del asegurado.
Art. 1402.- El asegurador no cubre los
riesgos resultantes de:
a) la guerra civil o con país extranjero, de minas o demás armas
de guerra;
b) la piratería;
c) captura, presa o detención por
cualquier gobierno o autoridad;
d) motines, movimientos populares, huelgas
y paros, actos de sabotaje o de
terrorismo;
e) los daños causados por la cosa
asegurada a otros bienes o a personas, salvo lo que se expresa en el artículo
1425;
f) de siniestros causados por los efectos
directos o indirectos de una explosión o de emanaciones de calor, de
radioactividad, provenientes de transmutaciones de átomos o de radioactividad,
así como de los siniestros debidos a los efectos de la radiación provocada por
la aceleración artificial de las partículas;
g) comercio ilícito.
Art. 1403.- Cuando no es posible
determinar si el siniestro tuvo su origen en un riesgo de guerra o en un riesgo
de mar, se reputa que proviene de este último.
Art. 1404.- El asegurador no es
responsable de:
a) los daños y de las pérdidas materiales
que son consecuencia del vicio propio de
la cosa asegurada, salvo lo que se indica
en el artículo 1421;
b) los daños y perjuicios materiales que
resultan de las multas, confiscaciones, secuestros, requisas, medidas sanitarias o de desinfección, o que son la consecuencia de bloqueos, actos
de contrabando, de comercio prohibido o clandestino;
c) los daños y perjuicios u otras
indemnizaciones en razón de embargos o de fianzas prestadas para liberar las cosas
embargadas;
d) los perjuicios que, sin constituir
daños y perjuicios materiales, afecten
directamente la cosa asegurada, tales como paro forzoso, retardo, diferencia de
precio, obstáculo al comercio del asegurado;
Art. 1405.- El asegurado debe:
a) pagar la prima y los gastos en el lugar
y en la época convenidos;
b) prestar cuidados razonables a todo
cuanto se relacione con la nave o con las cosas;
c) declarar exactamente al momento de la
concertación del contrato todas las circunstancias que conozca que son de tal
naturaleza que permitan al asegurador
apreciar los riesgos que toma a su cargo;
d) declarar al asegurador, a medida que
las conozca, las agravaciones de los riesgos sobrevenidos en el curso del
contrato;
Art. 1406.- La falta de pago de la
prima faculta al asegurador a suspender el seguro o a resiliar el contrato conforme a la ley.
La suspensión o
la reciliación no tiene
efecto más que ocho días después del envío al asegurado al último domicilio
conocido por el asegurador y por una carta con acuse de recibo, de una puesta
en mora de pago.
Art. 1407.- La suspensión y la resiliación del seguro por falta de pago de la prima no
producen efectos frente a los terceros de buena fe,
beneficiarios del seguro en virtud de una
transferencia anterior a la notificación
de la suspensión o de la resiliación.
En caso de siniestro el asegurador puede oponer a dichos
beneficiarios, hasta la concurrencia debida, la compensación de la prima del
seguro en que fundamenta el beneficio, si se ha hecho constar expresamente en
la póliza esta facultad.
Art. 1408.- En
caso de reordenamiento o liquidación judicial del asegurado, el asegurador
puede resiliar la póliza en curso, si la puesta en mora no ha sido seguida de
pago. Pero tal resiliación
queda sin efecto frente al tercero de
buena fe que sea beneficiario del seguro en virtud de una transferencia
anterior a cualquier siniestro y a la
notificación de la resiliación. El asegurado
tiene el mismo derecho en caso de
reordenamiento o liquidación judicial
del asegurador.
Art. 1409.- El asegurado debe
contribuir al salvamento de las cosas
aseguradas y tomar las medidas
conservatorias de sus derechos, contra los terceros responsables
. Es responsable frente al
asegurador del daño causado por la inejecución de esta obligación resultante de
su falta o de su negligencia.
CAPITULO IV
EL PAGO DE
Art. 1410.- Los daños y pérdidas
son determinados tomando en cuenta las
averías, salvo la facultad del asegurado de optar por el abandono en los casos previstos por la ley o por las
partes.
Art. 1411.- El asegurador no puede ser
constreñido a reparar o a reemplazar las cosas aseguradas.
Art. 1412.- La contribución a la avería
común sea provisional o definitiva, así como los gastos de asistencia y de
salvamento son reembolsados por el asegurador en proporción al valor asegurado por éste, deducido, si ha lugar, de
las averías particulares a su cargo.
Art. 1413.- El abandono no puede ser parcial ni condicional. Transfiere al asegurador los derechos del asegurado sobre las cosas aseguradas
quedando a cargo del asegurador el pago
de la totalidad de la suma asegurada. Los efectos de la transferencia se remontan
entre las partes al momento en que al asegurado
notifique al asegurador su
voluntad de abandonar.
El asegurador puede rehusar la transferencia de la propiedad, sin
perjuicio de su obligación de pagar la suma
asegurada.
Art. 1414.- El asegurado que de
mala fe haga una declaración inexacta respecto al siniestro, pierde el
beneficio del seguro.
Art. 1415.- El asegurador que pague la indemnización del seguro, adquiere,
hasta la concurrencia de su pago, todos los derechos del asegurado, derivados
de los daños que han dado lugar a
la garantía.
Art. 1416.- Si el mismo riesgo está cubierto por varios aseguradores, cada uno sólo
está obligado, sin solidaridad con los
otros, en la proporción de la suma que ha asegurado, la cual constituye
el límite de su compromiso.
Le delaissemont
es notificado al asegurador por carta con acuse de recibo o por acto
extrajudicial. Debe intervenir en los
tres meses del conocimiento del evento que ha tenido lugar o de la expiración
del plazo permitídole
con dicha notificación el asegurado informa al asegurador de todos los seguros
que ha contratado o del cual tenga conocimiento.
Art. 1417.- Las acciones derivadas del
contrato de seguro prescriben a los dos años. Esta prescripción corre en contra
de los menores y de los demás incapaces.
El plazo de la prescripción de las
acciones nacida del contrato de seguro corren :
a) en lo que concierne a la acción del
pago de la prima, a partir de la fecha de su exigibilidad;
b) en cuanto se refiere a la acción de
avería para la nave, desde la fecha del acontecimiento que origina la acción;
para la cosa, a partir de la fecha de la llegada de la nave y en su defecto, a
partir de la fecha en que debió llegar; o si el acontecimiento es posterior, a
partir de la fecha de éste;
c) para la acción de abandono, desde la
fecha del acontecimiento que haya dado derecho al mismo o si ha sido fijado un
plazo para dar inicio a la acción, desde la fecha de la expiración de dicho
plazo;
d) cuando la acción del asegurado es
causada por la contribución por avería común, la remuneración de asistencia o
el recurso de un tercero, desde el día de la acción en justicia contra el
asegurado o desde el día de pago.
Para la
acción de repetición de cualquier suma pagada en virtud de un contrato de
seguro, desde la fecha del pago de lo indebido.
CAPITULO V
DISPOSICIONES PARTICULARES A LAS DISTINTAS
CLASES DE SEGUROS
SECCION I
LOS
SEGUROS DEL CASCO DE
Art.
1418.- El seguro de las naves es contratado por un viaje, por
varios viajes consecutivos o por una duración determinada.
Art.
1419.- En el seguro por viaje la responsabilidad corre desde que se
inicie el cargamento hasta terminar su descarga, y, a más tardar, quince
días de la llegada de la nave a su destino.
En los
casos de viaje en lastre la responsabilidad se inicia desde el momento
en que la nave suelta amarras y hasta el
amarre de la nave a su llegada.
Art. 1420.- En el seguro por tiempo cubre los riesgos del primero y del último
día. Los días se cuentan desde la hora cero hasta la hora
veinticuatro, según el horario del país en que
la póliza ha sido emitida.
Art. 1421.- El asegurador no responde
por los daños ni por las pérdidas que resulten de un vicio propio de la nave,
salvo en caso de un vicio oculto.
Art. 1422.- El asegurador no responde
de los daños y de las pérdidas causadas por la falta intencional del capitán.
Art. 1423.- Cuando el valor asegurado de la nave es un
valor aceptado, las partes deben renunciar recíprocamente a cualquiera otra
estimación, sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 1392 y
1412.
Art. 1424.- El seguro sobre la buena
arribada sólo puede ser contratado, a pena de nulidad, con el consentimiento de
los aseguradores de la nave.
Cuando se asegura una suma a este
título, la justificación del interés
asegurable resulta de la aceptación de la suma así garantizada.
El asegurador sólo está obligado en los
casos de pérdida total o parcial, o de abandono de la nave a consecuencia de un
riesgo cubierto por la póliza. No tiene
ningún derecho sobre los bienes abandonados.
Art. 1425.- A excepción de los daños a
las personas, el asegurador responde del reembolso de los daños de cualquier
naturaleza a los cuales el asegurado está obligado por recurso de un tercero en
los casos de abordaje.
Art. 1426.- En el seguro por un viaje o
por varios viajes consecutivos, pertenece al asegurador la prima íntegra desde
que los riesgos se han iniciado.
Art. 1427.- En el seguro por tiempo, la
prima estipulada para toda la duración de la garantía pertenece íntegramente al
asegurador en los casos de pérdida total o de abandono a cargo del asegurador.
Si la pérdida total o el caso de abandono no está a su
cargo, le pertenece la prima en función del tiempo transcurrido hasta la
pérdida total o hasta la notificación del abandono.
Art. 1428.- En el pago de las averías
el asegurador sólo reembolsa el costo de las cosas que se sustituyan y el de las reparaciones que sean
necesarias para poner la nave en buen estado de navegación, sin que haya lugar
a otras indemnizaciones por depreciación o demoras o por cualquier otra causa.
Art. 1429.- Cual fuere el número de
siniestros sobrevenidos mientras dure la póliza, el asegurador es responsable
por cada uno de ellos hasta el monto del capital asegurado, salvo el derecho
del asegurador de exigir un completivo de prima después de cada siniestro.
Art. 1430.- Al abandono de la nave sólo puede oponerse el asegurador en los casos
siguientes:
a)
Pérdida total;
b)
Reparación que alcance las tres cuartas partes del valor aceptado;
c)
Imposibilidad de navegar o reparar la nave;
d)
Falta de noticias durante más de tres meses, en cuyo caso la pérdida se
reputa realizada en la fecha de las últimas noticias.
Art. 1431.- En los casos de enajenación
o de fletamento del casco de la nave, el seguro subsiste de pleno derecho en
beneficio del nuevo propietario o del fletante, siempre que lo informe al
asegurador dentro de los diez días, y satisfaga todas las obligaciones a las
cuales el asegurado estuviere sujeto frente al asegurador en virtud del
contrato.
Sin embargo, el asegurador puede resiliar el
contrato dentro del mes en que recibe la
notificación de la enajenación o del fletamento. Esta resiliación
sólo produce efecto quince días después de su notificación. El vendedor o el fletante quedan obligados al
pago de las primas debidas con anterioridad
a la venta o al fletamento.
El vendedor o el fletante quedan
obligados al pago de las primas debidas con anterioridad a la venta o al
fletamento,
Art. 1432.- La enajenación de la mayor
parte de la copropiedad de una nave conlleva la aplicación del artículo
precedente.
Art. 1433.- Las disposiciones de la
presente sección son aplicables a los contratos de seguro relativos a las naves
que son aseguradas únicamente por la duración de su estadía en los puertos;
radas u otros lugares, estén a flote o
en dique seco. También son aplicables a las naves en construcción.
SECCION 2
LOS SEGUROS DE LAS COSAS TRANSPORTADAS
Art. 1434.- Las cosas transportadas pueden
asegurarse por una póliza para un viaje o por una denominada póliza
flotante.
Art. 1435.- Las cosas quedan aseguradas
sin interrupción, sea cual fuere el lugar en que se encuentren, en los límites
de los viajes previstos en la póliza.
Art. 1436.- Las reglas del seguro
marítimo son aplicables a todo el viaje,
aún una etapa del mismo se realice por la vía terrestre, fluvial o aérea.
Art. 1437.- El abandono de las
cosas puede ser hecho cuando los mismos:
a)
Se pierdan en su totalidad;
b)
Se pierdan o deterioren hasta concurrencia de las tres cuartas
partes de su valor;
c)
Se vendan en el curso de la ruta a causa de las averías
materiales de las cosas aseguradas como consecuencia de un riesgo cubierto.
Art. 1438.- Igualmente puede tener lugar el abandono de las cosas en los
siguientes casos:
a)
Por la innavegabilidad de la nave y si el transporte de
las cosas, por cualquier medio, no ha podido comenzar en el plazo de tres
meses; y
b)
De la falta de noticias de la nave por más de tres meses.
Art.
1439.- En los casos en que el asegurado que contrata una póliza flotante no cumple con
las obligaciones precedentes, el asegurador puede resiliarlo sin
previo aviso, y, además tiene derecho a
las primas que correspondan a los envíos no declarados.
Art. 1440.- Cuando el asegurado fuere
de mala fe el asegurador puede ejercer
el derecho de accionar sobre los
pagos realizados para cubrir los siniestros relativos a envíos
posteriores a la primera omisión intencional del asegurado.
SECCION
3
EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD
Art. 1441.- El seguro de responsabilidad sólo da derecho a reembolsar
al asegurado cuando el tercero lesionado
ha sido indemnizado en tal medida.
Art. 1442.- El seguro de
responsabilidad que tiene por objeto la reparación de los daños causados
a los terceros por una nave y que son
garantizados a los términos del artículo 1425, sólo produce efecto en
caso de insuficiencia de la suma asegurada por la póliza sobre el casco.
Art. 1443.- La suma indicada por el asegurador en la póliza constituye, para cada
siniestro, el límite de su obligación.
Cual que sea el número de
siniestros ocurridos durante la vigencia del seguro de responsabilidad, la suma
garantizada por cada asegurador constituye para cada siniestro el límite de su
obligación.
LIBRO SEPTIMO Textos
resultantes de las deliberaciones de que,
con los textos previos sometidos a la misma, han estado a cargo de LI
LIBRO
SEPTIMO
EL PROCEDIMIENTO COMERCIAL
TITULO I
ASUNTOS SOMETIDOS AL PROCEDIMIENTO
COMERCIAL
Art. 1444.- Son atribuciones exclusivas del juzgado de primera instancia
y del juzgado de paz, dentro de los límites establecidos en el Código de
Procedimiento Civil, conocer:
a) De todas las
contestaciones relativas a los compromisos y transacciones entre los
comerciantes;
b) De las
contestaciones entre asociados por razón de una sociedad de comercio;
c) De las
contestaciones relativas a los actos de comercio entre cualesquiera personas;
d) De las acciones
contra los jefes de empresa, los delegados o los empleados de los comerciantes,
por causa de las operaciones de las empresas a las que están vinculados.
Todo lo concerniente al reordenamiento y liquidación judiciales, y a la
quiebra son competencia del juzgado de primera instancia.
Art. 1445.- Las cámaras de comercio y producción, en sus respectivas
jurisdicciones, están facultadas para reglamentar y organizar los
procedimientos de arbitraje de los diferendos que conciernan a los comerciantes.
TITULO II
Art. 1446.- Los asuntos comerciales son conocidos conforme a las reglas
comunes del procedimiento civil, excepto lo que se dispone a continuación:
a) La demanda
introductiva de instancia se incoa mediante citación por acto de alguacil a la
audiencia previamente fijada por el tribunal.
b) El término de la
citación es de un día franco. En lo
demás, la citación se rige por las disposiciones previstas para el emplazamiento en el Código de
Procedimiento Civil.
c) No se requiere la
notificación previa de constitución de abogado.
Las subsecuentes audiencias se dan a conocer mediante citaciones a
parte.
El demandante puede citar a su elección, para ante el tribunal del
domicilio del demandado; para ante el tribunal de la jurisdicción en la cual se
hace la promesa, y la mercancía fue entregada; para ante aquél en cuya
jurisdicción debe efectuarse el pago.
LIBRO OCTAVO a cargo de LI
Textos
resultantes de las deliberaciones de
que, con los textos
previos sometidos a la misma, han estado
LIBRO OCTAVO
REORDENAMIENTO Y LIQUIDACION JUDICIALES DE LAS EMPRESAS
Art. 1447.- Se instituye un procedimiento de
reordenamiento judicial destinado a permitir la salvaguarda de la empresa, el
mantenimiento de su actividad y del empleo que genera, así como, la depuración del pasivo.
El reordenamiento judicial se realiza
según un plan dictado por decisión judicial como consecuencia de un período de
observación. Este plan prevé, sea la continuación
de la empresa, o su cesión. La
liquidación judicial puede ser pronunciada sin la apertura de un período de
observación cuando la empresa ha cesado toda actividad o cuando el
reordenamiento es manifiestamente imposible.
Art. 1448.- El reordenamiento y la liquidación
judicial son aplicables a los comerciantes.
Asimismo a las
sociedades civiles o asociaciones, y a las
personas que realicen actividades propias de los comerciantes, en
violación a la ley, previstas en los artículos 8 y 10 de este Código.
Los
comerciantes que den de empleo a menos
de cincuenta trabajadores y cuyo capital sea inferior al monto fijado por
Autoridad Reguladora se benefician del
procedimiento simplificado previsto en el título II.
TITULO I
REGIMEN GENERAL DEL REORDENAMIENTO
JUDICIAL
CAPITULO I
PROCEDIMIENTO DE OBSERVACION
SECCION 1
APERTURA DEL PROCEDIMIENTO
A.- APODERAMIENTO Y DECISION DEL TRIBUNAL
Art. 1449.- El Procedimiento de reordenamiento
judicial está abierto a cualquier comerciante de los mencionados en el Articulo
1448, el cual esté en la imposibilidad de hacer frente a su pasivo exigible con
su activo disponible.
La apertura de
este procedimiento debe ser solicitada por el deudor a más tardar dentro de los
quince días siguientes a la cesación de pagos definida en el párrafo anterior.
Art. 1450.- El Procedimiento puede ser abierto
igualmente por la notificación de un acreedor, cual que sea la naturaleza de su
crédito.
Por otra parte,
el tribunal puede también ser apoderado por el ministerio público.
Art. 1451.- El tribunal estatuye sobre la
apertura del Procedimiento, después de haber sido llamados y oídos en cámara de
consejo, el deudor, así como cualquier persona cuya audición parezca útil.
Art. 1452.- El tribunal competente es el juzgado
de primera instancia del domicilio del deudor en atribuciones comerciales.
Art. 1453.- La sentencia de reordenamiento
judicial abre un período de observación para el establecimiento de un
inventario y un balance general de la empresa, así como de las propuestas tendentes
a la continuación o a la cesión de la empresa.
Desde que ninguna de esas soluciones parezca factible, el tribunal
pronuncia la liquidación judicial.
La duración
máxima del período de observación es de seis meses, que puede ser renovada, por
decisión motivada del tribunal, a solicitud del administrador, el deudor, el
ministerio público o de oficio.
El tribunal
ordena el plan de reordenamiento
pronuncia la liquidación judicial antes de la expiración del período de
observación fijado.
Art. 1454.- El tribunal declara, si ha lugar, la
fecha de la cesación de pagos. A falta de determinación de esa fecha, la
cesación de pagos se reputa intervenida en la fecha de la sentencia que la
constata.
Puede ser
fijada en una fecha anterior una o más sin que exceda los dieciocho meses que
preceden a la fecha de la sentencia de apertura.
Se pronuncia de
oficio a solicitud del administrador, del representante de los acreedores, del
liquidador o del ministerio público. La
solicitud de modificación de la fecha debe ser presentada al tribunal antes de
la expiración del plazo de quince días que siguen el depósito del informe
previsto en el artículo 1463.
B.- LOS ORGANOS DE
PROCEDIMIENTO Y LOS SUPERVISORES
Art. 1455.- En
la sentencia de apertura, el tribunal designa un juez comisario y dos
mandatarios judiciales que son el administrador y el representante de los
acreedores. Invita a los trabajadores de
la empresa a elegir entre ellos un representante mediante voto secreto y por
mayoría simple.
El
administrador puede solicitar la designación de uno o varios expertos.
En ninguna de
las funciones previstas en el presente Artículo puede ser designado ningún
pariente o aliado hasta el cuarto grado inclusive, del jefe de la empresa o de
sus administradores o gerentes, si se trata de una persona moral, salvo el caso
en que esta disposición impida la designación de un representante de los
trabajadores.
Art. 1456.- El representante de los trabajadores
así como los trabajadores participantes en dicha elección, deben ser mayores de
edad y estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
Las
controversias relativas a la designación del representante de los trabajadores
son de la competencia del juzgado de primera instancia, el cual estatuye en
última instancia.
Art. 1457.- El tribunal puede de oficio, o a
propuesta del juez comisario o a requerimiento del ministerio público, proceder
al reemplazo del experto o del representante de los acreedores. Puede nombrar en las mismas condiciones uno o
más administradores en adición al anteriormente del designado administrador.
El
administrador, el representante de los acreedores o un supervisor pueden
requerir al juez comisario apoderar con ese fin al tribunal. En las mismas condiciones, el deudor puede
requerir el reemplazo del administrador o del experto. Los acreedores pueden requerir el reemplazo
de su representante.
Los
trabajadores de la empresa pueden efectuar el reemplazo de su representante
mediante voto secreto por mayoría simple, en procedimiento autorizado y organizado
por el juez comisario.
Art. 1458.- El administrador y el representante
de los acreedores deben mantener informado al juez comisario y al ministerio
público del desarrollo del procedimiento. Estos últimos pueden, en cualquier
momento requerir comunicación de todas
las actas o documentos relativos al procedimiento.
El ministerio
público comunica al juez comisario a solicitud de este o de oficio y no
obstante cualquier disposición legal contraria, todas las informaciones que
tenga y que puedan ser utilizadas en el procedimiento.
Art. 1459.- El juez comisario esta encargado de
vigilar el rápido desarrollo del procedimiento y la protección de los intereses
envueltos.
Art. 1460.- El juez comisario designa de uno a
cinco supervisores entre los acreedores que le han hecho requerimiento. Para esos fines cuando varios supervisores debe velar porque al menos uno sea elegido entre los
acreedores titulares de garantías y otro entre los acreedores quirografario.
Ningún pariente o aliado hasta el
cuarto grado inclusive del jefe de empresa o de los administradores o gerentes
de la persona moral puede ser nombrado supervisor o representante de una
persona moral designada como supervisor.
Los supervisores asisten el
representante de los acreedores en sus funciones y al juez comisario en su
misión de vigilancia de la administración de la empresa. Pueden tomar
conocimiento de todos los documentos remitidos al administrador y al
representante de los acreedores y están obligados a guardar el secreto profesional sancionado por las
penas previstas por la ley.
Las funciones del supervisor son
gratuitas; el supervisor puede hacerse representar por uno de sus encargados o
por ministerio de abogado. Los supervisores pueden ser revocados por el
tribunal, a propuesta del juez comisario o del representante de los acreedores.
Sólo son responsables por su falta
grave.
C.-CASOS
PARTICULARES
Art. 1461.- Cuando un comerciante, fallece en
estado de cesación de pagos, el tribunal es apoderado dentro del año a partir
de la fecha del fallecimiento por
declaración de un heredero o en virtud de la citación de un acreedor.
El tribunal puede igualmente apoderarse
de oficio o ser apoderado su requerimiento del ministerio público en el mismo
plazo. Los herederos conocidos deben ser oídos y debidamente citado, para los
fines antes señalados.
Art. 1462.- El tribunal sólo puede ser apoderado en
el plazo de un año a partir de uno de los acontecimientos mencionados a
continuación y cuando éste sea posterior a la cesación de pagos del deudor:
a) Radiación del registro de comercio. Si
se trata de una persona moral, el plazo corre a partir de la radiación
consecutiva a la publicación de clausura de las operaciones de liquidación.
b) Cesación de la actividad, del
comerciante.
En todos los casos, el tribunal es apoderado en las
condiciones previstas por el artículo 1450.
SECCION 2
ELABORACION DEL INVENTARIO Y EL BALANCE
GENERAL DEL DEUDOR Y DEL PROYECTO DEL PLAN DE REORDENAMIENTO
Art. 1463.- El administrador, con la ayuda del
deudor con asistencia eventual de uno o más expertos, debe presentar en un informe el inventario y el balance general de la empresa. En vista de
este informe, el administrador propone hacer un plan de reordenamiento o la
liquidación judicial.
El referido informe debe precisar el
origen, la importancia y la naturaleza de las dificultades de la empresa.
El proyecto del plan de reordenamiento
de la empresa determina las perspectivas de reordenamiento, en función de las
posibilidades y de las modalidades de las actividades, del estado del mercado y
de los medios de financiamiento disponibles.
Define las modalidades del acuerdo de
pago del pasivo y las garantías eventuales que el jefe de la empresa debe
suscribir para asegurar la ejecución del
mismo.
Dicho proyecto expone y justifica el
nivel y las perspectivas de empleo, así como las condiciones sociales
consideradas para la continuación de la actividad. Cuando el proyecto
prevé cancelaciones por motivos
económicos, tiene en cuenta las medidas ya intervenidas y define las acciones a
emprender en vista de facilitar la reclasificación y la indemnización de los
trabajadores cuyo empleo es amenazado.
Art. 1464.- El juez comisario puede, no obstante
disposición legal contrario obtener comunicación de los comisarios de cuentas,
por organismos públicos de instituciones de previsión y de seguridad sociales
de bancos y otras instituciones financieras, datos que den información exacta
sobre la situación económica y financiera de la empresa.
Art. 1465.- El administrador recibe del juez
comisario todas las informaciones y documentos útiles para el cumplimiento de
su misión y la de los expertos.
Debe
consultar al deudor y al representante de los acreedores y oír a
cualquier persona apta informar sobre la situación y las perspectivas de
reordenamiento de la empresa, las modalidades de acuerdos de pago de la
liquidación del pasivo y las condiciones sociales de la solicitud de
continuación de la actividad.
Informa del avance de los trabajos del
deudor, al representante de los acreedores, así como al representante de los
trabajadores. Consulta sobre las medidas que piensa proponer en vista de las
informaciones y las ofertas recibidas.
Art. 1466.- Desde la apertura del procedimiento,
los terceros son admitidos a someter al administrador las ofertas tendentes al
mantenimiento de la actividad de la empresa, según una o varias de las
modalidades definidas en el capitulo II del presente título.
Ninguna oferta puede ser modificada o
retirada después de la fecha de deposito del informe
del administrador. Su autor queda comprometido hasta la decisión del tribunal
estableciendo el plan, con la condición de que esta ultima intervenga en el mes
del depósito del informe. No queda comprometido más allá y especialmente en
caso de apelación, sólo si consiente.
Las ofertas son anexadas al informe del
administrador quien analiza el mismo.
Ni los administradores o gerentes de la
persona moral en proceso de reordenamiento judicial, ni los parientes o aliados
hasta el segundo grado inclusive de los administradores o gerentes o del deudor
cuando sea una persona física pueden ser admitidos directa o persona
interpuesta, a presentar una oferta.
Art. 1467.- Cuando el administrador considera
proponer al tribunal un plan de continuación previendo una modificación del
capital, requiere al consejo de
administración al director o a los gerentes según el caso, de convocar la
asamblea general extraordinaria o la asamblea de los asociados. Si es
necesario, el mismo administrador puede convocar la asamblea. La convocatoria
de esta se hace en las formas y plazos que determina Autoridad Reguladora.
Si como consecuencia de las pérdidas
constatadas en los documentos contables, los capitales propios son inferiores a
la mitad del capital social, la asamblea es primeramente llamada a reconstituir
los capitales hasta concurrencia del importe propuesto por el administrador y
que no puede ser inferior a la mitad del capital social. Puede igualmente ser
llamada a decidir la reducción del capital anterior de la empresa y un anterior
aumento del capital a favor de una o varias personas que se comprometan a
ejecutar el plan.
Los compromisos tomados por los
accionistas o asociados o por los nuevos suscriptores están subordinados en su
ejecución a la aceptación del plan por el tribunal.
Las cláusulas estatutarias que
restrinjan el acceso de nuevos accionistas o socios se reputan no escritas.
Art. 1468.- Cuando la supervivencia de la empresa
lo requiera, el tribunal, ante la solicitud del administrador, del ministerio
público o de oficio, puede subordinar la adopción del plan de reordenamiento
judicial de la empresa al reemplazo de uno o más administradores o gerentes.
Con este fin y en las mismas
condiciones, el tribunal puede pronunciar la inalienabilidad de las acciones,
las partes sociales detentadas por uno o varios dirigentes de
derecho o de hecho remunerados o no, y decidir que el derecho de voto que les
atribuido sea ejercido, por un termino fijado, por un mandatario judicial
designado al efecto. Puede asimismo ordenar la cesión de las acciones o partes
sociales, el precio de cesión debe ser fijado por un experto.
Para la aplicación del presente
articulo, los administradores o gerentes y el representante de los trabajadores
del personal deben ser oídos o debidamente citados.
Art. 1469.- Las propuestas para acuerdos de pago de
las deudas son, a medida que se elaboran y bajo la vigilancia del juez
comisario comunicadas por el administrador al representante de los acreedores,
a los supervisores, así como al representante de los trabajadores.
El representante de los acreedores
recoge individual o colectivamente la aprobación de cada acreedor que ha
declarado su acreencia conforme al Articulo 50 y siguientes, sobre los plazos y remisiones que
le son propuestos. En caso de consulta por escrito, la falta de respuesta en el
plazo de treinta días, a contar desde la recepción de la carta del
representante de los acreedores vale
aceptación.
En lo concerniente a las acreencias
fiscales y de las instituciones de seguridad social, las remisiones pueden ser
consentidas en las condiciones establecidas por la ley.
El representante de los acreedores
elabora un estado de las respuestas de los acreedores. Este estado es remitido
al administrador para la preparación de su informe.
Art. 1470.- El deudor, el representante de los
trabajadores, un supervisor y el representante de los acreedores son informados
y consultados sobre dicho informe que les comunica el administrador.
Este informe es simultáneamente
dirigido al Departamento de Trabajo. El acta de la reunión en la cual se haya
consultado al representante de los trabajadores, debe ser comunicada al Departamento de Trabajo.
El ministerio público, si lo solicita,
recibirá copia del mismo.
SECCION 3
A.-MEDIDAS
CONSERVATORIAS
Art. 1471.- Desde su entrada en funciones, el
administrador está obligado a requerir al jefe de la empresa o, según el caso,
hacer por sí mismo todos los actos necesarios para la conservación de los
derechos de la empresa contra los deudores de ésta y la preservación de la
capacidad de producción.
Tiene calidad para inscribir a nombre
de la empresa todas las hipotecas, prendas, y privilegios que el jefe de
empresa no haya inscrito o renovado.
Art. 1472.- Se procede al inventario de los bienes
de la empresa desde la apertura del proceso.
La ausencia de inventario no es
obstáculo para el ejercicio de las acciones en reivindicación o en restitución.
Art. 1473.- A partir de la sentencia de apertura,
los dirigentes de derecho o de hecho, remunerados o no, no pueden, a pena de
nulidad, ceder las partes sociales, acciones u obligaciones que representen sus
derechos sociales en la sociedad que ha sido objeto de la sentencia de apertura
si no las condiciones fijadas por el tribunal.
Las acciones y obligaciones son
inmovilizadas por el administrador a nombre del titular. Ningún movimiento puede ser efectuado sobre
tales títulos sin la autorización del juez comisario.
El administrador menciona sobre los
registros de la persona moral de la inalienabilidad de las partes sociales de
los gerentes.
Art. 1474.- En el curso del período de observación,
el juez comisario puede ordenar sean entregados
al administrador las cartas dirigidas al deudor.
El deudor informado, puede asistir a su
apertura, sin embargo, el administrador debe restituir inmediatamente al
deudor, todas las cartas que tengan un carácter personal.
Art. 1475.- El juez comisario fija la remuneración
correspondiente a las funciones ejercidas por el jefe de la empresa o los
administradores o gerentes de la persona moral.
En ausencia de remuneración, las
personas mencionadas en el párrafo precedente pueden obtener sobre el activo,
para ellos y su familia, los subsidios fijados por el juez comisario.
B.- GESTION Y ADMINISTRACION
DE
Art. 1476.- Además de los poderes que le son
conferidos por el presente Código, la misión del o de los administradores es
fijada por el tribunal.
Este último les encarga conjunta o separadamente de:
1- Vigilar las operaciones de gestión;
2- Asistir al deudor en todos o en algunos los actos
concernientes a la gestión;
3- Encargarse total o parcialmente de la administración
de la empresa.
En su misión, el administrador esta
obligado a respetar los compromisos legales o convencionales que incumben al
jefe de la empresa.
En todo momento, el tribunal puede
modificar la misión del administrador a solicitud de este, del representante de
los acreedores, y del ministerio público
de oficio.
El administrador puede hacer funcionar
bajo su firma las cuentas bancarias del el deudor con las limitaciones y condiciones que
establezca el juez comisario.
Art. 1477.- El deudor continúa ejerciendo sobre su
patrimonio los actos de disposición y de administración, así como los derechos
y acciones que no estén comprendidos dentro de la misión del administrador.
Asimismo, bajo reserva de las
disposiciones de los artículos 1480, 1483
los actos de gestión corriente que cumple solo el deudor, son reputados
válidos respecto de los terceros de buena fe.
Art. 1478.- La sentencia que inicia el procedimiento implica, de pleno derecho,
prohibición de pagar toda acreencia nacida anteriormente a la sentencia de
apertura. Esta prohibición no es obstáculo al pago por compensación de créditos
conexos.
El juez comisario puede autorizar al
jefe de la empresa o al administrador a hacer un acto de disposición ajeno a la
gestión corriente de la empresa, a consentir
hipotecas y prenda, así como a
comprometerse o transigir.
El juez comisario puede también autorizarles
a pagar créditos anteriores a la sentencia, a retirar la prenda o una cosa
legítimamente retenida, cuando el retiro es justificado para la continuación de
la actividad.
Todo acto o todo pago hecho en
violación de las disposiciones del presente artículo se anula
a demanda de cualquier interesado presentada dentro de un plazo de tres años a
contar desde la conclusión del acto o del pago de la acreencia. Cuando el acto
está sometido a la publicidad, el plazo corre a partir de ésta.
Art. 1479.- En caso de venta de un bien gravado de
un privilegio especial, de una prenda o de una hipoteca, la cuota parte del
precio correspondiente a las garantías de los acreedores por sus seguridades es
depositada en una cuenta de depósitos, según lo disponga el juez comisario. Después de la adopción del plan de
reordenamiento o en caso de liquidación, los acreedores beneficiarios de las
garantías o titulares de un privilegio general son pagados sobre el precio
siguiendo el orden de preferencia existente entre ellos y conforme al artículo
1523 cuando estos son sometidos a los plazos del plan de continuación.
El juez comisario puede ordenar el pago
provisional de todo o parte de la acreencia de los acreedores titulares de
garantías sobre el bien. Salvo decisión especialmente motivada del juez
comisario o cuando interviene en beneficio del fisco y de las instituciones
sociales, este pago provisional está subordinado a la presentación por su
beneficiario de una fianza de un establecimiento de crédito. o
de una compañía de seguros.
El deudor o el administrador previa
autorización de un juez comisario, pueden proponer a los acreedores la
sustitución de las garantías que ellos detentan por garantías equivalentes. En
ausencia de acuerdo, el Juez comisario puede ordenar esta sustitución. Los
recursos contra esta ordenanza son llevados por ante
C.-
Art. 1480.- La actividad de la empresa es
continuada durante el período de observación, bajo reserva de las disposiciones
siguientes.
Art. 1481.- En cualquier momento, el tribunal, a
requerimiento del administrador, del representante de los acreedores, de un
supervisor, del deudor, del ministerio público o de oficio y sobre el informe
del juez comisario, puede ordenar la cesación total o parcial de la actividad o
la liquidación judicial.
El tribunal estatuye en cámara de
consejo, después de haber oído o debidamente haber sido citado al deudor, al
administrador, al representante de los acreedores, un supervisor y el
representante de los trabajadores.
Cuando el tribunal pronuncia la
liquidación, pone fin al periodo de observación y a la misión del
administrador.
Art. 1482.- Sólo el administrador tiene la facultad
de exigir la ejecución de los contratos en curso, realizando la prestación
prometida al cocontratante del deudor. El contrato es
resiliado de pleno derecho después de la puesta en
mora dirigida al administrador y después que transcurra más de un mes sin
respuesta. Antes de la expiración de este plazo, el Juez comisario puede fijar
al administrador un plazo más corto o acordar una prorroga de este, la cual no
puede exceder de dos meses para tomar una decisión al respecto.
Cuando la prestación recae sobre el
pago de una suma de dinero, esta se debe hacer de contado excepto cuando el
administrador pueda obtener la aceptación, por el cocontratante
del deudor, de un plazo para el pago. A la
vista de los documentos provisionales de los cuales dispone, el administrador procura para el
momento que se requiera la ejecución que dispondrá de los fondos
necesarios, al efecto. Si se trata de un
contrato de ejecución o de pago escalonado en el tiempo, el administrador puede
ponerle fin, si le parece que no tendrá los fondos necesarios para cumplir las
obligaciones del termino siguiente.
A falta de pago en las condiciones
definidas en el párrafo precedente y de un
acuerdo con el cocontratante para continuar
las relaciones contractuales, el contrato es resiliado
de pleno derecho y el ministerio público, el administrador, el representante de
los acreedores, o un supervisor pueden apoderar el tribunal para poner fin al
período de observación.
El cocontratante
debe cumplir las obligaciones a pesar de la falta de ejecución por el deudor de
contratos anteriores a la sentencia de apertura. La falta de ejecución de los
contratos no origina derecho en
beneficio de los acreedores salvo a la declaración en el pasivo.
Si el administrador no utiliza la
facultad de continuar el contrato, la inejecución da lugar a daños y perjuicios
cuyo importe debe ser declarado como un pasivo en beneficio de la otra parte.
Esto puede sin embargo aplazar la restitución de las sumas dadas en excesos por
el deudor en ejecución del contrato hasta que se haya estatuido sobre los daños
y perjuicios.
No obstante toda disposición legal o
toda cláusula contractual, ninguna indivisibilidad, resiliación
o resolución del contrato puede resultar del sólo hecho de la apertura de un
proceso de reordenamiento judicial.
Las disposiciones del presente artículo
no conciernen a los contratos de trabajo.
Art. 1483.- A partir desde la sentencia de
apertura, el arrendador puede requerir la resiliación
judicial o la resiliación de pleno derecho del
arrendamiento de los inmuebles afectados por a la actividad de la empresa por falta de pago de los alquileres y
demás gastos relativos a una ocupación
posterior a la sentencia. Esta acción sólo puede ser introducida dos meses
después de la sentencia.
No obstante toda cláusula contraria, la
falta de explotación durante el período de observación en uno o más inmuebles
arrendados por la empresa, no implica la
resiliación de arrendamiento.
Art. 1484.- En caso de cesión de arrendamiento,
toda cláusula impuesta al cedente de las disposiciones solidarias con el
cesionario son inoponibles al administrador.
Art. 1485.- En caso de reordenamiento judicial, el
arrendador solo tiene privilegio hasta los dos últimos años de arrendamiento
antes de la sentencia de apertura del proceso.
Si el arrendamiento es resiliado, el arrendador tiene, por otra parte un privilegio por el año corriente, para todo lo
concerniente a la ejecución del arrendamiento y por los daños y perjuicios que
puedan atribuirle los tribunales.
Si el arrendamiento no es resiliado, el arrendador no puede exigir el pago de los
arrendamientos por vencer, cuando las garantías que le han sido dadas al
momento del contrato son mantenidas o cuando aquellas han sido provistas desde
la sentencia de apertura son juzgadas suficientes.
El juez comisario puede autorizar el
deudor o al administrador según el caso, a vender los muebles que guarnecen los
lugares arrendados sujetos a próximo deterioro, depreciación inminente o que su
conservación sea dispendiosa o de los cuales la realización no afecta la
existencia del fondo de comercio o el
mantenimiento de garantías suficientes para el arrendador.
Art. 1486.- Las acreencias nacidas regularmente
después de la sentencia de apertura son pagadas a su vencimiento cuando la
actividad es proseguida. En caso de cesión total, o cuando éstas no son pagadas
a vencimiento en caso de continuación, éstas son pagadas por prioridad, a todos
los otros créditos, provistos o no de privilegios o garantías, con excepción de
las acreencias garantizadas por el privilegio establecido en el Código de Trabajo.
En caso de liquidación judicial, estas
son pagadas con prioridad a todas las otras acreencias, con excepción de las
que son garantizadas por el privilegio establecido en el Código de Trabajo, de
las costas judiciales y de las que están garantizadas por las seguridades
inmobiliarias, mobiliarias especiales provistas del derecho de retención.
Su pago se hace en el orden siguiente:
1- Las acreencias de salarios de las
cuales el importe no ha sido avanzado en aplicación del Código de Trabajo;
2- Las costas judiciales;
3- Los préstamos consentidos por las
instituciones financieras, así como las acreencias resultantes de la ejecución
de los contratos proseguidos conforme a las disposiciones del artículo 1482 y
de los cuales el contratante acepta recibir un pago diferido; estos préstamos y
plazos de pago son autorizados por el juez comisario en el límite necesario
para continuación de la actividad durante el período de observación y son
objetos de una publicidad. En caso de resiliación de
un contrato regularmente proseguido, las indemnizaciones y penalidades son
excluidas del beneficio de la presente disposición;
4- Los otros créditos su rango.
Art. 1487.- Toda suma recibida por el administrador
o el representante de los acreedores que no es llevada a las cuentas bancarias
del deudor, para las necesidades de la continuación de las actividades deben
ser consignadas inmediatamente.
En caso de tardanza, el administrador o
representante de los acreedores debe pagar, por las sumas que no han sido
entregadas, un interés cuya tasa es igual a la tasa de interés legal aumentado
cinco puntos.
D.- SITUACION DE LOS TRABAJADORES
Art. 1488.- El estado de los créditos resultantes
de los contratos de trabajo es sometida para verificación por el representante
de los acreedores al representante de los trabajadores mencionados en el
Articulo 1456. El representante de los acreedores debe comunicar todos los
documentos e informaciones útiles. En caso de dificultad, el representante de
los trabajadores puede dirigirse al administrador y, en su caso puede apoderar
al juez comisario. Tiene la obligación de discreción y secreto profesional. El
tiempo pasado en el ejercicio de su misión tal como le es fijada por el juez
comisario es, considerado de pleno derecho como tiempo de trabajo y pagado por
el empleador, el administrador o el liquidador, según sea el caso, al
vencimiento normal.
Art. 1489.- Cuando la terminación de contratos de
trabajo por motivo económico presente un carácter inevitable e indispensable
durante el período de observación, el administrador puede ser autorizado por el
juez comisario para proceder a estas terminaciones. Previamente al
apoderamiento del juez comisario, el administrador consulta al representante de
los trabajadores e informa al Departamento de Trabajo, anexa en apoyo de su
requerimiento al juez comisario, la
opinión recogida y las justificaciones de su diligencias
en vista de facilitar la indemnización y la reclasificación de los
trabajadores.
E.-SITUACION DE
LOS ACREEDORES
1.- REPRESENTACION DE LOS ACREEDORES.
Art. 1490.- Sin perjuicio de los derechos
reconocidos a los supervisores, el representante de los acreedores designado
por el tribunal es el único que tiene calidad para actuar en nombre y en
interés de los acreedores.
El representante de los acreedores
comunica al juez comisario y al ministerio público las observaciones que le
sean transmitidas en cualquier momento durante el procedimiento por los
supervisores. Las sumas recobradas como consecuencia de las acciones del
representante de los acreedores entran dentro del patrimonio del deudor y son
afectadas en caso de continuación de la empresa según las modalidades previstas
por o la depuración del pasivo.
F.- SUSPENSION DE
LAS PERSECUCIONES INDIVIDUALES
Art. 1491.- La sentencia de apertura suspende o prohibe toda acción en justicia de parte de todos los
acreedores cuya acreencia tiene su origen con anterior dada
dichas y tendencia:
1.- La condenación del deudor al pago
de una suma de dinero;
2.- La resolución de un contrato por
falta de pago de una suma de dinero.
Esta sentencia prohibe
igualmente cualquier vía de ejecución de parte de estos acreedores tanto sobre
los muebles como sobre los inmuebles.
Los plazos impartidos a pena de
caducidad o de resolución de los derechos, quedan en consecuencia suspendidos.
Art. 1492.- Bajo reserva de las disposiciones del
artículo 1494, las instancias en curso son suspendidas hasta que el acreedor persiguiente haya proceda a la declaración de su acreencia.
Estas instancias son reanudadas entonces de pleno derecho previa citación del
representante de los acreedores y en su caso del administrador, pero tienden
únicamente a la constatación de las acreencias y a la fijación de su importe.
Art. 1493.- Las acciones en justicia y las vías de
ejecución, distintas a las señaladas en el artículo precedente son perseguidas
en el curso del período de observación en contra del deudor, después de la
puesta en causa del administrador, y, del representante de los acreedores, o
después de la reanudación de la instancia por su iniciativa.
G.- DECLARACION DE LAS ACREENCIAS
Art. 1494.- A partir de la publicación de la
sentencia de apertura, todos los acreedores cuyas acreencias tienen un origen
anteriormente a la misma, con excepción de los trabajadores, dirigen la declaración
de sus acreencias al representante de los acreedores. Los acreedores titulares
de una garantía objeto de publicidad o
de un contrato de arrendamiento publicado son notificados personalmente y sí ha
lugar, en el domicilio elegido.
La declaración de las acreencias puede
ser hecha por el acreedor o por cualquier dependiente o mandatario de su
elección.
La declaración de las acreencias deben ser hechas aún cuando no estén establecidas por un
título. Las acreencias del fisco y de las instituciones de seguridad
social; que no constituyen un título
ejecutorio en el momento de su declaración son admitidas a título provisional
por el monto declarado. En todo estado de causa, las declaraciones del fisco y
de la seguridad social, son hechas bajo reserva de los impuestos y otros
créditos no establecidos a la fecha de la declaración y bajo reserva de los
procedimientos judiciales o administrativos en curso. Su establecimiento
definitivo debe ser efectuado a pena de caducidad en el plazo previsto en el
artículo 1541.
Art. 1495.- La declaración contiene el importe de
la acreencia adeudada al día de la sentencia de apertura con la indicación de
las sumas a vencer y de la fecha de sus vencimientos. Dicha declaración debe
precisar la naturaleza del privilegio o de la garantía de la cual la creencia
esté eventualmente provista.
Cuando se trata de acreencias en moneda
extranjera, la conversión en pesos tiene lugar a la tasa de cambio de la fecha
de la sentencia de apertura.
Salvo si esta resulta de un título
ejecutorio, la acreencia declarada es certificada como sincera por el acreedor.
La visa del comisario de cuentas o en su defecto del experto contable sobre la
declaración de la acreencia puede ser requerida por el Juez comisario. La
negativa de visa debe ser motivada.
Art. 1496.- El deudor remite al representante de
los acreedores la lista certificada de sus acreedores y de los importes de sus
deudas.
Art. 1497.- A falta de declaración en los plazos
fijados por disposición de
La caducidad no es oponible a los
acreedores mencionados en la segunda frase del Párrafo primero del artículo
1494, si estos no han sido notificados personalmente.
La acción en levantamiento de caducidad
solo puede ser ejercida en el plazo de un año contado a partir de la sentencia
de apertura. La apelación de la decisión
del juez comisario que estatuye sobre el levantamiento de la caducidad es
llevada ante
Las acreencias que han sido declaradas
y no han sido objeto del levantamiento de la caducidad quedan extinguidas.
Art. 1498.- Si hay discusión sobre todo o parte de
una acreencia distinta de las que se mencionan en los artículos 1547 y 1565, el
representante de los acreedores avisa al acreedor interesado y le invita a
hacer conocer sus explicaciones. La
falta de respuesta en el plazo de 30 días impide toda contestación ulterior a
la propuesta del representante de los acreedores.
H. SUSPENSION DEL CURSO DE LOS INTERESES Y AUSENCIA DE
CADUCIDAD DEL TERMINO
Art. 1499.- La sentencia de apertura de
reordenamiento judicial suspende el curso de los intereses legales y
convencionales, así como todos los intereses por retraso y aumentos, a menos
que no se trate de los intereses resultantes de contratos de préstamos
concertados por una duración igual o superior a un año o de contratos provistos
de una cláusula de pago diferido a un año o más. Los fiadores y codeudores no
pueden prevalerse de las disposiciones del presente párrafo.
La sentencia de apertura de
reordenamiento judicial suspende, hasta la sentencia que disponga el plan de
reordenamiento o pronuncie la
liquidación, toda acción por garantías personales otorgadas por personas
físicas. El tribunal puede enseguida acordar plazos o un diferimiento
de pago de hasta dos años.
Los acreedores beneficiarios de estas
garantías pueden tomar medidas
conservatorias.
Art. 1500.- La sentencia de apertura de
reordenamiento judicial no hace exigibles las acreencias no vencidas a la fecha
de su pronunciamiento. Toda cláusula contraria es reputada no escrita.
I.-PROHIBICION DE
INSCRIPCIONES
Art. 1501.- Las hipotecas, prendas y privilegios no
pueden ser inscritas posteriormente a la sentencia de apertura de
reordenamiento judicial.
Sin embargo el fisco conserva su
privilegio para las acreencias que no estaban obligados a inscribir a la fecha
de dicha sentencia y para las acreencias puestas en cobro después de esta fecha
si las mismas acreencias son declaradas en las condiciones previstas en el
artículo 1496.
El vendedor de un fondo de comercio,
por derogación de las disposiciones del
primer párrafo del presente artículo, no puede inscribir su privilegio.
J.- FIADORES Y
CODEUDORES
Art.1502.- acreedor, titular de obligaciones
suscritas, endosadas o garantizadas solidariamente por dos o más coobligados sometidos a un procedimiento de reordenamiento
judicial, puede declarar su acreencia por el valor nominal de su título, en
cada procedimiento.
Art. 1503.- Ningún recurso para los pagos efectuados se
abre a los coobligados sometidos a un procedimiento
de reordenamiento judicial, unos contra otros, a menos que el conjunto de las
sumas pagadas en virtud de cada procedimiento, no exceda el monto total de la
acreencia, el principal y accesorios. En este caso, dicho excedente es
devuelto, siguiendo el orden de las obligaciones, a los codeudores que eran
tenidos como garantes por los otros.
Art. 1504.- Si el acreedor portador de obligaciones
solidariamente suscritas por el deudor en estado de reordenamiento judicial ha
recibido de otros acreedores un abono por su acreencia antes del sentencia de
apertura, éste no puede declarar su acreencia sino deducción hecha de dicho
abono y conserva contra el codeudor sus derechos por el resto de lo adeudado.
El deudor o el fiador la garantía que
ha hecho el pago parcial puede declarar su acreencia
por todo lo que ha pagado en descargo del deudor.
CAPITULO II
EL PLAN DE CONTINUACION O DE CESION DE
SECCION I
SENTENCIA QUE DISPONE EL PLAN DE REORDENAMIENTO
Art. 1505.- Después de haber oído o debidamente
citado al deudor el administrador al representante de los acreedores un
supervisor así como los representantes de los trabajadores y visto el informe
del administrador, el tribunal ordena un plan de reordenamiento o pronuncia la
liquidación.
Este plan organiza o bien la
continuación de la empresa, o su cesión, o
su continuación, con una cesión parcial.
Art. 1506.- El plan designa las personas encargadas
de ejecutarlo y menciona el conjunto de los compromisos que han sido suscritos
por las mismas y que son necesarios para el reordenamiento de la empresa. Estos
compromisos versan sobre el futuro de la actividad, las modalidades de
mantenimiento y de financiamiento de la empresa, los acuerdos de pago del
pasivo nacido anteriormente a la sentencia de apertura, así como si hay lugar,
sobre las garantías provistas para asegurar su ejecución.
El plan expone y justifica el nivel y
las perspectivas del empleo y las condiciones sociales consideradas para la
continuación de la actividad.
A las personas que ejecuten el plan,
aún a título de asociados, no le pueden ser impuestas otras cargas que no sean
las obligaciones que han suscrito en el curso de su preparación.
Art. 1507.- Cuando el plan prevé la terminación de
los contratos de trabajo por motivos económicos, esto no puede ser ordenado por
el tribunal sino después que el representante de los trabajadores y el
Departamento de Trabajo hayan sido informados y consultados.
El plan precisa especialmente las
terminaciones de los contratos de trabajo que deben intervenir en el plazo de
un mes después de la sentencia. En este plazo, dichas terminaciones se efectúan
por simple notificación del administrador, sin perjuicio de los derechos de
preaviso previstos por la ley, las convenciones o los pactos colectivos de
condiciones de trabajo.
Art. 1508.- La sentencia que dispone el plan hace
sus disposiciones oponibles a todos, sin embargo los fiadores solidarios y
codeudores no pueden prevalerse del mismo.
Art. 1509.- Sin perjuicio de la aplicación de las
disposiciones del Artículo 1518 la duración del plan es fijada
por el tribunal. Esta duración es eventualmente prorrogada.
Dicha duración no puede exceder de 10
años.
Art. 1510.- El tribunal fija la misión del
administrador y le atribuye los poderes necesarios para la ejecución del plan.
El representante de los acreedores
permanece en funciones durante el tiempo necesario para la verificación de las
acreencias.
Art. 1511.- El tribunal nombra un comisario para la
ejecución del plan por el tiempo fijado en el artículo 1509. Dicho comisario es
el encargado de vigilar la ejecución del plan. El administrador o el
representante de los acreedores puede ser nombrado
para esta función. El comisario para la ejecución del plan puede ser
reemplazado por el tribunal de oficio o a requerimiento del ministerio público.
Las acciones incoadas antes de la
sentencia que dispone el plan hecho, por el administrador o por el
representante de los acreedores, son proseguidas por el comisario para la
ejecución del plan.
El comisario para la ejecución del
plan, puede hacerse comunicar todos los documentos e informaciones útiles para
su misión. Debe rendir cuenta al presidente del tribunal y al ministerio
público sobre la falta de ejecución del plan. Informa también al representante de
los trabajadores.
Art. 1512.- Una modificación sustancial en los
objetivos y en los medios del plan sólo puede ser decidida por el tribunal a
requerimiento del jefe de la empresa y sobre el informe del comisario para la
ejecución del plan.
El tribunal estatuye después de haber
oído o debidamente citado a las partes, al representante de los trabajadores y
a toda persona interesada.
Sin embargo, en caso de cesión de la
empresa, el importe del precio que ha sido fijado en la sentencia que dispone
el plan no puede ser modificado.
SECCION II
Artículo 1513.-
El tribunal
decide sobre el informe del administrador, la continuación de la empresa cuando
existen posibilidades serias de
reordenamiento y acuerdos de pago del pasivo.
Esta continuación puede estar
acompañada, si hay lugar, de una suspensión o adjunción o cesión de ciertas
ramas de la actividad de la empresa. Las cesiones hechas en aplicación del
presente artículo están sujetas a las disposiciones de los artículos
Artículo 1514.- En la sentencia que
dispone el plan o lo modifica, el tribunal puede decidir que los bienes que
estime indispensables para la continuación de la empresa no puedan ser
enajenados por un tiempo que le fija, sin su autorización.
Todo acto hecho en violación de las
disposiciones del párrafo primero del presente artículo, es anulado a demanda
de cualquier interesado presentada en el plazo de tres años a contar desde la
conclusión del acto. Cuando el acto está sometido a publicidad, el plazo corre
a partir de ésta.
A.- MODIFICACION DEL ESTATUTO DE
PERSONAS MORALES
Art. 1515.- El plan indica las modificaciones de
los estatutos necesarios para la continuación de la empresa.
Art. 1516.- La sentencia que dispone el
plan da mandato al administrador de convocar, en las formas y plazos fijados
por resolución de la autoridad reguladora, la asamblea competente para poner en
ejecución las modificaciones previstas por el plan.
B.-MODALIDADES DE
DEPURACION DEL PASIVO
Art. 1517.- El tribunal da acta de los
plazos y remisiones aceptados por los acreedores en las condiciones previstas
en el artículo 1469. Estos plazos y remisiones pueden, llegado el caso, ser
reducidos por el tribunal. Para los otros acreedores, el tribunal impone los
plazos uniformes de pago, bajo reservas en lo que concierne a los créditos a
término de los plazos mayores a los estipulados por las partes antes de la
apertura del procedimiento.
Los plazos pueden exceder la duración
del plan. El primer pago no puede intervenir más allá del plazo de un año. Para
los contratos de arrendamiento financiero, los plazos terminan, si antes de su
expiración, el arrendatario ejerce la opción de compra. Esta no puede ser
ejercida si, bajo la deducción de las remisiones aceptadas, la totalidad de las
sumas adeudadas en virtud del contrato no han sido cubiertas.
Art.
1518.- El plan puede prever una elección para los acreedores acuerdos
implicando un pago en los plazos uniformes más breves pero acompañado una
reducción proporcional el importe de la acreencia.
En este caso los plazos no pueden
exceder la duración del plan.
La reducción de acreencias no es
definitivamente adquirida que después de pago, a plazo fijo del último plazo
previsto en el plan.
Art. 1519.- Por derogación de las
disposiciones de los artículos 1517 y 1518 no pueden ser objeto de remisiones
de plazos:
1.- Las acreencias garantizadas por el
privilegio establecido en el Código de
Trabajo;
2.- Las acreencias resultantes de un
contrato de trabajo garantizadas por los privilegios previstos en el párrafo
cuarto del artículo 2101 y el segundo del artículo 2104 del Código Civil cuando
el importe de estas no ha sido avanzado por las instituciones correspondientes
o no ha sido objeto de una subrogación.
En el límite del 5% del pasivo
estimado, las acreencias más débiles tomadas en orden creciente de su importe y
sin que ninguna pueda exceder un importe fijado por Resolución son reembolsadas
sin entrega ni plazo. Esta disposición
no se aplica cuando el importe de las acreencias detentadas por una misma
persona excede un décimo del porcentaje fijado o cuando una subrogación ha sido
consentida o un pago efectuado por otro.
Art. 1520.- La inscripción de una
acreencia en el plan y el otorgamiento de plazos o entregas al acreedor no
prejuzga la admisión definitiva de la acreencia en el pasivo.
Las sumas a repartir correspondientes a
las acreencias litigiosas sólo son pagadas a partir de la admisión definitiva
de las acreencias del pasivo.
Sin embargo, la jurisdicción apoderada
del litigio puede decidir que el acreedor participe a titulo provisional en
todo o parte, en las reparticiones hechas antes de la admisión definitiva.
Salvo disposición legislativa contraria
o si el plan no dispone otra cosa, los pagos previstos por el plan son pagados
a los acreedores sin necesidad de que estos lo requieran.
Art.
1521.- En caso de mantener un bien gravado de un privilegio especial, de una
prenda o de una hipoteca, los acreedores beneficiarios de estas seguridades o
titulares de un privilegio en general son pagados sobre el precio después del
pago de las acreencias garantizadas por el privilegio establecido en el Código
de Trabajo.
Reciben los dividendos no vencidos
después del plan, reducidos en función del pago anticipado, siguiendo la orden
de preferencia existente entre ellos.
Si un bien esta gravado de un
privilegio, de una prenda o de una hipoteca otra garantía puede serle
sustituida en caso de necesidad, si esta presenta las ventajas equivalentes. En
ausencia de acuerdo el tribunal puede ordenar esta sustitución.
Art. 1522.- En caso de cesión
parcial de activos, el precio es pagado a la empresa o bajo reserva de
aplicación del artículo 78.
Art. 1523.- Si el deudor no
ejecuta sus compromisos en los plazos fijados por el plan, el tribunal, de
oficio, a demanda de un acreedor, oído el comisario para la ejecución del plan
debidamente oído, pronunciar la resolución del plan y la apertura del
procedimiento de liquidación judicial.
El tribunal puede igualmente ser
apoderado a demanda del comisario para la ejecución del plan o del ministerio
público.
Los acreedores sometidos al plan
declaran la integridad de sus acreencias y garantías, deducción y hechos de las
sumas percibidas.
SECCION III
A.- DISPOSICIONES
GENERALES
Art.
1524.- Teniendo en cuenta el informe establecido por el administrador, el
tribunal puede ordenar la cesión de la empresa.
La cesión tiene por objeto asegurar el
mantenimiento de las actividades susceptibles de explotación autónoma, de todo
o parte de los empleos que le son asignados y de depurar el pasivo.
La cesión puede ser total o parcial. En
este ultimo caso, recae sobre el conjunto de los
elementos de explotación que forman uno o más ramas completas y autónomas de
actividades.
En ausencia del plan de continuación de
la empresa, los bienes no comprendidos en el plan de cesión, son vendidos y los
derechos y acciones del deudor son ejercidos por el comisario para la ejecución
del plan según las modalidades previstas en el Titulo 3.
B.-MODALIDAD ES DE
REALIZACION DE
Art. 1525.- La cesión sólo puede
ser ordenada si ésta recae sobre uno o más conjuntos en el sentido del artículo
anterior.
El tribunal estatuye sobre la
composición de estos conjuntos.
Cuando un conjunto está esencialmente
constituido del derecho a un arrendamiento rural, el tribunal puede, bajo
reserva de los derechos a indemnización del arrendatario saliente y no
obstante las otras disposiciones del
estatuto del arrendamiento, sea autorizar el arrendador, su cónyuge o uno de
sus descendentes a retomar el fondo para explotarlo, sea atribuir el
arrendamiento rural a otro arrendatario propuesto por el arrendador o, en su
defecto, a todo arrendatario cuya oferta haya reunido las condiciones fijadas
en los artículos 1528, 1529 y 1530.
Art.
1526.- Toda oferta debe ser comunicada al administrador en el plazo que el ha
fijado y el lo llevara al conocimiento del representante de los acreedores y de
los supervisores. Salvo acuerdo entre el deudor, el representante de los trabajadors, el representante de los acreedores y los
controladores, un plazo mínimo de 15 días debe extenderse entre la recepción de
una oferta por el administrador y la audiencia en curso de la cual el tribunal
examine esta oferta. Toda oferta indicar lo siguiente:
1.- Las previsiones de actividad y de
financiamiento;
2.- El precio de cesión y de las
modalidades de pago;
3.- La fecha de la realización de la
cesión;
4.- El nivel y las perspectivas de
empleo justificado por la actividad considerada;
5.- Las garantías suscritas en vista de
asegurar la ejecución de la oferta;
6.- Las previsiones de cesión de
activos en el curso de los dos años siguientes a la cesión.
El Juez comisario puede requerir
indicaciones complementarias.
El administrador informa a las personas
mencionadas en el primer párrafo sobre contenido de las ofertas recibidas.
Art. 1527.- El administrador da al
tribunal cualquier que permita verificar el carácter serio de la oferta , así como la calidad de tercero de su autor.
Art.
1528.- El tribunal retiene la oferta que permite en las mejores condiciones de
asegurar la mayor durabilidad del empleo vinculado al conjunto cedido y el pago
de los acreedores.
Art.
1529.- El tribunal determina los contratos de arrendamiento financiero, de
locación o de suministro de los bienes o servicios necesarios para el
mantenimiento de la actividad teniendo en cuente las observaciones de los cocontratantes del deudor transmitidos por el
administrador.
Estos contratos deben ser suscritos en
las condiciones en vigor el día de la apertura del procedimiento, no obstante,
toda cláusula contraria, bajo reserva de los plazos de pago que el tribunal, el
cocontrante oído y debidamente citado, puede imponer
para asegurar el seguimiento de la actividad.
En caso de cesión de un contrato de arrendamiento financiero, los plazos
finalizarán, antes de su expiración, el arrendatario toma la opción de la
compra. Esta opción no puede ser realizada sino en caso de pago de sumas
restantes debidas en el limite del valor del bien
fijado de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, por el tribunal en
la fecha de la cesión.
Art.
1530.- En la ejecución del plan decretado por el tribunal, el administrador
realizara todos los actos necesarios para la realización de la cesión.
En la espera del cumplimiento de estos
actos, el administrador puede bajo su responsabilidad, confiar al cesionario la
gestión de la empresa cedida.
Art. 1531.- La misión del
comisario para la ejecución del plan dura hasta el Pago íntegro del precio de
cesión, como excepción al artículo 67.
C.- OBLIGACIONES
DEL CESIONARIO
Art.
1532.- Hasta tanto el precio de cesión no haya sido pagado íntegramente, el
cesionario no puede, con excepción de las provisiones, enajenar o donar en
arrendamiento los bienes corporales o incorporales que el ha adquirido.
Su enajenación total o parcial, su afectación al título de garantía, su locación pueden
ser autorizadas por el tribunal luego del informe del Comisario para la
ejecución del plan que deberá previamente consultar al comité de empresa o, en
su defecto, a los delegados del
personal. El tribunal debe tener en cuenta de las garantías ofrecidas por el cesionario.
Todo acto realizado en violación a las
disposiciones del presente artículo se anula a solicitud de cualquier interesado,
presentado dentro del plazo de tres años a contar desde la conclusión del acto.
Cuando el acto es sometido a la publicidad el plazo corre a partir de esta.
El cesionario rinde cuenta al comisario
para la ejecución del plan en aplicación de las disposiciones previstas por el
plan de cesión al inicio de cada ejercicio siguiente de esta. Si el cesionario
no ejecuta sus compromisos el tribunal puede, de oficio o a requerimiento del
Ministerio público, del Comisario para la ejecución del plan, del Representante
de los acreedores o de un acreedor, a pronunciar la resolución del plan.
Art.
1533.- El tribunal puede proveer el plan de cesión de una cláusula que haga
inalienable, para una duración que el fija, todo o parte de los bienes cedidos.
La publicidad de esta cláusula será
asegurada y reglamentada por Resolución
de
Art.
1534.- En caso de falta de pago del precio de cesión, el tribunal puede, de
oficio, a requerimiento del comisario para la ejecución del plan, del Ministerio
público o cualquier interesado nombrar un administrador ad-hoc
el cual determine su misión.
D.- EFECTO
RESPECTO DE LOS ACREEDORES
Art. 1535.- La sentencia que
dispone el plan de cesión total de la empresa hace exigibles las deudas no
vencidas.
Art. 1536.- En caso de cesión
total de la empresa, el tribunal pronuncia de oficio la clausura de las
operaciones, después de la regularización de los actos necesarios para la
cesión, pago del precio y realización de los activos no comprendidos en el
plan.
El precio de cesión es repartido por el
comisario para la ejecución del plan entre los acreedores siguiendo su rango.
Los acreedores recobran, después de la
sentencia de clausura, su derecho de persecución individual en los limites fijados por el articulo 1616.
Art.
1537.- Cuando la cesión recae sobre bienes gravados con un privilegio especial,
una prenda o una hipoteca, una quota, parte del
precio es afectada por el tribunal a cada uno de esos
bienes para la repartición del precio y ejercicio del derecho de preferencia.
El pago del precio de la cesión impide
a los acreedores inscritos sobre los bienes el ejercicio de sus derechos contra
el cesionario.
Sin embargo, se transmite al cesionario
la carga de seguridades mobiliarias e inmobiliarias especiales garantizando el
reembolso de un crédito consentido en la empresa para permitir el
financiamiento de un bien sobre el cual existen esas garantías. El cesionario esta obligado a pagar en manos
del acreedor, los vencimientos convenidos con éste y que son adeudados a partir
de la transferencia de la propiedad, bajo reserva de los plazos de pago, que
puedan ser acordados en las condiciones previstas en el párrafo tercero del articulo 86. Se
pueden derogar las disposiciones del presente párrafo por acuerdo entre el cesionario
y los acreedores titulares de las seguridades.
Hasta el pago completo del precio que
determina la radiación de las inscripciones que gravan los bienes comprendidos
en la cesión, los acreedores que poseen un derecho de persecución sólo pueden
ejercerlo en caso de enajenación del bien cedido por el cesionario.
CAPITULO III
EL PATRIMONIO DE
SECCION 1
VERIFICACION Y ADMISION DE LAS
ACREENCIAS
Art. 1538.- En caso de cesión o de
liquidación judicial, no se procede a la verificación de las acreencias
quirografarias, si aparece que el producto
de la realización del activo será enteramente absorbido por las costas
judiciales y las acreencias privilegiadas, a menos que, tratándose de una
persona moral, no haya lugar a poner a cargo de los dirigentes sociales de
derecho o de hecho, remunerados o no, todo o parte del pasivo conforme al
artículo 1627.
Art. 1539.- En el plazo fijado por el
tribunal, el representante de los acreedores establece, después de haber
solicitado las observaciones del deudor, una lista de acreencias declaradas,
con las propuestas de admisión, de rechazo o de reenvío ante la jurisdicción
competente. El representante de los acreedores transmite esta lista la juez
comisario.
El representante de los acreedores no
puede ser remunerado por concepto de las acreencias declaradas que no figuren
en la lista establecida en el plazo arriba mencionado.
Art. 1540.- En vista de las propuestas
del representante de los acreedores, el juez comisario decide la admisión o
rechazo de las acreencias o constata que una instancia está en curso, o que la
contestación no entra dentro de su
competencia.
Sólo puede rechazar en todo o en parte,
una acreencia o declararse incompetente después de haber sido oído o citado el
acreedor, el deudor, el administrador, y el representante de los acreedores.
Art. 1541.- Cuando la materia es de la
competencia del tribunal que ha abierto el reordenamiento, el recurso contra
las decisiones del juez comisario es llevado ante la corte de apelación. Dicho
recurso está abierto al acreedor, al deudor, al administrador o al
representante de los acreedores.
Sin embargo, el acreedor cuya acreencia
es discutida en todo o en parte y que no
ha respondido al representante de los acreedores en el plazo mencionado en el artículo
1498 no puede ejercer el recurso contra la decisión del juez comisario cuando
ésta confirma la propuesta del representante de los acreedores.
Cuando la materia es de la competencia
de otra jurisdicción, la notificación de la decisión de incompetencia
pronunciada por el juez comisario hace correr un plazo de dos meses, en el cual
el demandante debe apoderar la jurisdicción competente a pena de caducidad.
Art. 1542.- Toda persona interesada,
con exclusión de las mencionadas en el artículo 1543, puede tomar conocimiento
y hacer una reclamación dentro del plazo que será fijado por
El juez comisario estatuye sobre la
reclamación, después de haber sido oído o citado el representante de los
acreedores y las partes interesadas.
El recurso contra la decisión del juez
comisario que estatuye sobre la reclamación es llevado ante la corte de
apelación.
Art. 1543.- La decisión rendida por la
jurisdicción apoderada es asentada en el estado depositado en
Art. 1544.- El juez comisario estatuye
en última instancia en los casos previstos en la presente sección, cuando el
valor de la acreencia principal no exceda el límite de competencia en última
instancia del tribunal que ha abierto el procedimiento.
SECCION 2
NULIDAD DE CIERTOS ACTOS
Art. 1545.- Cuando han sido hechos por
el deudor, después de la fecha de la cesación de pagos, los actos siguientes
son nulos:
1.- Todos los actos a título gratuito,
traslativos de propiedad mobiliaria e inmobiliaria;
2.- Todo contrato conmutativo en el
cual las obligaciones del deudor excedan notablemente las de la otra parte;
3.- Todo pago de deudas no vencidas al día del pago, sin
importar cual que sea la forma en que haya sido realizado;
4.- Todo pago de deudas vencidas que no
sea efectuado en dinero efectivo, efectos de comercio, giros así como cualquier
otro medio de pago comúnmente admitido en las relaciones de negocios;
5.- Toda hipoteca convencional o
judicial así como la hipoteca legal de la mujer casada o todo derecho de prenda
constituido sobre los bienes del deudor por deudas anteriormente consentidas;
6.- Toda medida conservatoria, a menos
que la inscripción o el acto de embargo sea anterior a la fecha de cesación de
pagos.
El tribunal puede además, anular los
actos a título gratuito señalados en el inciso primero del presente artículo
que hayan sido hechos en los seis meses precedentes a la fecha de cesación de
pago.
Art. 1546.- Los pagos por las deudas
vencidas efectuadas después de la fecha de la cesación de pago y los actos a
título oneroso realizados después de esta misma fecha pueden ser anulados si
quienes han tratado con el deudor han tenido conocimiento de la cesación de
pagos.
Art. 1547.- Las disposiciones del
artículo 1547 y 1548 no invalidan el pago de letra de cambio, de un pagaré a la
orden o de un cheque.
Sin embargo, el administrador o el
representante de los acreedores puede ejercer una acción en restitución contra
el girador de una letra de cambio o en los casos de giro por cuenta, contra el
dador de la orden, así como contra el beneficiario de un cheque y el primer
endosante de un pagaré a la orden, si se establece que estos tenían
conocimientos de la cesación de pagos.
Art. 1548.- La acción en nulidad es
ejercida por el administrador, por el representante de los acreedores, por el
liquidador o por el comisario para la ejecución del plan. Tiene por efecto
reconstituir el activo del deudor.
SECCION 3
DERECHOS DEL CONYUGE
Art. 1549.- El cónyuge del deudor
sometido a un procedimiento de reordenamiento judicial debe establecer la
consistencia de sus bienes personales conforme a las reglas de los regímenes
matrimoniales.
Art. 1550.- El representante de los
acreedores o el administrador puede probar por todos los medios de prueba, que
los bienes adquiridos por el cónyuge del deudor lo han sido con sumas provistas
por éste, y demandar que adquisiciones sean incorporadas al activo.
Art. 1551.- Las recuperaciones hechas
en aplicación del artículo 1551 son ejercidas sin perjuicio de las deudas e
hipotecas que graven legalmente dichos bienes.
Art. 1552.- El cónyuge del deudor que
era comerciante al momento de su matrimonio o que ha venido a serlo dentro del
año del mismo, no puede ejercer en el reordenamiento judicial ninguna acción
fundada en las ventajas hechas por uno de los esposos al otro en el contrato de
matrimonio o durante éste. Los acreedores no pueden por su parte prevalerse de las ventajas establecidas
por uno de los esposos a favor del otro.
SECCION IV
DERECHOS DEL VENDEDOR DE MUEBLES Y
REINVINDICACIONES
Art. 1553.- La reivindicación de los
muebles no puede ser ejercida más que en el plazo de 3 meses siguientes a la
publicación de la sentencia de apertura del procedimiento de
reordenamiento judicial o de liquidación
judicial inmediata.
Para los bienes que son objeto de un
contrato en curso, el día de la apertura del procedimiento, el plazo corre a
partir de la resiliación o del termino
del contrato.
Art. 1554.- El privilegio, la acción
resolutoria y el derecho de reivindicación establecido por el cuarto acápite
del artículo 2102 del Código Civil, a beneficio del vendedor de los muebles
sólo pueden ser ejercidos en el límite de las disposiciones siguientes.
Art. 1555.- El propietario de un bien
esta dispensado de hacer reconocer su derecho de propiedad cuando el contrato
relativo a dicho bien ha sido objeto de una publicidad.
Art. 1556.- Pueden ser reivindicados,
si existen en naturaleza, en todo o en parte, las mercancías cuya venta ha sido
resuelta con anterioridad a la sentencia de apertura el reordenamiento
judicial, sea por decisión judicial, o por la aplicación de una condición
resolutoria realizada.
La reivindicación debe ser igualmente
admitida cuando la resolución de la venta ha sido pronunciada o constatada por
decisión judicial posterior a la sentencia de apertura el reordenamiento
judicial, cuando la acción en reivindicación o en resolución, ha sido intentada
con anterioridad a la sentencia de apertura por el vendedor por una causa que
no sea la falta de pago del precio.
Art. 1557.- Pueden ser reivindicadas
las mercancías expedidas al deudor mientras tanto que la tradición no haya sido
efectuado la entrega en sus establecimientos o dónde el comisionista encargado
de venderlas por su cuenta.
Sin embargo, la reivindicación no es recibible, si antes de su llegada, las mercancías han sido
revendidas sin fraude, sobre facturas o títulos de transporte regulares.
Art. 1558.- Pueden ser retenidas por el
vendedor las mercancías que no han sido entregadas o expedidas al deudor o a un
tercero que actúe por su cuenta.
Art. 1559.- Pueden ser reivindicadas,
si se encuentran todavía en la cartera del deudor, los efectos de comercio u
otros títulos no pagados, remitidos por su propietario para ser recobrados o
por estar especialmente afectado a determinados pagos.
Art. 1560.- Pueden ser reivindicadas a
condición de que se encuentren en naturaleza, las mercancías consignadas en
manos del deudor, título del deposito o para ser
vendidas por cuenta del propietario.
Pueden igualmente ser reivindicados, si
estos se encuentran en naturaleza al momento de la apertura del procedimiento,
los bienes vendidos con una cláusula de reserva de propiedad que subordine la
transferencia de la misma al pago integral del precio. Esta cláusula que puede
figurar en un escrito que rija un conjunto de
operaciones comerciales
convenidas entre las partes, debe haber sido acordada por un escrito, a más
tardar, en el momento de la entrega.
No obstante toda cláusula contraria, la
cláusula de reserva de propiedad es oponible al comprador y a los otros
acreedores, a menos que las partes hayan convenido por escrito descartarla o
modificarla.
La reivindicación en naturaleza puede
ejercerse en las mismas condiciones sobre los bienes mobiliarios incorporados
en otro bien mobiliario cuando esta recuperación puede ser efectuada sin daños
para los bienes mismos y para el bien en
el cual aquellos han sido incorporados. La reivindicación en naturaleza puede
igualmente ejercerse sobre los bienes fungibles cuando bienes de la misma
especie y calidad se encuentren en manos del comprador.
Art. 1561.- El administrador o en su
defecto el representante de las acreedores, puede acceder a la demanda en
reivindicación o en restitución de un
bien señalado en la presente sección, con el acuerdo del deudor. A falta de acuerdo o en caso de contestación,
la demanda es llevada ante el juez comisario quien estatuye sobre destino
del contrato, teniendo en cuenta las
observaciones del acreedor, del deudor y del mandatario de justicia previamente
apoderado.
Art. 1562.- Puede ser reivindicado
el precio o la parte del precio de los
bienes señalados en el artículo 1562 que no haya sido ni pagado, ni cubierto su
valor, ni compensado en cuenta corriente entre el deudor y el comprador, a la
fecha de la sentencia de apertura del procedimiento de reordenamiento judicial.
CAPITULO IV
REGLAMENTO DE LAS ACREENCIAS
RESULTANTES DEL CONTRATO DE TRABAJO
SECCION 1
VERIFICACION DE LAS ACREENCIAS
Art. 1563.- Después de verificar, el
representante de los acreedores establece una lista de las acreencias
resultantes del contrato de trabajo habiendo sido oído o debidamente citado el
deudor.
La lista de las acreencias son sometidas al representante de los trabajadors
en las condiciones previstas en el artículo 1488. Estas son visadas por el juez
comisario y son depositadas ante el Secretario del tribunal y publicadas en la
forma que establezca
El trabajador cuya acreencia no figura
en todo o en parte sobre dicha lista puede apoderar a pena de caducidad en al
tribunal de trabajo en un plazo de dos meses a contar del cumplimiento de la
medida de publicidad mencionada en el párrafo anterior, a fin de hacer
reconocer su acreencia. Puede requerir al representante de los trabajadores
asistirle o representarle ante dicha jurisdicción.
El representante de los acreedores, el
deudor y el administrador deben ser citados ante el Tribunal de Trabajo.
Art. 1564.- Las instancias en curso
ante los tribunales de trabajo, a la fecha de la sentencia de apertura de
reordenamiento judicial, son proseguidas en presencia del representante de los
acreedores y del administrador o habiendo sido éstos debidamente citados al
tribunal.
El representante de los acreedores
informa en los diez días al tribunal apoderado y a los trabajadores que son
parte de la instancia sobre la apertura del procedimiento de reordenamiento
judicial.
Art. 1565.- La lista de las acreencias
resultantes del contrato de trabajo, visados por el juez comisario, así como
las decisiones rendidas por la jurisdicción de trabajo son asentadas en el
estado de acreencias depositados en
SECCION 2
PRIVILEGIO DE LOS TRABAJADORES
Art. 1566.- Las acreencias resultantes
de un contrato de trabajo son garantizadas en caso de apertura de un
Procedimiento de reordenamiento judicial o de liquidación judicial por los
privilegios consagrados en el Código de Trabajo.
Art. 1567.- No obstante la existencia
de cualquier otra acreencia, las acreencias garantizadas por el privilegio
establecido en los artículos 207, 219, y 223 del Código de Trabajo deben ser
pagadas por el administrador sobre ordenanza del juez comisario, en el plazo de
diez días del pronunciamiento de las sentencias de apertura de reordenamiento
judicial o de liquidación judicial, si el administrador dispone de los fondos
necesarios.
Sin embargo, antes del establecimiento
del monto de estas acreencias, el administrador debe, con autorización del juez
comisario y en la medida de los recursos
disponibles, pagar inmediatamente a los trabajadores, a título
provisional, una suma igual a un mes del salario no pagado sobre la base de la
última nómina de salarios.
A falta de disponibilidades, las sumas
dadas en virtud de los dos párrafos precedentes deben liquidadas con los
primeros ingresos de fondos.
TITULO II
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO APLICABLE A
CIERTAS EMPRESAS
Art. 1568.- Las personas mencionadas en
el segundo párrafo del artículo anterior, se benefician, bajo reserva del
artículo 1571, del procedimiento simplificado del presente título.
Las otras disposiciones del presente
libro, son aplicables, en la medida que no sean contrarias a las del presente
Título.
Art. 1569.- Hasta la sentencia que
dispone el plan, el tribunal, sobre demanda del deudor, del ministerio público
o de oficio, puede decidir aplicar íntegramente el procedimiento previsto en el
Título I, si él estima que esta medida puede favorecer el reordenamiento de la
empresa.
En este caso, la duración del periodo
de observación transcurrido, se imputa, al periodo previsto en el párrafo
segundo del artículo 8.
CAPITULO I
SENTENCIA DE APERTURA Y PERIODO DE
OBSERVACION
Art. 1570.- En la sentencia de apertura
del reordenamiento judicial, el tribunal designa el juez comisario y un mandatario
judicial encargado de representar a los acreedores e invita a los trabajadores
de la empresa a elegir entre ellos un representante mediante voto secreto y por
mayoría simple.
Art. 1571.- El periodo de observación,
puede ser renovado una vez por decisión motivada del tribunal que estatuye, a
solicitud del deudor, del ministerio público o del administrador si ha sido
nombrado uno, o de oficio.
La duración máxima del período de
observación es fijada por la de
El juez comisario dispone de los
poderes previstos en el artículo 1465.
Art. 1572.- Durante este período, la
actividad es proseguida por el deudor, salvo si parece necesario al tribunal
nombrar un administrador. En este caso, el deudor es desapoderado y
representado por el administrador o
asistido por éste.
En ausencia de administrador:
1.- El deudor ejerce las funciones
asignadas por el artículo 1490; y ejerce la facultad abierta por los artículos
1562 y 1482, si es autorizado por el
juez comisario;
2.- El representante de los acreedores
ejerce las funciones es atribuidas por el
artículo 1473;
3.- La asamblea general extraordinaria
o la asamblea de los socios es, por aplicación del artículo 1467, convocada a
solicitud del juez comisario quien fija el
monto del aumento del capital propuesto en la asamblea para
reconstituir los capitales propios.
Art. 1573.- El tribunal puede decidir,
sea la continuación de la actividad en vista de la elaboración de un proyecto
del plan de reordenamiento de la empresa, o la liquidación judicial a la cual
se aplican las disposiciones del Titulo III.
CAPITULO II
ELABORACION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO
DE
Art. 1574.- Durante el período de
observación, el deudor o el administrador, si este último ha sido nombrado,
establece un proyecto de plan de reordenamiento de la empresa con el concurso
eventual de un experto nombrado por el tribunal.
El deudor o el administrador comunican
al representante de los acreedores y al juez comisario las propuestas de pago
del pasivo previstas en el artículo 1469 y procede a las informaciones y
consultas previstas en el tercer párrafo del artículo 1465 y del artículo 1470.
Art. 1575.- Si no se ha nombrado el
administrador, las ofertas de adquisición mencionadas en los artículos 1466 y
1528 son presentadas en
En este caso, el deudor hace constar en
su proyecto de todas las ofertas de las cuales el juez comisario haya
verificado su admisibilidad.
Art. 1576.- Si no se ha nombrado el
administrador, el deudor deposita en la secretaría del tribunal el proyecto del
plan de reordenamiento de la empresa.
En este caso, el juez comisario hace un
informe al tribunal y le somete el proyecto del plan con su opinión motivada.
Art. 1577.- En cualquier momento del
procedimiento, el tribunal a demanda de una de las partes mencionadas en el
artículo 36 o de oficio, puede pronunciar una de las medidas previstas en dicho
artículo.
CAPITULO III
EJECUCION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO DE
Art. 1578.- En ausencia del
administrador, el comisario para la ejecución del plan asiste al deudor en el
cumplimiento de los actos necesarios para su ejecución.
TITULO III
CAPITULO I
SECCION I
LIQUIDACION JUDICIAL ABIERTA SIN
PERIODO DE OBSERVACION
Art. 1579.- El procedimiento de
liquidación judicial es abierto sin período de observación respecto a los
comerciantes de toda empresa mencionada en el primer párrafo del artículo 1448,
en estado de cesación de pagos, o cuya actividad ha cesado o cuyo
reordenamiento es manifiestamente imposible.
Se realiza según las modalidades
previstas en el segundo párrafo del artículo 1449 y los artículos 1450 al 1456
así como el 1469 y 1470.
La fecha de cesación de pagos es fijada
conforme al artículo 1455.
Art. 1580.- En la sentencia de apertura
del procedimiento de liquidación judicial el Tribunal designa un juez comisario
y un mandatario judicial en calidad de liquidador. El liquidador es reemplazado
siguiendo las reglas previstas en el segundo párrafo del artículo 1584.
Un representante de los trabajadores es
designado en las condiciones previstas en la primer
párrafo del artículo 1455 ó en el primer párrafo del artículo 1572 según el
caso. Este es reemplazado en las condiciones previstas en el párrafo tercero
del artículo 1457. Y ejerce la misión prevista en el artículo 1488 y, en el
caso mencionado en la décima línea del artículo 1572, las funciones que le son conferidas
por dichas disposiciones.
Los supervisores son designados como
dice el artículo 1460 y ejercen sus atribuciones en las mismas condiciones que
las previstas en el Título 1ro.
Art. 1581.- La sentencia que pronuncia
la liquidación judicial tiene los mismos efectos que los previstos en caso de
reordenamiento judicial para el primero y cuarto párrafo del artículo 1478 y
por los artículos 1491, 1492, 1495, 1500, 1502, 1555, 1556 y 1558.
Los acreedores declaran sus acreencias
al liquidador según las modalidades previstas en los artículos 1494 al 1498.
Art. 1582.- El liquidador procede a las
operaciones de liquidación al mismo tiempo que a la verificación de las
acreencias. Este puede incoar las acciones que caen dentro de la competencia
del representante de los acreedores.
El liquidador ejerce las atribuciones
asignadas al administrador y al representante de los acreedores por los
artículos 1472, 1492, 1493, 1566 y 1567.
Las terminaciones de los contratos
están sometidos a las disposiciones del cuarto párrafo
del siguiente artículo.
SECCION 2
LIQUIDACION JUDICIAL PRONUNCIADA EN EL
CURSO DEL PERIODO DE OBSERVACIÓN
Art. 1583.- El tribunal que pronuncia
la liquidación judicial nombra al representante de los acreedores en calidad de
liquidador. Sin embargo, el tribunal puede, por decisión motivada, a demanda
del administrador, de un acreedor, del deudor y del ministerio público,
designar liquidador a otra persona.
El tribunal puede, de oficio, a propuesta del juez comisario o a demanda del
ministerio público, proceder al reemplazo del liquidador. El deudor o un
acreedor puede requerir al juez comisario que apodere
con este fin el tribunal.
El liquidador procede a las operaciones
de liquidación al mismo tiempo que el termina eventualmente la verificación de
las acreencias y que establece el orden de los acreedores.
Persigue las acciones iniciadas antes
de la sentencia de liquidación, por el administrador o por el representante de
los acreedores, y puede introducir las acciones que sean de la competencia del
representante de los acreedores.
Las terminaciones de los contratos de
trabajo que decida el liquidador en aplicación de las sentencias que pronuncia
la liquidación, están sometidas a las disposiciones del Código de Trabajo.
SECCION 3
DISPOSICIONES COMUNES
Art. 1584.- Ningún pariente o aliado hasta el cuarto grado inclusive del jefe de
empresa o de los administradores o gerentes, si se trata de una persona moral , puede ser nombrado liquidador.
Art. 1585.- El liquidador mantiene
informado, al menos cada tres meses, al juez comisario y al ministerio público
del desarrollo de las operaciones.
Art. 1586.- Toda suma recibida por el
liquidador en el ejercicio de sus funciones debe ser inmediatamente consignada
en una cuenta de deposito abierta con la autorización del juez comisario. En
caso de retardo, debe pagar por las sumas que no hayan sido consignadas, un
interés cuya tasa es igual a la tasa del interés legal más cinco puntos.
Art. 1587.- La sentencia que abre o
pronuncia la liquidación judicial implica de pleno derecho, a partir de su
fecha, el desapoderamiento del deudor en cuanto a la administración y
disposición de los bienes adquiridos a cualquier titulo que sea, hasta que la
liquidación judicial no sea clausurada. Los derechos y acciones del deudor
concernientes a su patrimonio son ejercidos durante toda la duración de la
liquidación judicial por el liquidador.
Sin embargo, el deudor puede
constituirse en parte civil con el objeto de establecer la culpabilidad del
autor de un crimen o de un delito, del cual sea víctima, si se limita a
impulsar la acción publica sin solicitar reparación
civil.
Art. 1588.- Si el interés público o el
de los acreedores lo exige el mantenimiento de la actividad puede ser
autorizada por el tribunal por una duración máxima fijada por la autoridad
reguladora. Este plazo, puede ser prolongado a requerimiento del ministerio
público por una duración fijada por la misma vía.
Las disposiciones del artículo 1486 son
aplicadas a las acreencias nacidas durante este período.
La administración de la empresa es
ejercida por el administrador, que se mantiene en sus funciones por derogación
a las disposiciones del artículo 1482, o en su defecto por el liquidador.
El administrador o en su defecto el
liquidador procede a las terminaciones de los contratos de trabajo de
conformidad con el Código de Trabajo.
Cuando el administrador no dispone de
las sumas necesarias para la realización de la actividad, puede, con
autorización del juez comisario, hacérselas entregar por el liquidador.
Art. 1589.- El juez comisario ejerce
las competencias que le son otorgadas por los artículos 1459, 1460, 1464, 1472,
1474 y 1475 por el primer párrafo del artículo 1482 y el cuarto párrafo del
artículo 1484.
Las informaciones obtenidas por el
ministerio público le son comunicadas según las reglas previstas en el segundo
párrafo del artículo 13.
Art. 1590.- El liquidador recibe del
juez comisario todas las informaciones y documentos útiles para el cumplimiento
de su misión. Y ejerce las funciones otorgadas al administrador o al
representante de los acreedores, según el caso, por los artículos 1471, 1474 y
1552.
El administrador, en el caso mencionado
en el segundo párrafo del artículo 1587, o, en su defecto, el liquidador, tiene
la facultad de exigir la ejecución de los contratos en curso en las condiciones
previstas en el artículo 1482.
Art. 1591.- La liquidación judicial no
implica de pleno derecho la resiliación del
arrendamiento de los inmuebles afectados a la actividad de la empresa.
El liquidador o el administrador pueden
continuar el arrendamiento o cederlo en las condiciones previstas en el
contrato suscrito con el arrendador, con todos los derechos y obligaciones
relacionadas.
Si el liquidador o el administrador
deciden no continuar el arrendamiento, este es resiliado
sobre su simple demanda. La resiliación toma efecto
el día de esa demanda.
El arrendador que se propone demandar o
hace constatar la resiliación por causas anteriores a
la sentencia de liquidación judicial debe, si no lo ha hecho, introducir su
demanda en los tres meses de la sentencia. Las disposiciones del artículo 1484
son aplicables, sea que la actividad
continúe o no.
El privilegio del arrendador está
determinado conforme a los tres primeros párrafos del artículo 1485.
CAPITULO II
REALIZACION DEL ACTIVO
Art. 1592.- Las ventas de los inmuebles tienen lugar siguiendo las formas prescritas
en materia de embargo inmobiliario. Sin embargo el juez comisario, después de
haber recibido las observaciones de los supervisores, del deudor y del
liquidador, el deudor o el liquidador oídos o debidamente citados fija el
precio y las condiciones esenciales de la venta y determina las modalidades de
publicidad.
Cuando un procedimiento de embargo
inmobiliario iniciado antes de la apertura de reordenamiento o de liquidación
judiciales ha sido suspendida por efecto de esta
última, el liquidador puede subrogarse en los derechos del acreedor, embargando
con los actos que este ha efectuado, los cuales se reputan realizados por
cuenta del liquidador que procede a la venta de los inmuebles. El embargo
inmobiliario puede entonces continuar su curso en la etapa en que la sentencia
de apertura lo había suspendido.
En las mismas condiciones el juez
comisario puede, si la consistencia de los bienes, su emplazamiento o las
ofertas recibidas son de naturaleza que permitan una cesión amigable en las
mejores condiciones, autorizar la venta, por adjudicación amigable sobre el
precio que fije, o de grado a grado, en los precios y condiciones que el
determine. En caso de adjudicación amigable, puede haber puja ulterior.
Las adjudicaciones realizadas en
aplicaciones de los párrafos que preceden implican la purga de las hipotecas.
El liquidador reparte el producto de
las ventas y ajusta el orden entre los acreedores, bajo reserva de las
contestaciones que son llevadas por ante el tribunal de primera instancia.
Las modalidades de aplicación del
presente artículo son fijadas por vías reglamentarias por
Art. 1593.- Las unidades
de producción compuestas por todo parte del activo mobiliario o inmobiliario
puede ser objeto de una cesión global.
El liquidador promueve las ofertas de adquisición y fija el plazo durante
el cual éstas serán recibidas. Toda persona interesada puede someter su oferta
al liquidador.
Sin embargo, ni el deudor, ni los administradores o gerentes de derecho o
de hecho de la persona moral en liquidación judicial, ni ningún pariente o
aliado de estos, hasta el segundo grado inclusive, pueden presentarse como
adquirientes.
Toda oferta debe ser escrita, contener las indicaciones previstas en los
párrafos primero al quinto del artículo 1528, ser depositada en la secretaría
del tribunal donde cualquier interesado puede tomar conocimiento y comunicada
al juez comisario.
El juez comisario, después de haber oído o debidamente convocado al
deudor, al representante de los trabajadores, los supervisores y en su caso, el
propietario de los locales en la cual la unidad de producción es explotada, el
ministerio público debidamente informado, escoge la oferta que le parece mas
seria y que permite en las mejores condiciones asegurar la durabilidad del
empleo y el pago de los acreedores.
El liquidador rinde cuentas de los actos de cesión. Una cuota parte del
precio de la cesión esta afectada en cada uno de los bienes cedidos para la
repartición del precio y el ejercicio del derecho de preferencia.
Art. 1594.- El juez
comisario ordena la venta en pública subasta o de grado a grado de los otros
bienes de la empresa, oído o debidamente citado el deudor y después de haber
recogido las observaciones de los supervisores.
El juez comisario puede requerir que el proyecto de venta amigable le sea
sometido para los fines de verificar si las condiciones que el ha fijado han
sido respetadas.
Art. 1595.- Ante toda
venta o destrucción de los archivos del deudor, el liquidador lo informa a la
autoridad reguladora para la conservación de los archivos. Esta autoridad
dispone de un derecho de precedencia.
Art. 1596.- El liquidador
puede con la autorización del juez comisario y con el deudor oído o debidamente
citado, comprometer y transigir sobre todas las contestaciones que interesen
colectivamente a los acreedores, incluso aquellas que son relativas a los
derechos y acciones inmobiliarias.
Si el objeto del compromiso o la transacción es de un valor indeterminado
o excede la competencia en última instancia del tribunal, el compromiso o la
transacción es sometida a la homologación del tribunal.
Art. 1597.- El liquidador
autorizado por el juez comisario puede, al pagar la deuda, retirar los bienes
constituidos en prenda por el deudor o la cosa retenida.
A falta de retiro, el liquidador debe, en los seis meses a partir de la
sentencia de liquidación judicial, demandar al juez comisario la autorización
para proceder a la venta; el liquidador debe notificar al acreedor quince días
antes de la realización.
El acreedor prendario, aún si no ha sido admitido, puede demandar, antes
de la venta, su reconocimiento judicial. Si la acreencia es rechazada en todo o
parte, dicho acreedor restituye al liquidador el bien o su valor, bajo reserva
del monto admitido de su acreencia.
En caso de venta por el liquidador, el derecho de retención es de pleno
derecho transferido sobre el precio. La inscripción eventualmente tomada para
la conservación de la prenda es radiada en la diligencia del liquidador.
CAPITULO III
SECCION 1
EL REGLAMENTO
DE LOS ACREEDORES
Art. 1598.- La sentencia
que abre el proceso de liquidación judicial hace exigibles las acreencias no
vencidas. Cuando estas acreencias son
expresadas en una moneda extranjera, éstas son convertidas en la moneda del
lugar, según la tasa de cambio vigente a la fecha de la sentencia.
A.- EL DERECHO DE
PERSECUCIÓN INDIVIDUAL
Art. 1599.- Los acreedores
titulares de un privilegio especial, de una prenda o una hipoteca y el fisco
para sus acreencias privilegiadas pueden, desde que han declarado sus
acreencias, aun si no han sido admitidas, pueden ejercer su derecho de
persecución individual si el liquidador no ha iniciado la liquidación de los
bienes gravados en el plazo de tres meses a contar de la sentencia que abre o
pronuncie la liquidación judicial.
En caso de venta de inmuebles, las disposiciones del primero, tercero y
quinto párrafo del artículo 154 son aplicables. Cuando un procedimiento de
embargo inmobiliario ha sido intentado antes de la sentencia de apertura, el
acreedor titular de una hipoteca es dispensado, desde la reanudación de las
persecuciones individuales de los actos y formalidades efectuados antes del sentencia.
Art. 1600.- El juez
comisario puede, de oficio o sobre demanda del representante de los acreedores,
del liquidador o del comisario para la ejecución del plan o de un acreedor,
ordenar el pago a título provisional de una cuota parte de una acreencia
definitivamente admitida.
Este pago provisional puede ser
subordinado a la presentación por su beneficiario de una garantía emitida por
un establecimiento de crédito.
B.-REPARTICION DEL PRODUCTO DE LIQUIDACION JUDICIAL
Art. 1601.- Si
una o más distribuciones de sumas preceden la repartición del precio de los
inmuebles, los acreedores privilegiados e hipotecarios admitidos, concurren a
la distribución en la proporción de sus
acreencias totales.
Después de la
venta de los inmuebles y el pago definitivo en el orden entre los acreedores
privilegiados e hipotecarios, aquellos que vengan en rango útil sobre el precio de los inmuebles
por la totalidad de su acreencia sólo perciben el monto de su colocación
hipotecaria, deducción hecha de las sumas por ellos recibidas.
Las sumas así
deducidas aprovechan a los acreedores quirografarios.
Art. 1602.- Los
derechos de los acreedores hipotecarios que son colocados parcialmente sobre la
distribución del precio de los inmuebles, son pagados según el monto de la
deuda restante después de la colocación inmobiliaria. El excedente de los
dividendos que han recibido en las distribuciones anteriores con relación con
el dividendo calculado después de la colocación
se retiene sobre monto de su colocación, hipotecaria y es incluido en las sumas
a repartir entre los acreedores quirografarios.
Art. 1603.- Los
acreedores privilegiados o hipotecarios no desinteresado sobre el precio de los
inmuebles, concurren con los acreedores quirografarios por resto de sus
acreencias.
Art. 1604.-
Bajo reserva del tercer párrafo del Articulo 1598, las
disposiciones del artículo 1603 al 1605 se aplican a los acreedores
beneficiarios de una garantía mobiliaria especial.
Art. 1607.- El
monto del activo, distracción hecha de los gastos y costas de la liquidación
judicial, de los subsidios acordados al jefe de la empresa a los
administradores y gerentes o a su
familia y de las sumas pagadas a los acreedores privilegiados, es repartido
entre todos los acreedores a prorrata entre sus acreencias admitidas.
Son puestas en
reserva la parte correspondiente a las acreencias sobre la admisión de las
cuales éste no se haya estatuido definitivamente y especialmente las
remuneraciones de los administradores y gerentes, y en tanto que no se haya
sido estatuidos sobre sus casos.
SECCION II
CLAUSURA DE LAS OPERACIONES DE
LIQUIDACION JUDICIAL
Art. 1608.- En todo momento, el tribunal puede pronunciar, aún de
oficio, el deudor oído o debidamente citado y sobre informe del juez comisario,
la clausura de la liquidación judicial:
1.- cuando no existe más pasivo exigible o el liquidador
dispone de sumas suficientes para desinteresar los acreedores;
2.- cuando la
continuación de las operaciones de liquidación judicial es imposible en razón
de la insuficiencia del activo.
Art. 1609.- El
liquidador procede a la rendición de cuentas.
Es responsable de los documentos que le han sido entregados en el curso
del procedimiento durante cinco años a contar de su rendición.
Art. 1610.- La
sentencia de clausura de la liquidación judicial por insuficiencia de activo no
hace recobrar a los acreedores el ejercicio individual de sus acciones contra
el deudor, salvo si la acreencia resulta:
1.- De una
condenación penal sea por hechos ajenos a la actividad profesional del deudor o
sea por fraude fiscal, sólo en beneficio del fisco;
2.- De derechos
que atañen a la persona del acreedor.
Sin embargo, el
fiador o el coobligado que ha pagado en el lugar del
deudor puede perseguir a éste.
Los acreedores
recobran su derecho a persecución individual en
caso de fraude respecto de ellos, de
quiebra personal, o de interdicción de dirigir, administrar o controlar
una empresa comercial o una persona moral, de bancarrota o cuando el deudor o
la persona moral de la cual ha sido dirigente ha sido declarada en estado de
cesación de pagos y el procedimiento ha sido clausurado por insuficiencia de
activo.
Los acreedores
cuyas acreencias han sido admitidas y que recobran el ejercicio individual de
sus acciones pueden obtener, por ordenanza del presidente del tribunal un
título ejecutorio.
Art. 1611.- Si
la clausura de la liquidación judicial es pronunciada por insuficiencia de
activos y si aparece que los activos no han sido vendidos o que las acciones en
interés de los acreedores no han sido interpuestas, el procedimiento puede ser
reanudado a demanda de cualquier acreedor interesado por decisión especialmente
motivada del tribunal, sobre la justificación de que los fondos necesarios para
los gastos de las operaciones han sido consignados en una cuenta de bancaria de
depósitos con un monto que previamente debe ser fijado y autorizado
administrativamente por el tribunal. Con prioridad sobre las sumas recobradas
como consecuencia de la reanudación del proceso, el monto de los gastos
consignados es reembolsados al acreedor que ha
avanzado los fondos.
TITULO IV
VIAS DE RECURSO
Art. 1612.- Son
susceptibles de apelación o del recurso de casación:
1.- Las
decisiones que estatuyen sobre la apertura del procedimiento de parte del
deudor, del acreedor persiguiente, así como del
ministerio público, aún si éste no ha actuado como parte principal;
2.- Las
decisiones que estatuyen sobre la liquidación judicial, disponiendo o
rechazando el plan de continuación de la empresa de parte del deudor, del
administrador, del representante de los acreedores, del representante de los
trabajadores, así como, del ministerio público, aún si éste no ha actuado como
parte principal.
3.- Las
decisiones que modifican el plan de continuación de la empresa de parte del
deudor, del comisario para la ejecución del plan, del representante de los
trabajadores, así como, del ministerio público, aun cuando este no ha actuado
como parte principal.
La apelación
del ministerio público no es suspensiva.
Art. 1613.- Las
decisiones que estatuyen sobre la apertura del procedimiento, son susceptibles
de tercería.
Art. 1614.- Las
decisiones que disponen el plan de continuación no son susceptibles de
tercería.
Art. 1615.- No
son susceptibles de oposición, tercería, apelación o recurso de casación:
1.- Las
sentencias relativas a la designación o al reemplazo del juez comisario;
2.- Las
sentencias por las cuales el tribunal estatuye sobre los recursos intentados
contra las ordenanzas dictadas por el juez comisario en el límite de sus
atribuciones, con excepción de las que estatuyen sobre las reinvindicaciones.
Art. 1616.-
Sólo son susceptibles de recurso de apelación o de casación por parte del
ministerio público, las sentencias que estatuyen sobre los recursos intentados
contra las ordenanzas del juez comisario dictadas en aplicación de los
artículos 1594,1595 y 1596.
Articulo 1617.-
Sólo son susceptibles de recurso de apelación por parte del ministerio público,
aún cuando este no haya actuado como parte principal:
1.- Las
sentencias relativas a la designación o el reemplazo del administrador, del
representante de los acreedores, del liquidador, de los supervisores o de los expertos;
2.- Las
sentencias que estatuyen sobre la duración del
período de observación, sobre la demanda o la cesación de la actividad o
sobre la autorización de la actividad.
Sólo son
susceptibles de apelación de parte del ministerio público, aún si no ha actuado
como parte principal, del cesionario o del cocontratante
mencionado en el artículo 1532, las sentencias
que disponen o rechazan el plan de cesión de la empresa; el cesionario sólo
puede interponer apelación de la sentencia que dispone el plan de cesión, si
este último le impone, en violación al artículo 1506, cargas distintas a los compromisos que él ha
suscrito en el curso de la preparación del plan.
Sólo son
susceptibles de apelación por parte del ministerio público, aún si no ha
actuado como parte principal, sea del cesionario, en los límites mencionados en
el párrafo anterior, las sentencias que modifican el plan de cesión.
La apelación
del ministerio público es suspensiva.
Art. 1618.- No
pueden ser ejercidos la tercería o el recurso de casación, contra la sentencias de segundo grado dictadas en aplicación de los
tres primeros párrafos del artículo 1617.
El recurso de
casación sólo está abierto para el ministerio público en contra de las
sentencias dictadas en aplicación del cuarto y quinto párrafo del Artículo
1617.
La apelación
del ministerio público es suspensiva.
Art. 1619.- Cuando
deban ser comunicados al ministerio público los procedimientos de
reordenamiento o liquidación judiciales y de las causas relativas a la
responsabilidad de los administradores y gerentes, el recurso de casación por
falta de dicha comunicación, sólo está abierto para el ministerio público.
Art. 1620.- En
caso de revocación de la sentencia que impone enviar el asunto ante el
tribunal, la corte de apelación puede abrir un nuevo período de observación.
Este período tiene una duración máxima de tres meses y se reduce a un mes
cuando se ha aplicado el procedimiento simplificado previsto en el titulo II de
este Código.
En caso de apelación de sentencia que
estatuye sobre la liquidación judicial o que dispone o rechaza el plan de
continuación o de cesión y cuando la ejecución provisional es suspendida, el
período de observación es prolongado hasta la sentencia de la corte de
apelación.
TITULO V
DISPOSICIONES PARTICULARES PARA LAS
PERSONAS MORALES Y SUS DIRIGENTES
Art. 1621.-
Cuando un procedimiento de reordenamiento o de liquidación judiciales está
abierto respecto a una persona moral comerciante, las disposiciones siguientes
del presente título son aplicables a sus dirigentes, personas físicas o
morales, así como a las personas físicas representantes permanentes de estos
dirigentes de personas morales.
Art. 1622.-
Cuando el reordenamiento o la liquidación judicial de una persona moral hace
aparecer una insuficiencia del activo, el tribunal, en caso de que la falta de
gestión que haya contribuido a esta insuficiencia del activo, puede decidir que
las deudas de la persona moral sean soportadas en todo o en parte, con o sin
solidaridad, por todos los dirigentes de derecho o de hecho, remunerados o no,
o por algunos de estos.
La acción
prescribe por tres años a partir de la sentencia que dispone el plan de
reordenamiento o que pronuncia la liquidación judicial.
Las sumas
entregadas por los dirigentes en aplicación del párrafo primero, entran en el
patrimonio del deudor y quedan afectadas en caso de continuación de la empresa
según las modalidades previstas por el plan de depuración del pasivo. En caso de cesión o de liquidación, estas
sumas son repartidas entre todos los acreedores a prorrata.
Art. 1623.- El
tribunal puede abrir un procedimiento de reordenamiento o de liquidación
judicial respecto de los dirigentes a cuya carga haya sido puesto en todo o en
parte el pasivo de una persona moral y que no se hayan liberados de dicha
deuda.
Art. 1624.- En
caso de reordenamiento o liquidación judiciales de una persona moral, el
tribunal puede abrir un procedimiento de reordenamiento o liquidación
judiciales respecto de cualquier dirigente de derecho o de hecho, remunerado o
no, contra el cual pueda imputarse uno de los hechos siguientes:
1.- Haber
dispuesto bienes de la persona moral, como si fueran suyos;
2.- Haber
realizado acto de comercio en interés personal, bajo la cobertura moral, para
disimular sus actuaciones;
3.- Haber hecho
de los bienes o del crédito de la persona moral un uso contrario al interés de
ésta, para fines personales o para favorecer a otra persona moral o empresa, en
la cual estaba interesado directa o indirectamente;
4.- Haber
perseguido abusivamente y en un interés personal, una explotación deficitaria
que sólo podía conducir a la cesación de pagos de la persona moral;
5.- Haber
llevado una contabilidad ficticia o hecho desaparecer documentos contables de la persona moral o
haberse abstenido de llevar la contabilidad conforme a las reglas legales;
6.- Haber
distraído o disimulado todo o parte del activo o haber aumentado
fraudulentamente el pasivo de la persona moral;
7.- Haber
llevado una contabilidad manifiestamente incompleta o irregular respecto de las
disposiciones legales.
En caso de
reordenamiento o liquidación judiciales pronunciada en aplicación del presente
artículo, el pasivo comprende, además
del pasivo personal del dirigente, el pasivo de la persona moral.
La fecha de
cesación de pagos es la que fija la sentencia que abre el reordenamiento o la
liquidación judiciales de la persona moral.
La cesación
prescribe por tres años a partir de la sentencia que dispone el plan de
reordenamiento de la empresa o en su defecto desde la sentencia que pronuncia
la liquidación judicial.
Art. 1625.- En
los casos previstos en los artículos
Art. 1626.-
Para los fines de aplicación de las disposiciones de los artículos
TITULO VI
QUIEBRA PERSONAL Y OTRAS MEDIDAS DE
INTERDICCION
Art. 1627.- Cuando un procedimiento de reordenamiento judicial o de
liquidación judicial está abierto, las disposiciones del presente título son
aplicables:
1.- A las
personas físicas que ejerzan de la profesión de comerciantes y a las que
realicen actividades propias de comerciantes en violación a la ley;
2.- A las
personas físicas, dirigentes de derecho o de hecho de personas morales
comerciales o de las sociedades o asociaciones previstas en el artículo 8 de
este código;
3.- Las
personas físicas, representes permanentes de personas morales, dirigentes de
personas morales definidas en el inciso precedente.
Art. 1628.- La quiebra personal conlleva la
interdicción de dirigir, administrar o controlar, directa o indirectamente,
toda empresa comercial y toda persona moral que ejerza una actividad económica.
Art. 1629.- En
cualquier momento del procedimiento, el tribunal puede pronunciar la quiebra
personal de toda persona física o comerciante, contra el cual es imputado uno
de estos hechos:
1.- Que ha
proseguido abusivamente una explotación deficitaria que sólo podía conducir a
la cesación de pagos;
2.- Que ha
omitido llevar una contabilidad conforme a las disposiciones legales o ha hecho
desaparecer todo o parte, de los documentos contables;
3.- Que ha
distraído o disimulado todo o parte del activo o ha aumentado fraudulentamente
su pasivo.
Art. 1630.- En
Cualquier momento del procedimiento el tribunal puede pronunciar la quiebra
personal de todo dirigente de derecho o de hecho, remunerado o no, a la persona
moral que ha cometido uno de los actos mencionados en el artículo 1627.
Art. 1631.- En
cualquier momento del procedimiento el tribunal puede pronunciar la quiebra
personal de toda persona mencionada en el artículo 1623 contra la cual se ha
comprobado uno de estos hechos:
1.- Haber
ejercido una actividad comercial o una función de dirección o administración de
una persona moral contraviniendo a una prohibición prevista por la ley;
2.- Tener la
intención de evitar o retardar la apertura del procedimiento o de
reordenamiento o de liquidación judicial, hacer compras en vista de una reventa
a precio vil o empleando medios ruinosos para procurarse estos fondos;
3.- Haber
suscrito por cuenta de otro sin contrapartida, obligaciones o compromisos
juzgados demasiado importantes en el momento e su conclusión respecto de la
situación de la empresa o de la persona moral;
4.- Haber
pagado o hecho pagar después de la cesación de pagos y en conocimiento de
causa de esta, un acreedor en perjuicio
de los otros acreedores;
5.- Haber
omitido hacer, en el plazo de quince días la declaración del estado de cesación
de pagos;
Art. 1632.- El
tribunal puede pronunciar la quiebra personal del dirigente de la persona moral
que no ha pagado las deudas de ésta puestas a su cargo.
Art. 1633.- En
los casos previstos en los artículos
Art. 1634.- Los casos previstos en los artículos
La prohibición
mencionada en el primer párrafo puede igualmente ser pronunciada contra persona
indicada en el primer párrafo del artículo 1627 que, de mala fe no haya
remitido al representante de los acreedores la lista completa y certificada, de
sus acreedores y el monto de sus deudas, dentro de los ocho días siguientes a
la sentencia de apertura.
Art. 1635.- El
derecho de voto de los dirigentes afectados por la quiebra personal, o de la
interdicción prevista en el artículo 1634 es ejercido en las asambleas de las
personas morales sometidas al proceso de reordenamiento o de liquidación
judicial por un mandatario designado por el tribunal al efecto, a requerimiento
del administrador, del liquidador o del comisario para la ejecución del plan.
El tribunal
puede intimar a estos dirigentes o algunos de estos para que cedan sus acciones
o partes sociales en la persona moral u ordenar su cesión forzada bajo los
cuidados de un mandatario judicial, si es necesario después de un experticio; el producto de esta venta es afectado al pago
de parte de las deudas sociales en los casos en que estas deudas han sido puestas a cargo de los
dirigentes.
Art. 1636.- La
sentencia que pronuncia la quiebra personal o la interdicción prevista en el
Artículo 1636, conlleva la incapacidad de ejercer función publica
electiva. La incapacidad se aplica igualmente a toda persona física respecto de
la cual la liquidación judicial ha sido pronunciada. Esta tiene efecto de pleno
derecho a partir de la notificación hecha al interesado por la autoridad
competente.
Art. 1637.-
Cuando el tribunal pronuncia la quiebra personal o la interdicción prevista en
el Artículo 1636 fija la duración de la medida, que no puede ser inferior a
cinco años. Y puede ordenar la ejecución provisional de su decisión. Los
impedimentos, interdicciones y la incapacidad de ejercer la función pública
electiva cesan de pleno derecho en el término fijado, sin que haya lugar al
pronunciamiento de una sentencia.
La duración de
la incapacidad de ejercer de una función publica
electiva resultante de la sentencia de liquidación judicial es de cinco años.
La sentencia de
clausura por extinción del pasivo restablece al jefe de la empresa o los
dirigentes de la persona moral en todos sus derechos. Les dispensa y levanta de
todos los impedimentos, interdicciones e incapacidades de ejercer la función
pública electiva.
En todos los
casos, el interesado puede demandar al tribunal el levantamiento en todo o
parte, de los impedimentos, interdicciones y de la incapacidad de ejercer la
función pública electiva, si ha aportado una contribución suficiente al pago
del pasivo.
Cuando hay
levantamiento total de los impedimentos, interdicciones y de la incapacidad, la
decisión del tribunal conlleva la rehabilitación.
TITULO VII
BANCARROTA Y OTRAS INFRACCIONES
CAPITULO I
BANCARROTA
Art. 1638.- Las
disposiciones del presente capítulo son aplicables:
1.- A todo
comerciante y a los que realicen actividades propias de comerciantes en
violación a la ley;
2.- A toda
persona que, directa o indirectamente, de derecho o de hecho dirija o liquide
una persona moral comercial o a las sociedades o asociaciones previstas en el
artículo 8 de este Código;
3.- A las
personas físicas representantes permanentes de personas morales, que dirijan
las personas morales definidas, en el segundo inciso.
Art. 1639.- En
caso de apertura de un procedimiento de reordenamiento o liquidación
judiciales, son culpables de bancarrota las personas mencionadas en el Artículo
1.- Tener la
intención de evitar o retardar la apertura del procedimiento de reordenamiento
o liquidación judiciales, hacer compras en
vista de una reventa a precio vil o empleando medios ruinosos para procurarse
fondos;
2.- Haber
desviado o disimulado todo o parte del activo del deudor;
3.- Haber
aumentado el pasivo del deudor fraudulentamente;
4.- Haber
llevado una contabilidad ficticia, o hecho desaparecer documentos contables de
la empresa o de la persona moral o haberse abstenido de llevar la contabilidad,
cuando la ley lo haga obligatorio;
5.- Haber
llevado una contabilidad manifiestamente incompleta o irregular según las regulaciones y
disposiciones legales.
Art. 1640.- La
bancarrota es sancionada con cinco años de prisión y multa de hasta un millón
de pesos oro.
Incurren en las
mismas penas los cómplices de bancarrota, aunque no tengan calidad de
comerciante, o no dirijan directa o indirectamente, de derecho o de hecho, una
persona moral comercial.
Art. 1641.- Las
personas físicas culpables de las infracciones previstas por el artículo 1640
incurren igualmente en las penas complementarias siguientes:
1.- La pérdida
de los derechos cívicos, civiles y de familia;
2.- La
interdicción por una duración de cinco
años o más de ejercer una función pública, o de ejercer la actividad
profesional o social en el ejercicio o en la ocasión del ejercicio en la cual
la infracción ha sido cometida.
Art. 1642.- La
jurisdicción represiva que reconozca que una de las personas mencionadas en el
Artículo 1638, es culpable de bancarrota puede, además pronunciar la quiebra
personal de éste, o sea la interdicción prevista en el Artículo 1634.
Art. 1643.- Cuando una jurisdicción
represiva y una jurisdicción civil o comercial hayan por decisiones
definitivas, pronunciado respecto de una persona la quiebra personal o la
interdicción prevista en el Artículo 1634 en ocasión de iguales hechos, la
medida ordenada por la jurisdicción represiva es la única ejecutada.
Art. 1644.- Las personas morales pueden
ser declaradas responsables penalmente de las infracciones previstas en el
artículo 1640.
Las penas incurridas por las personas
morales son:
1.- La multa de hasta cinco millones de
pesos oro;
2.- La disolución;
3.- La interdicción a título definitivo
o por una duración de hasta cinco años de ejercer la actividad en la cual la
infracción ha sido cometida;
4.- El cierre definitivo o por una
duración de hasta cinco años de los
establecimientos de la empresa que han servido para cometer los hechos
incriminados;
5.- La interdicción a título definitivo
o por una duración de hasta cinco años de actuar como sociedad de suscripción
pública;
6.- La publicación de la decisión en un
periódico de circulación nacional.
CAPITULO II
OTRAS INFRACCIONES
Art. 1645.- Es sancionado con prisión
de hasta dos años y una multa de hasta quinientos mil pesos oro o de una de
estas penas solamente:
1.- Todo comerciante, o todo dirigente,
de derecho o de hecho, remunerado o no, de una persona moral, que durante el
período de observación, haya consentido una hipoteca o una prenda o un acto de
disposición sin la autorización, o pagado en todo o en parte, una deuda nacida
con anterioridad a la sentencia de apertura;
2.- Todo comerciante o todo dirigente,
de derecho o de hecho, remunerado o no, de una persona moral que haya efectuado
un pago en violación de las modalidades de pago del pasivo previsto en el plan
de continuación o que ha hecho un acto de disposición sin la autorización
prevista por el Artículo 1514;
3.- Toda persona que durante el período
de observación o el de ejecución del plan de continuación, en conocimiento de
la situación del deudor, ha efectuado con éste uno de
los actos mencionados en los incisos 1.- y 2.- o ha recibido por ello, un pago
irregular.
Art. 1646.- Son sancionados de las
penas previstas por los Artículos
1.- Aquellos que en el interés de las
personas mencionadas en el Artículo 1638, han sustraído, ocultado o disimulado
parte de los bienes muebles o inmuebles de aquellos;
2.- Aquellos que fraudulentamente han
declarado acreencias supuestas en el procedimiento de reordenamiento o de
liquidación judicial sea en su nombre, sea por personas interpuestas.
3.- Aquellos que, ejerciendo una
actividad comercial bajo el nombre del otro o bajo nombre supuesto, se han
hecho culpables de los hechos previstos en el Artículo 1651.
Art. 1647.- El cónyuge, los
descendientes, los ascendientes, los colaterales o los aliados de las personas
mencionadas en el Artículo 1634, que han destruido, desviado u ocultado efectos
pertenecientes al activo del deudor sometido a un procedimiento de
reordenamiento judicial, son sancionados con tres años de prisión y multa de hasta
quinientos mil pesos oro.
Art. 1648.- En el caso previsto en los
artículos precedentes, la jurisdicción apoderada estatuyen aún cuando los
prevenidos sean puestos en libertad:
1.- De oficio, sobre la reintegración
en el patrimonio del deudor de todos los
bienes, derechos o acciones que han sido fraudulentamente sustraídos;
2.- Sobre los daños y perjuicios que
hayan sido demandados.
Art. 1649.- Es sancionado con prisión
de hasta cinco años y multa de hasta cinco millones de pesos oro todo
administrador, representante de acreedores, liquidador o comisario en la
ejecución del plan que:
1.- Ha atentado voluntariamente contra
los intereses de los acreedores o del deudor utilizando en su provecho las
sumas percibidas en el cumplimiento de su misión o haciéndose atribuir las
ventajas sabiendas que son indebidas;
2.- Por hacer uso, en su interés, de
los poderes del cual era depositario a sabiendas de que actuaba en contra de
los intereses de los acreedores o del deudor.
Es castigado con las mismas penas todo
administrador, representante de los acreedores, liquidador, comisario para la
ejecución del plan o toda persona, con excepción de los supervisores y de los
representantes de los trabajadores, que habiendo participado a cualquier título
en el procedimiento, se hace adquiriente por su cuenta, directa o indirectamente, de bienes del deudor o los
utiliza en su provecho. La jurisdicción
apoderada pronuncia la nulidad de la adquisición y estatuye sobre los daños y
perjuicios que sean demandados.
Art. 1650.- El acreedor que después de
la apertura del procedimiento de reordenamiento judicial o la liquidación
judicial realiza una convención que comporta una ventaja particular a cargo del
deudor.
La jurisdicción apoderada pronuncia la
nulidad de dicha convención.
Art. 1651.- Son sancionados en los
Artículos 1640 y 1641 de este Código las personas mencionadas en los párrafos 2
y 3 del Artículo 1638 que para sustraer todo o en parte de sus patrimonios a
las persecuciones de la persona moral que ha sido objeto de una sentencia de
apertura de reordenamiento judicial o de liquidación judiciales a aquellos
asociados o los acreedores de la persona moral, que de mala fe han distraído o
disimulado o que han intentado distraer o disimular, todo o parte de sus bienes
o se han hecho reconocer deudores fraudulentamente de sumas que ellos no
debían.
CAPITULO III
REGLAS DEL PROCEDIMIENTO
Art. 1652.- Para la aplicación de las
disposiciones de los capítulos I y II del presente título, la prescripción de
la acción pública no corre sino desde el día de la sentencia que pronuncia la
apertura del procedimiento de reordenamiento judicial cuando los hechos
incriminados han ocurrido antes de la fecha.
Art. 1653.- La jurisdicción represiva
es apoderada a persecución del ministerio público o sobre de una constitución
en parte civil del administrador, del representante de los acreedores, del
representante de los trabajadores, del comisario para la ejecución del plan o
del liquidador.
Art. 1654.- El ministerio público puede
requerir del administrador o del liquidador la entrega de todos los actos y
documentos detentados por estos últimos.
Art. 1655.- Los gastos de la
persecución intentado por el administrador, el representante de los acreedores,
el representante de los trabajadores, el comisario para la ejecución del plan o
el liquidador son declaradas de oficio en caso de puesta en libertad.
Art. 1656.- Las sentencias de
condenación, dictadas en aplicación del presente título son publicadas a
expensas del condenado.
TITULO VIII
DISPOSICIONES DIVERSAS
Art. 1657.- El juez comisario tiene
derecho sobre el activo del deudor, al reembolso de sus gastos de transporte.
Art. 1658.- Cualquiera que ejerza una
actividad profesional o funciones en violación a las interdicciones
impedimentos o incapacidades previstos por los artículos 1628, 1634 y 1636 de
la presente ley será sancionado con prisión de hasta dos años y una multa de
hasta cinco millones de pesos oro o de una de las penas solamente.
Art. 1659.- Toda terminación del
contrato de trabajo dispuesto por el administrador, el empleador o el
liquidador, respecto del representante de los trabajadores será
obligatoriamente sometido al Departamento de Trabajo, no pudiendo intervenir
sin la autorización de éste.
Sin embargo, en caso de falta grave, el
administrador, el empleador o el liquidador, según el caso, tienen la facultad
de pronunciar la suspensión inmediata del interesado en espera de la decisión
definitiva. En caso de rechazo de la terminación del contrato de trabajo, la
suspensión es anulada y sus efectos suprimidos de pleno derecho.
DISPOSICIONES GENERALES
I.-
El presente Código deroga y sustituye toda ley o parte de ley que le sea
contraria, especialmente el Código de Comercio de
II.-
Este Código entrará en vigor un año después de su promulgación.
III.-
Hasta que se implemente el funcionamiento del registro de comercio, las
declaraciones y los depósitos previstos en este código para efectuarse en ese
registro, a fin de realizar matriculaciones o inscripciones, no son
obligatorias, salvo lo que se indica a continuación.
a) En cuanto a las personas morales, desde la
entrada en vigencia de este código, dichas matriculaciones e inscripciones
deben ser cumplidas y suplidas por el depósito de los documentos
correspondientes en la secretaría del tribunal.
Así la
adquisición de la personalidad jurídica por las sociedades comerciales y las
empresas individuales de responsabilidad limitada, según está previsto en los
artículos 7, 21 y 357, se realiza con el
depósito de sus documentos de constitución en dicha secretaría.
A partir de
esos depósitos en secretaría rigen las disposiciones sobre las demandas
previstas en los artículos 22, 23 y 25, así como el plazo establecido en el
art. 24.
b) Los comerciantes que son personas físicas se
matriculan mediante una declaración para ese propósito que depositen en la
secretaría del tribunal, la cual deben acompañar con una certificación de su
documento legal de identidad; y además los menores emancipados con los
documentos que los autorizan y los casados con copias certificadas de sus
contratos de matrimonio cuando los
tengan.
c) Las cesiones de partes sociales de las
sociedades de responsabilidad limitada, previstas en el artículo 240, son
oponibles a los terceros mediante el depósito de un ejemplar del acto de cesión
en la secretaría del tribunal.
IV.- En la actual organización judicial de
acuerdo con la ley No. 821 de 1927, el
tribunal aludido en
V.- Las sociedades comerciales existentes que
pertenecen a las clases establecidas por disposiciones legales derogadas por el
presente código:
a) Conservan sus
situaciones jurídicas respectivas creadas en virtud de aquellas disposiciones,
pero no pueden aplicar las mismas para introducir cambios a tales situaciones
excepto su disolución; y
b) Quedan regidas
por las disposiciones generales relativas a las sociedades y a la disolución de
las mismas, contenidas en los Títulos I y III y en los capítulos I, II y V del
Título VII del Libro Primero de este Código.
Asimismo
se mantienen las partes de fundador o partes beneficiarias establecidas
anteriormente.
VI.- Mientras la autoridad reguladora no haya
dictado una norma complementaria prevista en una disposición del presente
Código, esta última se debe aplicar sin la norma complementaria no implantada
cuando sea factible.
VII.- Hasta que la autoridad reguladora dicte las
disposiciones correspondientes:
a)
la cantidad mencionada en el artículo 34 es CIEN MIL PESOS ORO (RD$100,000.00);
b) los montos
mínimos previstos en los artículos 36 y 161 son CIEN PESOS ORO (RD$100.00) para cada acción y CINCUENTA MIL PESOS ORO (RD$50,000.00) para el capital social autorizado, en las
sociedades por acciones;
c) el monto
mínimo previsto en el artículo 168 para las obligaciones es CIEN PESOS ORO (RD$100.00); y
d) los montos mínimos previstos en el artículo
227 son CIEN PESOS ORO (RD$100.00) para cada parte social y CINCUENTA MIL PESOS ORO (RD$50,000.00)
para el capital social, en las sociedades de responsabilidad limitada.
VIII.- La autoridad reguladora en las distintas
materias previstas en este código será instituida mediante ley especial o
reglamento del Poder Ejecutivo.
Mientras dicha autoridad no sea así establecida o la misma no dicte las
normas que entren en sus atribuciones de acuerdo con este código, tales normas
pueden ser dictadas por reglamentos del Poder Ejecutivo o por el órgano de la
administración pública a quien éste confíe el desempeño transitorio de las
funciones de dicha autoridad reguladora.
IX.- Hasta seis años después de la vigencia de
este Código, las disposiciones del mismo relativas al consejo de administración
y al presidente de las sociedades por acciones, no serán aplicadas a dichas
sociedades actualmente existentes, en la medida en que sus estatutos
establezcan reglas distintas.
X.- Asimismo, hasta que haya transcurrido dicho
plazo de seis años se suspende la aplicación de los artículos 82 y 95.
XI.- Hasta que se dicte el reglamento previsto en
el artículo 522, el monto del capital a determinar para los fines del mismo es
de RD$100,000.00.
XII.-
Hasta que se dicte una ley sobre la materia, el registro de matriculación de
una nave se hace ante la comandancia de puerto en cuya jurisdicción se
encuentre aquélla; y los derechos, hipotecas y gravámenes, así como
cualesquiera actos que afecten la nave, se inscriben ante la comandancia del
puerto donde ésta se haya matriculado.
XIII.-
Todo registro de agente consignatario de naves o representante de un armador,
debe ser inscrito ante la autoridad portuaria dominicana en cuya jurisdicción
realice sus operaciones, hasta tanto se dicte una ley especial sobre el
particular o sea creada la autoridad marítima con tales atribuciones.
ANTEPROYECTO
DE LEY DE REGISTRO DE COMERCIO
Textos a cargo
del Lic. Américo Moreta Castillo
ANTEPROYECTO DE LEY DE
REGISTRO DE COMERCIO
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO
Artículo 1.- El Registro de Comercio es
llevado por una Oficina Central con sede en la ciudad de Santo Domingo y las
oficinas locales establecidas por la ley en sus respectivas demarcaciones.
Artículo 2.- El Director del Registro
de Comercio, así como los encargados de las oficinas locales, deben ser
Licenciados o Doctores en Derecho, y los mismos así como el personal auxiliar
serán designados en la forma prevista por la ley.
Artículo 3.- El Registro de Comercio en
cada oficina local comprende:
a) El libro de depósito de declaraciones y
otros documentos, en el cual se indican éstos en orden cronólogico,
cada uno por separado, con su fecha y su número de depósito, su naturaleza y la
persona a quien conciernen. Este libro se lleva en dos originales, uno de los
cuales se remite a
b) El archivo de los expedientes
individuales de los matriculados. Cada expediente contiene la solicitud de
matriculación, las declaraciones presentadas para su modificación o radiación,
los documentos que deban ser depositados de conformidad con este código y un
índice en el cual se anotan en el orden cronológico de sus depósitos, dichas
declaraciones y documentos.
c) Un fichero alfabético, en el cual se
indican respecto de las personas físicas: sus apellidos y nombres, sus
documentos legales de identidad, la clase de actividad ejercida, la dirección
del principal establecimiento de explotación, y a falta de éste, de su
domicilio personal. Respecto de las personas morales: su denominación, su
forma, la clase de actividad ejercida y la dirección de su domicilio. Si el
domicilio de la persona física o moral no se encuentran en la demarcación de la
oficina, se debe indicar además, la dirección del establecimiento de mayor
importancia que la persona tenga dentro de la misma. También deben incluirse
sus números telefónicos, apartados postales y dirección de correo
electrónico.
Cualquier interesado puede examinar el
libro, los expedientes y el fichero mencionado.
Artículo
4.- Cada persona registrada se identifica con un número de
matrícula, el
cual debe ser indicado en todos los asientos y documentos, tanto en el libro de
depósito como en el expediente individual y en el fichero.
Este número es precedido por la letra “A” para las
personas físicas que tengan la calidad de comerciantes; por la letra “B” para
las personas morales que tengan esa calidad, salvo lo que se indica a
continuación; por la letra “C” para las empresas individuales de responsabilidad
limitada; y por la letra “D” para las personas morales mencionadas en el
artículo 508; “E” para las sociedades de comercio extranjeras y “F” para las
otras personas morales que están obligadas a matricularse.
Artículo
5.-
En
cada demarcación se lleva en doble original el
libro de depósito de declaraciones y otros documentos del cual una vez
completado cada volumen es remitido uno de los originales a
El
Director de
Artículo 6.-
a) Un archivo de expedientes individuales,
clasificados por las distintas demarcaciones, los cuales contienen un ejemplar
de las declaraciones y los documentos recibidos en depósito en los Registros de
Comercio y que deben ser tramitados en la forma y en los plazos que se prevén
más adelante.
b) Un fichero alfabético de las personas
matriculadas, con una tarjeta para cada matriculación que especifica si ésta es
principal o secundaria y contiene los datos señalados en el inciso “c” del
artículo 3 así como la demarcación a que corresponde.
CAPITULO II
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE
DECLARACIONES Y DOCUMENTOS
Artículo 7.- Las solicitudes de
matriculación y de otras inscripciones y menciones son presentadas en el
registro de comercio en tres ejemplares y en formularios cuya forma es
preparada por
También deben presentarse en el
registro de comercio tres ejemplares de cada uno de los documentos que, de
acuerdo con el código deben quedar depositados en relación con las
matriculaciones, inscripciones y menciones. El encargado del registro debe
visar cada uno de los tres ejemplares de las solicitudes y de los documentos
antes mencionados, e indicar en los mismos la fecha y el número de depósito,
así como el número de matrícula de la persona a quien corresponda.
El primer ejemplar de dichas
solicitudes y documentos es entregado a esta persona, el segundo es archivado
en su expediente individual y el tercero es enviado a
El
encargado del registro debe visar en la forma antes indicada aquellos
documentos que sólo deben serle presentados y que debe devolver a los
interesados después de proceder a las operaciones correspondientes.
En todos
los casos el encargado verifica la conformidad de los documentos con las
declaraciones del solicitante.
Artículo
8.- En las declaraciones presentadas al registro de comercio que conciernan a
una persona que solicite su matriculación o que esté matriculada, o por sus
sucesores y causahabientes universales o a título universal si se trata de una
persona física, deben hacer constar los nombres y apellidos completos, la fecha
y el lugar de nacimiento, el documento legal de identidad, la nacionalidad, así
como la dirección del domicilio personal, respecto de las personas que a
continuación se indican, cuando el señalamiento de éstas sea necesario de
acuerdo con las disposiciones de este código:
a) La persona física que solicite
matriculación o esté matriculada.
b) Los sucesores y los causahabientes
universales o a título universal de la persona física matriculada.
c) Las personas físicas que sean
administradores, gerentes o mandatarios con poder de gestión, comisarios de
cuentas o liquidadores cuando se trate de una persona moral que solicite su
matriculación o esté matriculada.
d) Los jefes de empresas y sus delegados
que dirijan cualquier establecimiento.
Cuando se trate de la matriculación,
las inscripciones o las menciones relativas a una sociedad de comercio
extranjera sólo se requiere la indicación del documento de identidad nacional
para extranjeros o el pasaporte y el depósito de los documentos señalados para
las personas señaladas arriba en los incisos c) y d) que estén domiciliadas en
el país.
En el caso de que las personas
previstas en los incisos c) y d) sean personas morales, o de que se ejerzan las
funciones previstas en el inciso d) por delegación conferida por personas
morales elegidas para tales funciones, en las señaladas declaraciones debe
indicarse el nombre de la sociedad o la denominación de esas personas morales,
su asiento social o su domicilio, así como su matriculación en el registro de
comercio, cuando estén obligadas a realizarla; y se deposita un extracto de
dicha matriculación y el acta por la cual se otorga la señalada delegación
cuando ésta exista.
Artículo 9.- Si fueren menores de edad
las personas indicadas en los incisos a), c), d) del artículo anterior deben
indicar en las declaraciones los actos que le confieren la emancipación y la
autorización especial para ser comerciantes, los cuales deben ser depositados
en el registro de comercio.
Artículo 10.- Respecto de las personas
indicadas en los incisos a) y c) del artículo 8, debe constar en las
declaraciones, además de sus otros datos personales, lo siguiente:
a) Su estado civil y en su caso la
fecha y el lugar del matrimonio, los nombres y apellidos del cónyuge, el
régimen matrimonial adoptado y las cláusulas oponibles a los terceros que sean
restrictivas de la libre disposición de los bienes de los esposos o la ausencia
de tales cláusulas. Igualmente deben depositarse el acta de matrimonio y un
extracto del contrato de matrimonio que contenga las cláusulas indicadas o una
certificación del notario sobre la ausencia de las mismas.
b)Todas las demandas y actos con vigencia que
conciernan al estado civil y al régimen matrimonial de dichas personas, deben
también depositarse ejemplares de dichas demandas y actos.
Artículo 11.- Cuando sea extranjera
cualquiera de las personas señaladas en los incisos a), c) y d) del artículo 8,
respecto de la misma debe también constar, en las declaraciones, su permiso de
residencia en el territorio nacional. Se exceptúan las personas incluídas en los dos últimos incisos señalados cuando
conciernan a personas morales que no tienen domicilio en el país ni realizan
actividades en el mismo.
Artículo 12.- Todos los documentos que
sean presentados o depositados en el registro de comercio, para fines de
matriculaciones, inscripciones y menciones, están sujetos a las siguientes
reglas:
a) Deben ser originales cuando se trate de
actas bajo firma privada y copias certificadas si se trata de actas auténticas.
b) Para la prueba de los actos emanados de
las autoridades o de funcionarios públicos, deben presentarse el original de
los documentos, copias certificadas de los mismos, extractos certificados
cuando
c) Cuando se trata de una sentencia, debe
justificarse que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
d) Los ejemplares de los periódicos que
contengan avisos deben estar certificados por el editor, salvo que sean de una
publicación oficial.
e) Si los documentos han sido otorgados por una
autoridad extranjera o se originan en un país extranjero deben estar
legalizados por el Consulado Dominicano más cercano al lugar de su redacción si
existe en ese país, y en todo caso certificados por
CAPÍTULO III
LAS MATRICULACIONES PRINCIPALES
Artículo 13.- La matriculación tiene un
carácter personal, nadie puede matricularse a título principal en varios
registros o en un mismo registro bajo números diferentes.
Sólo procede la matriculación si el
solicitante justifica que puede ejercer el comercio de conformidad con la ley.
Artículo
14.- La solicitud de matriculación debe ser presentada en el registro de
comercio en cuya demarcación se encuentra el establecimiento principal del
comerciante, acompañada de los documentos que justifiquen:
a) La actividad comercial principal
ejercida por el solicitante y si fuere el caso las actividades secundarias, así
como las formas de ejercicio de dichas actividades.
b) El cumplimiento de las condiciones y la
obtención de las autorizaciones requeridas especialmente por
c) Los administradores, gerentes y
mandatarios que tiene el solicitante con poder general para obligarle.
d) La dirección del principal
establecimiento de explotación, así como las de los demás establecimientos y de
los locales que utiliza.
e) La fecha del inicio de las operaciones.
f) El último de los establecimientos que
el solicitante haya explotado con anterioridad.
g) La indicación de que el principal
establecimiento implica la creación de un fondo de comercio, la adquisición de
un fondo existente o la modificación del régimen jurídico bajo el cual éste ha
sido explotado.
En los dos últimos casos previstos en
el inciso g), deben mencionarse el propietario anterior de dicho fondo, los
datos de su matriculación en el registro de comercio, la fecha de su radiación,
o si fuere el caso, de la inscripción modificativa.
Asimismo en la solicitud debe señalarse
la elección de domicilio así como el nombre y la fecha del diario en el cual se
ha hecho la primera publicación para la transmisión del fondo de comercio; y
además, en el caso de compra del fondo de comercio, el precio pagado, y en el
caso de partición, la evaluación del mismo.
En dichos
casos el declarante debe depositar los documentos que justifiquen su
adquisición regular del fondo de comercio o el contrato que le diere calidad
para explotarlo, así como los avisos de prensa requeridos por la ley para esos
fines y la radiación de su predecesor, o la inscripción modificativa
concerniente al mismo.
Artículo 15.- Cualquiera persona que
solicite su matriculación debe presentar el título que justifique su goce
privativo del local o de los locales donde ejerza su actividad.
Artículo 16.- En los quince días
siguientes a la obtención de la matriculación, el declarante o su mandatario
debe redactar, firmar y publicar un aviso de prensa que indique lo previsto en
los incisos a), b), c) y d) del artículo 14, el registro de comercio donde ha
realizado su matriculación y el número de la misma.
Artículo 17.- Las personas físicas
deben solicitar su matriculación, antes de iniciar su actividad comercial, en
el registro de comercio de la demarcación en la cual esté situado su principal
establecimiento de explotación, o su domicilio personal en caso de no tener
establecimiento. Están exentos de esta obligación los comerciantes previstos en
el artículo 480.
La solicitud debe indicar las
informaciones previstas en el artículo 14 así como los datos personales del
solicitante y, si fuere el caso, el nombre bajo el cual éste ejerce el
comercio, así como las sociedades de comercio
en las cuales tuviere las calidades o las funciones previstas en los
incisos c), d), e) y f) del artículo 14.
En el caso de las personas físicas el
aviso de prensa contemplado en el artículo 16 debe contener además de las
informaciones previstas en el mismo, los datos personales del matriculado y, si
fuere el caso, el nombre bajo el cual éste ejerce el comercio. Si el
matriculado no tiene establecimiento de explotación, se debe indicar la
dirección de su domicilio personal.
Artículo 18.- Las personas morales
deben solicitar su matriculación dentro del mes siguiente al último de los
actos necesarios para su constitución, en el registro de comercio de la
demarcación correspondiente a su domicilio social, antes del inicio de sus
actividades.
Artículo
19.- Si el asiento social de una persona moral matriculada o el domicilio de
una persona física fuere trasladado a otra demarcación debe efectuar una nueva
matriculación principal en el plazo de un mes contados a partir de la fecha del
traslado, para dicha inscripción se solicita al Registro de Comercio en el cual
se estaba inscrito un duplicado de los documentos depositados, debidamente
certificados, para con éstos formar el nuevo expediente; y se debe producir el
aviso en la prensa que se indica en el artículo 16.
Artículo 20.- Las personas físicas o morales extranjeras o domiciliadas en
el extranjero están sometidas a las mismas formalidades que los nacionales y es
su registro de comercio el mismo que corresponda al de su representante.
Las
personas citadas anteriormente, para poderse matricular en el país deben
demostrar a través de certificación de la autoridad competente que están
autorizadas para ejercer el comercio en su país y solicitar al Poder Ejecutivo
la domiciliación correspondiente vía Secretaría de Estado de Interior y
Policía.
CAPÍTULO IV
OTRAS DECLARACIONES
Artículo 21.- Las disposiciones
relativas a las matriculaciones secundarias, a las inscripciones modificativas
son aplicables a todos los establecimientos permanentes destinados a una
actividad comercial, así como a las fábricas, sucursales o agencias dirigidas
por un mandatario o apoderado.
Artículo
22.- Las solicitudes de inscripciones modificativas o de radiación pueden ser
presentadas y firmadas por cualquier interesado y deben ser acompañadas de los
documentos pertinentes.
En dichas
solicitudes se debe, en todo caso, identificar a la persona matriculada a la
cual se refieran las inscripciones mediante las referencias de su
matriculación. Además, si se trata de una persona física se indican los nombres
y apellidos, el domicilio y la mención suscinta de la
actividad ejercida; y si se trata de una persona moral se señalan la forma, la
razón social o la denominación y la dirección del asiento social o del
domicilio.
SECCIÓN I
INSCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS
Y MATRICULACIONES SECUNDARIAS
Artículo
23.- En el caso de que una persona tenga más de un establecimiento de
explotación en el mismo Distrito Judicial debe solicitar, además de su
matriculación principal, una inscripción complementaria para cualquier otro
establecimiento de explotación, antes de la apertura del mismo.
Artículo
24.- Cualquiera persona matriculada que explote uno o varios establecimientos
comerciales en un Distrito Judicial distinto al de su matriculación principal,
está obligado a presentar en el Registro de Comercio del Distrito Judicial en
el cual se encuentran situados, una solicitud de matriculación secundaria para
el primer establecimiento y una solicitud de inscripción complementaria para
cualquier otro, antes de comenzar la explotación de los mismos.
La persona
que tenga que hacer una solicitud de inscripción complementaria está además
obligada a presentar en el Registro de Comercio su matriculación principal, una
declaración global sobre sus matriculaciones secundarias y sus inscripciones
complementarias, la cual debe actualizar en los quince días siguientes a
cualquier solicitud que hiciere en relación con tales matriculaciones e
inscripciones y que efectuare la existencia de las mismas.
Artículo
25.- Las sociedades de comercio o las personas físicas extranjeras deben
solicitar su matriculación secundaria en el Registro de Comercio donde se
efectuó su matriculación principal.
Artículo
26.- Toda inscripción complementaria o matriculación secundaria debe ser objeto
de un aviso de prensa conteniendo los datos que se mencionan en la publicación
indicada en el artículo 15.
SECCIÓN 2
INSCRIPCIONES MODIFICATIVAS
Artículo
27.- Si se producen modificaciones en las circunstancias de una persona
matriculada que exijan la rectificación o el suplemento de las informaciones
que consten en el Registro de Comercio, dicha persona debe hacer una solicitud
de mención rectificativa o suplementaria, la cual debe acompañar de los
documentos justificativos que deben quedar depositados si es procedente.
Artículo
28.- Deben ser objeto de una inscripción modificativa:
a) La solicitud de tentativa de acuerdo
amigable y toda documentación relacionada con el reordenamiento, liquidación
judicial y quiebra.
b) Toda demanda atinente a estos procesos
de transformación de las empresas o de modifcación de
las mismas.
c) Todo proceso de fusión y modificación
de un comercio.
d) Todo contrato de régimen matrimonial que
celebre un comerciante.
e) La muerte, incapacidad o la
interdicción para el ejercicio de una actividad comercial o para la gestión, la
administración o la dirección de una sociedad de comercio o de la actividad
comercial.
f) La clausura de operaciones de un establecimiento
comercial.
g) La rehabilitación de un comerciante que
haya pasado por procesos de reordenamiento, liquidación judicial o quiebra.
h) El retiro de la autorización dada al
extranjero para ejercicio de una actividad comercial.
i) La indicación de la cesación de
funciones de algún gestor, administrador, gerente o representante de una
empresa cuyas generales hubieren sido objeto de registro.
j) La cesación parcial de actividad.
En todos los casos que no tengan un
plazo especial para realizarse, la formalidad de inscripción debe hacerse
dentro del mes.
Artículo 29.- Las demandas en divorcio,
en nulidad de matrimonio, o cualquiera otra que afecte el régimen matrimonial,
deben ser declaradas en el registro de comercio por el cónyuge demandante en el
plazo de tres días de haberla interpuesto, para que se realice la mención
correspondiente.
Artículo
30.- Con cualquiera declaración deben ser depositados o presentados para su
verificación y reproducción los documentos requeridos por
CAPÍTULO V
EFECTOS DE LAS DECLARACIONES EN EL REGISTRO
Artículo
31.- Cualquiera persona matriculada en el Registro de Comercio se presume de
manera absoluta, que tiene la calidad de comerciante de acuerdo con la ley y
por consiguiente está sometida a todas las obligaciones que se derivan de tal
calidad y por ende a sus consecuencias jurídicas.
Artículo
32.- Ninguna persona física puede prevalerse de su calidad de comerciante
frente a los terceros y frente a las autoridades si no está matriculado en el
registro de comercio. Sin embargo, no puede invocar su falta de matriculación
para sustraerse a las responsabilidades y obligaciones inherentes a dicha
calidad.
Solamente
a partir de la radiación o de la mención correspondiente, el cedente de un
fondo de comercio puede oponer la cesación de su actividad comercial para
sustraerse a las acciones en responsabilidad de las cuales sea objeto en virtud
de las obligaciones contraidas por su cesionario en
la explotación del fondo.
Artículo
33.- Las personas obligadas a matricularse en relación con su actividad
comercial, pueden oponer a los terceros y a las autoridades, los actos y los
hechos sujetos a una mención en el registro de comercio, solamente desde que
ésta haya sido efectuada, salvo que demuestren que aquellos tienen conocimiento
de esos hechos o actos.
Los
terceros y las autoridades pueden prevalerse de tales hechos o actos.
Artículo
34.- Las disposiciones del artículo 32 son aplicables a los hechos y actos
sujetos a una mención en el registro de comercio, aun si los mismos han sido
objeto de otra publicidad legal.
Artículo
35.- La oponibilidad
y los otros efectos atribuidos a la matriculación, a las inscripciones y a las
otras menciones realizadas en el registro de comercio, no pueden ser invocadas
por la persona obligada a hacer la solicitud correspondiente, si el aviso de
prensa procedente no es publicado dentro del plazo señalado por la ley. En ese
caso, la matriculación, las inscripciones y las menciones son oponibles por
dichas personas y producen efectos a su favor sólo a partir de la publicación
de dicho aviso.
CAPÍTULO VI
LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LOS TRIBUNALES
Artículo
36.- El encargado del registro de comercio, bajo su reponsabilidad,
cuida de que las solicitudes estén completas y verifica la conformidad de sus
enunciaciones con los documentos justificativos presentados o depositados. Si
constan inexactitudes o encuentran dificultades en el cumplimiento de su
misión, apodera al juez en atribuciones comerciales.
Por simple
instancia del solicitante las contestaciones entre éste y el encargado del
registro de comercio son sometidas al juez quien decide por auto después de
requerir un informe del encargado y de recibir un escrito de defensa del
solicitante.
La
notificación de dicho acto se hace a diligencia del encargado de registro de
comercio e indica el plazo y la forma de apelación, así como el juez competente
para conocerla y el asiento del mismo.
Artículo
37.- Sólo el solicitante puede apelar contra ese auto ante la corte de
apelación correspondiente, mediante instancia dirigida a la misma en el plazo
de quince días a partir del recibo de la notificación del auto.
Cuando se
interponga la apelación, el secretario de la corte procederá sin demora a
notificar al encargado del registro de comercio el requerimiento para el envío
del expediente relativo a la contestación y al apelante la citación para que
comparezca a fecha fija ante el presidente de la corte, en un plazo no menor de
quince días.
La
sentencia que intervenga sobre la apelación no es susceptible del recurso de
casación y es notificada por el secretario de la corte al solicitante y al
encargado del registro de comercio.
Artículo
38.- El juez actuando de oficio, a requerimiento del ministerio público o por
diligencia de cualquiera persona que justifique tener interés, ordenará por
auto, solicitar su matriculación a cualquiera persona física o moral que sea
comerciante y no lo haya hecho en el plazo previsto, o a cualquiera persona
moral que no haya procedido a hacerlo.
También el
juez puede ordenar a cualquiera persona matriculada y que no lo haga en los
plazos prescritos, que:
a) Solicite las inscripciones
complementarias o modificativas que sean obligatorias, las menciones o
correcciones que sean procedentes en caso de declaraciones inexactas o
incompletas, o la radiciación; y
b) Proceda a la publicación de cualquier
aviso de prensa que esté a su cargo de conformidad con las disposiciones de la
presente ley.
El auto debe ser ejecutado en el plazo
de quince días contados desde la fecha en que sea definitivo.
Artículo
39.- El encargado del registro de comercio notifica el auto al interesado con
la advertencia de que si no hace oposición dentro de los quince días siguientes
al recibo de la notificación, el auto deviene en definitivo. Le indica asimismo
la forma de la oposición, el juez competente para conocer de la misma y su
asiento, asi como las penas previstas en la presente
ley para las infracciones en materia de registro de comercio.
Artículo
40.- La oposición se hace por declaración motivada en el registro de comercio
de la cual se libra constancia. El encargado del registro de comercio cita sin
demora al oponente para que comparezca a fecha fija ante el juez en un plazo no
menor de quince días.
El juez
estatuye respecto a la oposición mediante sentencia que es notificada a
diligencia del secretario indicando el plazo y la forma de la apelación, asi como el juez competente para conocerla y el asiento del
mismo.
Esta
sentencia es apelable dentro del plazo de quince días a partir de la
notificación de la misma.
Artículo
41.- Cuando la decisión es definitiva, si el interesado no obtempera a la
misma, el encargado del registro de comercio lo informa al ministerio público
remitiéndole una copia certificada de dicha decisión para los fines
correspondientes.
Artículo
42.- Cuando el tribunal apoderado de un asunto en el cual sea parte una persona
no matriculada en el registro de comercio, dicta una sentencia que declara la
calidad de comerciante de esa persona, o su obligación a matricularse, el
secretario remite en virtud de la orden expresa que debe contener la sentencia,
un extracto de la misma al juez bajo cuya supervisión esté el registro en el
cual dicha persona debe hacer su matriculación principal, procediéndose en
consecuencia.
Artículo
43.- El tribunal que pronuncia la incapacidad o la interdicción de un
comerciante matriculado, para ejercer su comercio o cualquiera actividad
comercial, debe ordenar de oficio por la misma sentencia, que proceda a radiar
su matriculación.
Cuando
esta sentencia tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, el
secretario del tribunal que dicte la sentencia efectúa la radiación o notifica
la sentencia al encargado del registro de comercio que fuere competente, para
que este proceda en consecuencia en virtud de la orden expresa que debe
contener la sentencia.
Artículo
44.- Las notificaciones de sentencias, autos, requerimientos y citaciones que
de acuerdo con los artículos anteriores deben ser hechos por el encargado de
registro de comercio o el secretario de un tribunal o una corte, son realizados
por éstos mediante carta notificada con acuse de recibo por acto de alguacil.
CAPÍTULO VII
Artículo
45.- El encargado de cada registro de comercio y el director del registro nacional
de comercio son los únicos autorizados para expedir copias o extractos de las
informaciones que figuran en el registro de comercio o de los documentos
depositados en el mismo.
Artículo
46.- El encargado del registro de comercio está obligado a expedir a cualquiera
que lo solicite, la copia íntegra de las matriculaciones y de las inscripciones
en el registro que conciernan a una misma persona matriculada, un extracto que
indique el estado de la matriculación a la fecha, o una certificación de que la
persona no está matriculada en el registro.
Artículo
47.- El encargado del registro de comercio está también obligado a expedir a
todo el que lo solicite, copias o extractos certificados de los documentos
depositados en el registro de comercio, exceptuando los relativos a sentencias
o a las actas del estado civil, los cuales deben ser procurados en los archivos correspondientes y el encargado
sólo dará la referencia de dichos documentos.
Artículo
48.- El director del registro nacional de comercio puede expedir asimismo las
copias y los extractos indicados en los dos artículos precedentes.
Artículo
49.- Las personas que soliciten dichas copias o extractos deben pagar los
derechos que establezca
CAPÍTULO VIII
LOS AVISOS DE PRENSA
Artículo
50.- Cuando en el texto de un aviso de prensa sea necesario mencionar
cualquiera otra persona que no sea aquella a cuya matriculación se refiere el
mismo, basta indicar sus nombres y apellidos completos y su nacionalidad, si se
trata de una persona física; o la razón social o la denominación, la forma o
clase y el asiento social o el domicilio, si es una persona moral; y en ambos
casos, su matriculación en el registro de comercio si la tienen.
Artículo
51.- Los avisos de prensa deben ser publicados en un periódico de amplia
circulación en el territorio nacional.
Artículo
52.- En cada edición de los periódicos que publiquen avisos del registro de
comercio, junto al espacio en el cual se indiquen el director y el editor, se
debe informar la página donde son publicados dichos avisos. Si esta página no
es suficiente para esos fines, al pie del último aviso contenido en la misma,
se debe indicar con letras bien visibles la página en la cual se continue la publicación de tales avisos.
Artículo
53.- Los avisos deben ser publicados en letras legibles y bajo un titular
destacado que exprese: “avisos del registro de comercio”.
Artículo
54.- Dentro de los quince días de la publicación de un aviso, la persona
obligada a realizarlo debe depositar en la secretaría del tribunal, la página
del diario en la cual aparezca dicho aviso, debidamente certificada por el
editor. Dicho depósito es anotado en el libro de inscripciones.
Artículo
55.- Cualquier interesado que persiga la publicación de un aviso de prensa y
sufrague el costo del mismo, puede obtener su reembolso de quien esté obligado
a publicar el aviso. En el caso de que sean varias personas las que estén
obligadas, ellas son deudoras solidarias del reembolso.
Para estos
fines el persiguiente presenta al juez que ordena la
publicación una factura que menciona esa disposición e indica el costo de la
misma y quién debe reembolsarla. Con esa factura el persiguiente
debe depositar tres ejemplares de la página del diario en el cual se haya
insertado el aviso y un comprobante del pago de la publicación, los cuales
deben estar certificados por el editor del diario.
El juez
aprueba dicha factura mediante auto, y el mismo sirve de título ejecutorio al persiguiente para el cobro de su crédito. Las diligencias
que realice el persiguiente para estos fines, están
dispensadas del pago de cualquier impuesto o derecho.
CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo
56.- Toda persona obligada a solicitar una matriculación, una inscripción complementaria
o modificativa, una mención o corrección que fuere procedente por una
declaración inexacta o incompleta, o una radiación, o a realizar la publicación
de un aviso de prensa, debe ser condenada al pago de una multa igual al uno por
ciento (1%) de su capital social autorizado. En el caso de que no exista una
excusa que sea juzgada válida.
La
reincidencia es castigada con una multa igual al dos por ciento (2%) del
capital del infractor.
Cuando se
trate de una persona física para establecer su capital para fines del por
ciento de la multa, se toma en cuenta su estado financiero o de situación
patrimonial certificado por un contador público autorizado.
A
pedimento de cualquier interesado, el juez puede ordenar al encargado del
registro de comercio que en un plazo que fije al efecto, realice la
matriculación, la inscripción, la mención o la radiación que deba figurar en el
registro de comercio, así como la redacción y la publicación del aviso de
prensa correspondiente, si fuere el caso.
Artículo
57.- Cualquiera que de mala fe indique informaciones inexactas o incompletas,
respecto de una matriculación, inscripción, mención o radiación en el registro
de comercio, o en un aviso de prensa concerniente al mismo, es sancionado con
una multa igual al cinco por ciento (5%) del capital del infractor, teniendo en
cuenta la totalidad de su patrimonio.
Artículo
58.- El notario que instrumente un acta
cuyo contenido conlleve para las partes interesadas la obligación de solicitar
una matriculación, inscripción, mención o radiación en el registro de comercio,
de acuerdo con este código, debe advertir a las partes o a sus apoderados esa
obligación y dejar constancia en el texto del acta.
Artículo
59.- El juez apoderado de cualquiera
demanda o de una instancia por la cual se solicite proveimiento en forma para
un divorcio por mutuo consentimiento que deba ser objeto de una mención en el registro de comercio, sólo
puede estatuir sobre la demanda o la instancia en vista de la prueba de que la
mención ha sido realizada.
Si una
sentencia es objeto de una mención en el registro de comercio, esta formalidad
debe cumplirse dentro del mes del comienzo de la ejecución de dicha sentencia.
La
solicitud de reordenamiento, liquidación judicial o solicitud de tentativa de
acuerdo amigable previa a la quiebra sólo puede ser considerada si se justifica
que la mención correspondiente ha sido efectuada en el registro de comercio.
Artículo
60.- Cualquiera persona física o moral matriculada en el registro de comercio
está obligada a indicar las referencias de su matriculación principal, o sea,
el número de la misma y el distrito judicial en cuyo registro de comercio se ha
efectuado, tanto en cabeza de sus facturas, órdenes, tarifas y documentos
publicitarios, así como en todas las actas, cartas y recibos que se relacionen
con su actividad y que estén firmadas por ella o en su nombre.
Dicha
información se indica utilizando las siglas “M.P.R.C.”
las cuales significan “matriculación principal en el registro de comercio”, y
añadiendo el número de dicha matriculación y el nombre del Distrito Judicial.
Toda
violación a la presente disposición se sanciona con la pena indicada en el
artículo 56.
Artículo
61.- Todo objeto o artículo producido, fabricado o elaborado en el país debe
llevar grabado o impreso en sitio visible, las referencias de la matriculación
principal del fabricante, así como el siguiente rótulo: “Fabricado en
Toda
violación a la presente disposición se sanciona con la pena indicada en el
artículo 56.
En caso de
reincidencia los infractores pueden ser sancionados con el doble de la multa
arriba señalada.
Artículo
64.- Toda persona que tenga la obligación de matricularse conforme lo establece
el presente código tendrá un plazo de un año a partir de la promulgación del
mismo para formalizar dicha matriculación. Sin embargo, no se debe exigir
publicación en la prensa para esta matriculación inicial que dará comienzo al
registro de comercio en
Artículo
65.- Queda derogada